Extensión del mandato de Juan Guaidó fractura la oposición venezolana

De forma apresurada, el parlamento de Venezuela avanza en modificar el estatuto que rige la presidencia de Juan Guaidó pero advierten que se trata de un error que podría acabar con el experimento del Gobierno interino. 

Redacción | Primer Informe

En medio de una gran polémica interna, la Asamblea Nacional venezolana legítima, la electa en 2015, tomó dos importantes decisiones hoy.

Por un lado, aprobó la continuidad del llamado Estatuto de Transición. Esa norma es la que provee el marco legal para la existencia y funcionamiento del Gobierno interino que preside Juan Guaidó.

Por otro lado, se aprobó la ley que permite administrar los fondos de los que dispone el interinato. Ambas leyes fueron aprobadas en primera discusión.

En Twitter, Guaidó sostuvo que se trata de una medida en defensa de la Constitución.  Según Guaidó la fecha de «vencimiento» la tiene la dictadura de Nicolás Maduro. 

Sin embargo, la decisión del parlamento ha generado grandes polémicas. La facción parlamentaria «16 de Julio» de la AN legítima salvó su voto en la votación. También, la agrupación Vente Venezuela, mostró su rechazo con la prolongación del Estatuto de la Transición.

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Y reconocidos juristas igualmente han expresado sus observaciones al respecto. Sin embargo, hay coincidencias en no darle legitimidad a Maduro.

Hasta Voluntad Popular tiene objeciones

Incluso, en el propio partido de Guaidó, Voluntad Popular, hay reservas respecto al proyecto de ley. Sin abandonar el su posición partidista, Freddy Guevara, llamó a hacer modificaciones al texto.

Dice que el estatuto debe modificar artículos como el 20 y 39. “…en nuestra opinión, y la de diversos expertos, son inconstitucionales». Sostiene que tal como está redactados arriesgan la defensa de los activos venezolanos en el extranjero.

La diputada Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano, suscribió esas preocupaciones sobre la constitucionalidad del Estatuto. Además, se quejó porque su aprobación la hicieron escondidas un grupo de organizaciones políticas.

Por su parte,, el diputado por la fracción 16 de Julio, Edwin Luzardo, insistió en esa idea. Advirtió que pretenden «establecer un gobierno legislativo que no está contemplado en la Constitución, quitándole todas las competencias al Poder Ejecutivo”

Estas agrupaciones llamaron a hacer los correctivos necesarios antes de hacer la segunda aprobación. La propuesta la secundó el propio Guaidó. El mandatario encargado ha recibido fuertes críticas y enfrenta iniciativas en su contra desde sectores aliados.

En Twitter, Guaidó escribió: «…De igual manera, hemos recibido observaciones de diversas fuerzas políticas y expertos… Asumimos el compromiso de incluir sus visiones para garantizar que el texto esté ajustado a la Constitución y a las necesidades de Venezuela».

Una ruta agotada

Sin embargo, la promesa de Guaidó ya ha sido desoída por muchos. Entre esos, el partido Vente Venezuela de María Corina Machado. Esta agrupación  informó que dejará de apoyar al Gobierno Interino, a partir del 5 de enero de 2022.

«Vente Venezuela, en Junta Federal, decidió hoy #27Dic que no respaldará la continuidad del Gobierno Interino a partir del 05/01/2022. Su ruta se agotó y perdió el objetivo único que tenía: articular la liberación de Venezuela», informó a través de su cuenta en la red social Twitter.

Ya esta agrupación tiene diferencias insalvables con el gobierno de Guaidó. Aún así, mantenía su reconocimiento a la figura de la Presidencia Interina. Ahora, ya no lo hará. El partido agregó que estará enfocado en promover una elección popular para renovar el liderazgo. «Para ello vamos a trabajar con todos los venezolanos y organizaciones políticas y civiles».

Expertos en contra

Las voces en contra la reforma del Estatuto de Transición tiene más detractores. Incluso algunos exfuncionarios de Guaidó. Por ejemplo, José Ignacio Hernández, ex procurador general de del Gobierno interino.

Insiste en que la reforma del Estatuto de la Transición es inconstitucional. Sobre todo, porque transfiere funciones ejecutivas a la Asamblea. «Esto coloca en riesgo el reconocimiento internacional y la protección de activos».

Dijo que lo que lograron fueron la politización de los activos al confiarse inconstitucionalmente su gestión a la AN.

«Tampoco la solución es eliminar el control parlamentario. Pero eso es lo que se logra con esta reforma, pues si la AN asume funciones ejecutivas, entonces, nadie podrá controlar a la AN. Esto genera incentivos para la mala gestión, como sucedió en Monómeros», escribió Hernández en un tuit.

Resumió que lo que aprobó la AN legítima hoy significa´el fin del gobierno interino y el inicio de un «gobierno parlamentario».

Por su parte, el constitucionalista Allan Brewer Carías dijo que se trataba del “suicidio” del régimen de transición a la democracia decretado en 2019.

 

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