Una nueva denuncia penal presentada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ante la Corte Federal para el Distrito Norte de Illinois ofrece una radiografía poco habitual sobre la forma en que las autoridades estadounidenses describen la expansión del Tren de Aragua (TdA) dentro del territorio de Estados Unidos. Más que un caso de homicidio, el expediente retrata una estructura criminal transnacional que, según los investigadores, combina secuestros, asesinatos, trata sexual y narcotráfico bajo una organización con origen en Venezuela.
La acusación criminal identifica como imputados a Josue Pacheco Torres, Kleiver Monasterio Briceno, conocido como «Goofy», y Julián Pachano, quienes enfrentan cargos por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro, delitos previstos en el Título 18 del Código de Estados Unidos.
Uno de los aspectos más relevantes del documento no es únicamente la descripción del crimen, sino la caracterización que hace el FBI sobre la organización.
En la declaración jurada, el agente Kevin Hawkins sostiene que desde 2024 el FBI, la Policía de Chicago (CPD) y Homeland Security Investigations (HSI) investigan actos violentos relacionados con miembros del Tren de Aragua y de una facción denominada Anti-Tren. El expediente afirma que el TdA es una organización criminal transnacional originada en Venezuela que, desde febrero de 2025, figura como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization) y que ha establecido una presencia significativa en el área metropolitana de Chicago. También señala que miembros identificados con el TdA o Anti-Tren han participado en homicidios, tiroteos, trata sexual y narcotráfico.
El documento añade que la afiliación entre TdA y Anti-Tren puede ser cambiante, ya que algunos integrantes alternan entre ambas denominaciones mientras continúan actuando conjuntamente en actividades delictivas.
Según la reconstrucción presentada por el FBI, el 18 de mayo de 2026 la víctima caminaba junto a dos acompañantes cerca del parque Meyering, en Chicago, cuando una camioneta Dodge Durango plateada se detuvo junto a ellos.
Los testigos declararon que un hombre descendió corriendo, aparentemente armado, obligó a la víctima a subir al vehículo y el automóvil abandonó el lugar a gran velocidad.
Al día siguiente, la madre de la víctima solicitó una verificación de bienestar luego de recibir información a través de WhatsApp. La policía encontró el cuerpo dentro de un apartamento abandonado. La víctima presentaba las manos atadas a la espalda, múltiples impactos de bala y lesiones compatibles con una agresión física antes de su muerte.
Uno de los elementos más llamativos del expediente aparece durante la investigación posterior al secuestro.
La madre declaró que buscó información mediante un usuario de WhatsApp con prefijo telefónico venezolano, a quien identificaba como presunto integrante del Tren de Aragua. Esa persona le habría indicado que «Popeye» y otro individuo participaron en el secuestro y que la víctima habría sido señalada por haber cometido previamente un homicidio. Estas afirmaciones forman parte de las declaraciones recogidas por los investigadores y aún no han sido probadas en juicio.
La denuncia describe una investigación apoyada en múltiples fuentes de evidencia.
Los agentes analizaron:
cámaras de vigilancia;
lectores automáticos de placas;
sistemas nacionales de localización vehicular;
declaraciones de testigos;
fotografías policiales;
registros migratorios;
entrevistas con una fuente confidencial.
Mediante ese conjunto de elementos, el FBI sostiene que logró identificar a los tres acusados y reconstruir parte del recorrido realizado por el vehículo utilizado durante el secuestro. Las imágenes incluidas en el expediente muestran comparaciones entre las grabaciones de vigilancia y fotografías oficiales utilizadas para la identificación de los sospechosos.
El expediente afirma que, de acuerdo con los registros migratorios consultados por las autoridades, Josue Pacheco Torres, Kleiver Monasterio Briceno y Julián Pachano serían ciudadanos venezolanos.
Durante la investigación, el FBI atribuye a Pacheco Torres el alias de «Popeye», mientras que Monasterio Briceno es identificado como «Goofy». Los investigadores sostienen que ambos fueron captados por cámaras de vigilancia reuniéndose con el vehículo utilizado en el secuestro poco después de ocurridos los hechos.
Aunque la acusación se centra en un secuestro con resultado de muerte, el documento revela una estrategia mucho más amplia del gobierno estadounidense.
La investigación se inscribe dentro de la ofensiva federal contra el Tren de Aragua, organización que las autoridades consideran una amenaza para la seguridad pública debido a su capacidad para operar a través de redes transnacionales y desarrollar actividades criminales en múltiples jurisdicciones.
El expediente también muestra el creciente nivel de coordinación entre el FBI, Homeland Security Investigations y la Policía de Chicago para enfrentar estructuras criminales que cruzan fronteras y combinan delitos violentos con otras economías ilícitas.
Desde una perspectiva estratégica, este caso confirma la evolución de la respuesta estadounidense frente al crimen organizado transnacional.
Las autoridades ya no analizan estas organizaciones únicamente como pandillas locales, sino como estructuras capaces de proyectar violencia, reclutar miembros, mover recursos y operar simultáneamente en distintos países. Esa visión explica la participación conjunta de agencias federales y el empleo de herramientas de inteligencia, análisis digital y cooperación interinstitucional para investigar sus actividades.
La denuncia penal representa la primera etapa del proceso judicial. Corresponderá ahora al Gobierno de Estados Unidos presentar sus pruebas durante el juicio, mientras los acusados conservan la presunción de inocencia y el derecho a controvertir las evidencias presentadas por la fiscalía.
Sin embargo, el documento ya constituye uno de los expedientes más detallados conocidos hasta ahora sobre la presunta operación del Tren de Aragua en Chicago. Más allá del desenlace judicial, ofrece una ventana excepcional para comprender cómo las autoridades federales describen la evolución de una organización criminal que pasó de controlar cárceles en Venezuela a convertirse en un objetivo prioritario de la política de seguridad de Estados Unidos.