Uno de los elementos que llamó la atención por primera vez sobre las operaciones de Saab era su aparentemente inexplicable conexión con la alta jerarquía chavista.
Redacción | Primer Informe
Uno de los primeros policías en ir detrás del entramado corrupto internacional encabezado por Álex Saab fue Juan Carlos Buitrago. En 2018, era director de la Policía Tributaria y Aduanera. Desde ese puesto recibió la orden de ubicar a un desconocido empresario.
El objetivo de Buitrago era de origen libanés, estaba en la quiebra y lo implicaban en unas sospechosas exportaciones ficticias a Australia. Ese empresario era el hoy llamado testaferro de Nicolás Maduro
De acuerdo con AFP, Buitrago siguió obsesivamente los pasos hasta llegar a una red internacional de blanqueo de capitales.
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Las aparentemente inexplicables conexiones de Saab con la alta jerarquía del chavismo llamaban la atención. Entonces, en medio de la debacle venezolana, resaltaban sus compras en el exterior para el programa de control social por hambre del chavismo denominado CLAP.
Buitrago también fue uno de los primeros en perfilar al colombiano como «uno de los testaferros más importantes de Maduro».
Entonces, explica Buitrago, Saab y su socio Álvaro Pulido monetizaban los fondos que necesitaba Maduro para sobrevivir. El expolicía detalla que Saab creó «muchas empresas, más de 46, que involucraron a mucha gente de la región».
Pistas por todo el mundo
Saab también ejecutaba como un agente comercial directo con los países aliados de Maduro como Turquía, China, Rusia, Irán… incluso en el Líbano. «En el resto de países que no son amigos del régimen, utilizó empresas fachada y terceros», afirma.
Explica que Maduro obtenía fondos a través de los activos del pueblo venezolano, los recursos minerales como el oro, especialmente el petróleo. Saab, agrega Buitrago, abría cuentas en paraísos fiscales, incluida Suiza, y aseguraba dinero para el régimen, pero también para él.
«Ese era el círculo financiero ilícito que le permitía lucrar, pero también tener dinero y activos al servicio del régimen. Las operaciones se estiman en entre 350 y 500 millones de dólares anuales».
En Colombia se alcanzó un nivel de investigación financiera sobre los operadores, los testaferros, las empresas fachada. Había una red de más ochenta personas (…) involucradas, pero los responsables no fueron identificados.
Con información de AFP.
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