Miguel Mansur (Oranjestad, 1977) es senador en el Parlamento de Aruba y líder del partido Acción 21. En las elecciones del 25 de junio de 2021, Mansur obtuvo la mayor votación entre los candidatos que debutaban en el proceso electoral y la quinta entre el total de 176 aspirantes que participaron en esa medición.
En un escenario dominado por dos grandes partidos -el gobernante Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y el opositor Partido del Pueblo Arubano (AVP)-, este empresario devenido político con estudios de Economía y Relaciones Internacionales, busca presentar una alternativa que rompa con las estructuras tradicionales partiendo de la premisa de que su organización apuesta por “la crítica constructiva, soluciones y argumentos basados en hechos y no en emociones”.
–Usted cuestiona el sistema político de Aruba. ¿Cree que ese sistema puede cambiar? ¿Qué medidas deben tomarse para que el sistema político sea más eficiente y democrático?
-Sí, estoy convencido de que nuestro sistema político está en evolución. Aruba se caracteriza por dos viejos partidos que han dominado la política desde 1986. El partidismo ciego de las generaciones anteriores se está desvaneciendo, a medida que los cambios demográficos crean un electorado más crítico que exige una sociedad más participativa.
Siguiendo el ejemplo de España, necesitamos evolucionar de dos partidos dominantes a tres o cuatro. Necesitamos un Parlamento verdaderamente independiente, que no se limite simplemente a aprobar todo lo que propone el gobierno. Necesitamos un electorado que vote por la calidad de los programas del partido, en lugar de campañas populistas divorciadas de la realidad.
–En su opinión, ¿cómo debería ser la relación entre Aruba y Países Bajos?
–Nos conviene mantener buenas relaciones con los Países Bajos. Como pequeña nación insular de poco más de 100.000 habitantes, es imposible para nosotros duplicar los conocimientos, la experiencia y los recursos de los Países Bajos. Nuestra existencia dentro del Reino y, por lo tanto, de la Unión Europea crea oportunidades de cooperación que, en última instancia, benefician al pueblo de Aruba. En finanzas, poder pedir prestado bajo la calificación crediticia del Reino de los Países Bajos significa que Aruba tiene acceso a financiamento a tasas de interés más bajas, algo que priva a las naciones insulares independientes. Especialmente en educación, salud y medio ambiente, nos gustaría ver una mayor cooperación.
–Usted ha denunciado la corrupción y el nepotismo. ¿Qué medidas deben tomarse para combatir estos problemas en Aruba?
-Aruba necesita ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Además, necesitamos romper el ciclo de intercambio político, votaré por ti si me ayudas con esto o aquello. También necesitamos hacer la transición a elecciones financiadas con fondos públicos, para sacar las donaciones privadas de la política.
–La oposición cuestionó el presupuesto presentado por el gabinete Wever-Croes. ¿Por qué la oposición asumió esta posición y cuáles serían los cambios que deben hacerse para que acepten el presupuesto?
-Todo presupuesto debe ir acompañado de un asesoramiento del Consejo Consultivo de Aruba. El gobierno presentó un presupuesto basado en la introducción del IVA para el asesoramiento del Consejo Consultivo. Posteriormente, eliminó el IVA de sus planes y en su lugar optó por un aumento en el impuesto a las ventas. Este cambio fundamental requiere una reevaluación del nuevo presupuesto basado en un marco fiscal diferente por parte del Consejo Consultivo.
Lo mismo se aplica a un consejo de la Junta de supervisión financiera (CFT). Después de eliminar el IVA del proyecto de presupuesto, no se volvió a presentar para un dictamen de la Junta. Esencialmente, el presupuesto presentado al Parlamento va acompañado de consejos obsoletos sobre una versión anterior de la ley. Finalmente, existe una norma de superávit del 1% establecida en la ley que el presupuesto viola.
–Haciendo alusión a sus adversarios políticos, la primera ministra Evelyn Wever-Croes declaró: “La política simple, la política barata no contribuye al desarrollo y progreso de Aruba”. ¿Qué responde a esa observación de la primera ministra? ¿La oposición está cayendo en la “política barata” para hacer daño al gobierno?
-Los dueños de la política barata es el partido de la primera ministra, su deshonestidad e hipocresía no tienen fin. Hay tres partidos muy diferentes en la oposición. Nuestro partido Acción 21, se limita a la crítica constructiva, soluciones y argumentos basados en hechos y no en emociones. Recientemente, la Junta de supervisión financiera (CFT) recomendó la intervención, por segunda vez en la historia de Aruba, del Consejo de Ministros del Reino de los Países Bajos y así se desenmascaró la mala gestión del gobierno. A pesar de este hecho reciente, el gobierno y los miembros del Parlamento que lo apoyan sienten que es del interés del pueblo de Aruba presentar un proyecto de presupuesto con consejos obsoletos. ¡Qué vergüenza!
–La situación de la migración venezolana forma parte de la agenda política en Aruba. A su juicio, ¿qué acciones debe tomar el gobierno de la isla para abordar esta situación?
-En primer lugar, el gobierno debe obedecer el derecho internacional y llevar a cabo un registro de cuántos inmigrantes indocumentados existen y qué talentos poseen. En segundo lugar, debemos otorgarles rápidamente un estatus legal para que ellos puedan llevar una vida digna, hasta el momento que puedan regresar a casa de manera segura.
–También está en discusión la reapertura de la frontera con Venezuela. ¿Qué condiciones deberían aprobarse para la reapertura de la frontera, y la reactivación del intercambio comercial y el flujo de ciudadanos entre ambos países?
-Si fuera por mí, la frontera ya estaría abierta. Los venezolanos requieren una visa para visitar la isla, por lo que no podemos hablar de una afluencia masiva de migrantes adicionales. El beneficio económico de reanudar las actividades comerciales es indiscutible y el libre flujo de personas también beneficia a ambos países. Es mi opinión que ya existen todas las condiciones para una reapertura de la frontera.