Falta poco para que se cumpla el plazo que tenían las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para poner en funcionamiento las turbinas 1 y 2 de la central hidroeléctrica más grande del país, Hidroituango, sin tener que afrontar la onerosa multa de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero todo indica que hay gente interesada en meterle al proyecto palos a la rueda para que este no entre en funcionamiento.
El ingeniero William Giraldo, el hombre que está al frente de la puesta a punto de la central, informó a principios de noviembre que las pruebas se habían llevado a cabo con resultados satisfactorios y que todo estaba listo para la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica, según aseguró Saúl Hernández Bolívar en PanAm Post.
Entonces, ¿por qué el alcalde ‘Pinturita’ Quintero y el gerente de EPM quieren que se prorrogue el plazo a pesar de que la CREG ha sugerido en todos los tonos que no levantará la multa a la que se haría acreedora la empresa de servicios tasada en 170 millones de dólares más 65 millones de dólares anuales durante 18 años, para un total de 1.340 millones de dólares que a 5.000 pesitos equivalen a 6,7 billones de pesos?
Es decir, un verdadero desangre si consideramos que la aseguradora Mapfre solo pagó 983 millones de dólares (cuando el dólar estaba a cerca de 4.000 pesos, para un total de 3,9 billones) por los daños del proyecto, dejando a todos muy contentos, y que no se sabe cuándo se instalarán las turbinas 3 y 4, y mucho menos los cuatro generadores restantes, cuya viabilidad está puesta en duda. Se ha dicho que el proyecto completo, con sus 2.400 megavatios de generación, le daría a las EPM una ganancia del orden de los 1,5 billones anuales; o sea cerca de 200.000 millones por cada turbina. Pero si la multa anual es de 325.000 millones, quiere decir que Hidroituango solo es un buen negocio si se termina en toda su dimensión y se evitan las multas, pues habrá que dedicar sus rendimientos iniciales durante varios años para pagar la deuda: 18 billones de pesos que es el costo total de la obra, incluyendo los daños, los cuales fueron obtenidos mediante créditos del BID y de bancos europeos.
Lamentablemente, se cierne un riesgo peor porque aparte de que ciertos personajes pareciera que no desean llevar a feliz término la megaobra, y quisieran hundir en deudas la empresa que ha sido el orgullo de los antioqueños, cuya solidez se ha evaporado en tres años que lleva Quintero, el peligro está en que, si el ambientalismo invoca el Acuerdo de Escazú, la central de Hidroituango podría ser cancelada, abolida, extinguida o suprimida.
Hay un video de hace unos años en el que Gustavo Petro afirma que la central de Hidroituango «no tiene futuro y que hay que desembalsarla, que ya esa plata se perdió y que no hay nada que hacer». Hace unos días, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo dijo que Hidroituango nunca sería una obra estable y que siempre constituiría una amenaza para las comunidades aguas abajo, a pesar de que la central está dotada de cientos de sensores, desde los tiempos de la contingencia de 2018, que han demostrado que no han existido riesgos ni por pasar el agua por la casa de máquinas ni por el vertedero. Más recientemente surgió la conveniente teoría de que las turbinas harían temblar el macizo rocoso.
Efecto dominó en Florida
Una paralización definitiva de Hidroituango no sería catastrófica únicamente para Colombia, sino también para aquellas empresas contratistas que han participado en el desarrollo del proyecto y que han cifrado, no solo sus esperanzas, sino también su subsistencia, gracias a poder seguir formando parte de las obras. Una de esas compañías es Conconcreto, propiedad del empresario Juan Luis Aristizábal Velez.
Mientras Hidroituango es la mayor apuesta de Aristizábal Velez en Colombia, el fondo de inversiones Century Asset Managment, lo es para el empresario colombiano en Estados Unidos. Allí Aristizábal se ha asociado con la compañía Century Homebuilders Group, presidida por el rempresario Sergio Pino en Florida, para llevar adelante grandes desarrollos urbanísticos. Pero un golpe económico, como la hipotética debacle de Hidroituango, pudiera también tener un efecto dominó sobre el Century Asset Managment, pues pudiera poner de manifiesto La debilidad financiera del grupo encabezado por Aristizábal.
En todo caso, la situación ha de ser de alerta para los inversionistas tanto en Colombia como en Estados Unidos.
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