El sector agrícola y agroindustrial de Venezuela se vio afectado por un esquema de corrupción que involucra a Alessandro Bazzoni, Erik Roveta, José Antonio Pérez Suárez y Wilmar Castro Soteldo, quienes estafaron a empresarios ofreciéndoles pagos de la estatal petrolera, Petróleos de Venezuela (PDVSA), a cambio de productos alimenticios. Esta estafa, que ocurrió entre 2021 y 2022, resultó en la quiebra de numerosas empresas y una grave escasez de alimentos que afectó a todos los venezolanos, además de desestabilizar la economía nacional.
Bazzoni, Roveta, Pérez Suárez y Castro Soteldo se asociaron con José Luis Chávez Calva, Siri Evjemo-Nysveen y Joaquín Leal Jiménez para desviar el petróleo entregado en estas alianzas y repartirlo entre ellos.
La creación de United Petroleo Corp, una empresa panameña registrada por Alessandro Bazzoni, fue parte de la estrategia para engañar a los empresarios, haciéndoles creer que estaban siendo compensados con petróleo proveniente de la verdadera United Petroleum & Chemicals Co. LTD, subsidiaria de la estatal china Sinopec Corp. Esta empresa panameña de Bazzoni acumuló 400 millones de dólares en facturas impagas a PDVSA.
El caso también involucra al armador griego George Moundreas, socio de Bazzoni en varios buques de transporte petrolero. Uno de los buques, el MT Nikel, simplemente zarpó sin permiso, dejando sin pagar la factura completa por el petróleo a bordo. Otro buque, el MT Gent, propiedad del italiano, está a la espera de descarga debido a la falta de pago.
La coordinación de los manejos de efectivo se realizaba a través de José Youssef Boutros, un cambista local en Venezuela, bajo la supervisión de Chávez Calva desde Dubái. Se utilizaban estructuras financieras ficticias para acceder a plataformas bancarias de primer nivel, como el MBaer Merchant Bank, donde Evjemo-Nysveen ocupaba un cargo directivo hasta marzo de 2023. Sin embargo, debido a sus vínculos con la corrupción en Venezuela, fue removida de la junta del banco.
Bazzoni, Roveta y Leal Jiménez han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), y Álvaro Pulido, otro involucrado en el caso, fue acusado en la fiscalía del Distrito Sur de Florida. Washington ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por la captura de Pulido.
En 2020, Evjemo Nysveem fue designada miembro de la junta directiva de MBaer Merchant Bank, justo después de que, junto a su esposo Alessandro Bazzoni, se mudaran a México para pasar la pandemia del COVID-19, donde su amigo Joaquín Leal Jimenez ejercía de anfitrión. Esta conexión plantea interrogantes sobre la posible implicación del banco suizo en las actividades fraudulentas llevadas a cabo por la red criminal.
Alessandro Bazzoni y Siri Evjemo-Nysveen, lavadores de activos de PDVSA
La investigación revela que Bazzoni y su esposa establecieron una red de empresas y entidades ficticias en diferentes jurisdicciones para facilitar el lavado de dinero y el movimiento de capitales ilícitos. Utilizaron firmas como Clareville Grove Capital LLC en Londres y Norge Oil Limited en la Isla de Man para canalizar sus inversiones y dirigir el flujo de dinero obtenido de la venta ilegal de petróleo venezolano.
La participación de Alessandro Bazzoni en estas actividades ilegales ha llevado a la fiscalía venezolana a emitir una orden de captura en su contra por tráfico y comercio ilícito de materiales estratégicos, así como por legitimación de capitales. Se espera que la Interpol incluya su nombre en la lista de buscados en las próximas semanas.
Además de su papel en el fraude con PDVSA, Bazzoni también se vio involucrado en negocios ilícitos con el régimen de Nicolás Maduro. Se le acusa de asumir el rol de Alex Saab, el testaferro de Maduro, en la coordinación de la venta de crudo venezolano después de la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde.
La red criminal encabezada por Bazzoni y sus asociados no solo causó un perjuicio financiero estimado en unos $800 millones a PDVSA, sino que también generó una crisis alimentaria en Venezuela al desestabilizar el sector agrícola y agroindustrial del país. Muchos empresarios del sector fueron estafados y se produjo una escasez de alimentos que afectó a toda la población venezolana.
La investigación en curso revela que esta red criminal operaba en colaboración con otras redes tanto dentro como fuera de Venezuela, lo que sugiere que los casos de corrupción en PDVSA podrían ser solo la punta del iceberg. La fiscalía venezolana continúa recabando información sobre las actividades de Bazzoni y sus asociados en diferentes continentes, con el objetivo de desmantelar por completo esta red criminal y llevar a todos los responsables ante la justicia.
