La historia comienza así: Una fuente anónima se acerca a una oficina del Departamento de Seguridad Nacional de Miami con una denuncia: alega que recibió 78 millones de euros originados de un préstamo con Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No solo admite que está involucrado en lavado de dinero, sino que quiere entregar de vuelta los recursos y colaborar con la justicia de Estados Unidos.
Los agentes tomaron al pie de la letra la denuncia y rápidamente montaron un esquema para infiltrar a los responsables, se llamó “Operación Fuga de Dinero” y durante dos años lograron que la fuente usara micrófonos escondidos en su cuerpo y grabara más de 100 conversaciones.
Esto fue suficiente para introducir la petición de una investigación en la Corte del Sur de la Florida que señala a Francisco Convit Guruceaga -uno de los directivos de Derwick Associates– como uno de los principales responsables de una red de lavado de dinero que logró obtener más de 1.200 millones de dólares de Pdvsa, a través del control de cambio impuesto en el país desde 2003.
Uno de los episodios que se narran en el documento de 33 páginas da cuenta del tono de los personajes. Alrededor del 21 de noviembre de 2015, Convit cita a la fuente anónima a su oficina en Caracas. Ya habían realizado una serie de transacciones y le advierte que uno de sus socios, José Vicente Amparan, estaría en el encuentro.
Los tres se sentaron alrededor de una mesa, en la que Convit había colocado “estratégicamente” una pistola. Al lado del empresario de Derwick había también un pastor alemán, que llevaba puesto un collar con control remoto. “No siempre logro controlarlo”, comentó como al aire.
La operación reveló una conspiración internacional para lavar fondos de Pdvsa, a través de Miami,utilizando el mundo de bienes raíces y esquemas de inversión falsos.
El ejemplo que ponen en el documento legal emitido este miércoles 25 de julio, para explicar cómo funciona el control de cambio, es el siguiente: en 2014 un individuo podía cambiar a través del mercado abierto (dólar paralelo) 10 millones de dólares y convertirlos en 600 millones de bolívares; pero si este mismo individuo tenía acceso al sistema cambiario del Estado (utilizado para la importación y pago de bienes y servicios atasa preferencial), podía convertir estos 600 millones de bolívares en 100 millones de dólares. “En esencia, una persona podía, en dos transacciones, comprar 100 millones de dólares por 10 millones de dólares”.
En la acusación presentada por la Corte Federal de Miami se asevera que la mayoría de los señalados son “operadores sofisticados con conocimiento del sistema bancario internacional” y por lo tanto saben cuáles son las rutas para efectuar el lavado de dinero.
Además de Convit Gurruceaga, aparecen mencionados los venezolanos José Vicente Amparan, quien es descrito como un “lavador de dinero profesional”; Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de Pdvsa.
También están listados Gustavo Hernández Frieri (colombiano), quien utilizó su firma financiera para lavar dinero con inversiones en fondos mutuales y fue arrestado en Italia el miércoles; y Hugo Ramalho Gois, de nacionalidad portuguesa y aliado con Amparan.
Matthias Krull, un residente de Panamá que también trabaja como banquero en Suiza, especializado en atención a venezolanos es otro de los acusados. Fue detenido en Miami.
El uruguayo Marcelo Acosta y Lara es señalado por ser uno de los copropietarios del banco a través del cual se hacía el lavado de dinero. Además, en la investigación se mencionaron nueve co-conspiradores pero no se revelan sus nombres, más tres funcionarios venezolanos, anónimos también.
La primera audiencia sobre el caso se celebrará el 30 de julio próximoen la ciudad de Miami.