Una nueva denuncia penal presentada ante la Fiscalía del régimen venezolano vuelve a colocar en el centro del debate político, judicial y financiero el entramado empresarial de Alex Naín Saab Morán, las operaciones vinculadas al programa CLAP y la presunta participación de dirigentes opositores de la Asamblea Nacional de 2015 en gestiones destinadas —según el documento— a favorecer intereses económicos privados ligados al empresario colombiano-venezolano. La denuncia fue consignada el 27 de marzo de 2026 ante Larry Devoe Márquez, identificado en el escrito como Fiscal General de la República, por Carlos Enrique Herrera Mendoza, acompañado jurídicamente por el abogado Gabriel Emilio Pérez Ramírez.
El documento, de 25 páginas, constituye una de las acusaciones más delicadas surgidas desde sectores vinculados históricamente al chavismo y mezcla elementos políticos, financieros, corporativos y geopolíticos. La denuncia sostiene que Alex Saab habría construido una “organización criminal transnacional” alrededor de las empresas proveedoras de alimentos para las cajas CLAP, utilizando estructuras corporativas internacionales, pagos a parlamentarios opositores y maniobras destinadas a liberar fondos congelados en bancos europeos.
Según el denunciante, el origen de los hechos se remonta a 2018, cuando afirma haber sido contratado por Alex Saab para desarrollar una estrategia de manejo reputacional frente a las crecientes denuncias internacionales que señalaban al empresario como supuesto testaferro de Nicolás Maduro y responsable de sobreprecios y alimentos de baja calidad en las cajas CLAP.
Herrera asegura que, como parte de esa estrategia, propuso que diputados opositores integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional visitaran instalaciones vinculadas a las empresas Salva Foods 2015, Asasi Food FZE, Group Grand Limited, Max Power Engineering Limited y Mulberry para constatar físicamente las operaciones y emitir pronunciamientos públicos que desmintieran las acusaciones sobre empresas de maletín y presunta corrupción.
En el relato aparecen mencionados diputados como Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez Linares, Richard Arteaga, Adolfo Superlano, Chaim Bucarán, José Luis Pirela e Ismael León. El denunciante sostiene que varios de ellos participaron en visitas a instalaciones relacionadas con el negocio CLAP y posteriormente emitieron cartas que supuestamente certificaban que Saab no era testaferro de Maduro, que no existían sobreprecios y que no había daño patrimonial contra el Estado venezolano.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la afirmación de que algunos parlamentarios habrían recibido pagos periódicos para respaldar las gestiones internacionales del grupo empresarial de Saab. La denuncia menciona supuestos honorarios mensuales de entre 5.000 y 10.000 euros, además de bonos especiales de hasta 50.000 euros por viajes y actividades realizadas en Europa.
De acuerdo con el documento, las giras incluyeron visitas a España, Portugal, Bulgaria, Suiza, Italia y Liechtenstein, donde se habrían realizado reuniones con bancos, despachos jurídicos, instituciones financieras y organismos políticos para solicitar el desbloqueo de cuentas bancarias asociadas a empresas vinculadas a Alex Saab. El denunciante afirma que inicialmente creyó que las gestiones buscaban liberar fondos relacionados con alimentos y medicinas para Venezuela, pero posteriormente concluyó que el dinero pertenecía realmente a compañías privadas relacionadas con Saab y no a la República.
La denuncia también introduce un elemento técnico que busca reforzar la tesis del fraude. Expone una la supuesta manipulación de análisis bioquímicos realizados en la Universidad Central de Venezuela. Según Herrera, Carlos Lizcano Manrique —identificado como operador del grupo empresarial— habría presentado estudios realizados sobre productos distintos a los realmente distribuidos en las cajas CLAP.
El escrito sostiene que los productos enviados para análisis habrían correspondido a alimentos de empresas privadas distintas a los incluidos en los contratos CLAP, lo que habría permitido mostrar resultados favorables y aparentar cumplimiento de normas COVENIN. Posteriormente, según el relato, análisis independientes solicitados por el entonces diputado Guillermo Luces habrían revelado que muchos de los alimentos realmente distribuidos no cumplían con los estándares nutricionales exigidos.
A partir de allí, la denuncia desarrolla una narrativa jurídica que intenta encuadrar los hechos en delitos como fraude a la República, corrupción, legitimación de capitales, asociación para delinquir, delitos contra la salud pública e incluso traición a la patria. El documento cita artículos específicos de la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal venezolano y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT).
Uno de los argumentos centrales es la aplicación de la teoría del “levantamiento del velo corporativo”, mediante la cual el denunciante solicita que las autoridades venezolanas identifiquen a los beneficiarios reales detrás de las compañías utilizadas en la importación y comercialización de alimentos CLAP. El escrito afirma que las empresas señaladas funcionaban como estructuras de fachada para ocultar el control real ejercido por Alex Saab sobre contratos multimillonarios financiados por CORPOEX y FONDEN.
El expediente también tiene una fuerte carga política. El denunciante afirma que durante la gestión de Tarek William Saab las denuncias relacionadas con Alex Saab fueron “engavetadas” y sostiene que existió protección institucional desde sectores del alto gobierno.
En otro apartado particularmente polémico, Herrera Mendoza solicita que se investigue la nacionalidad venezolana otorgada a Alex Saab, alegando que habría sido concedida de forma irregular y “exprés”. El documento pide incluso que se tramite la anulación de dicha nacionalidad.
La denuncia además incorpora referencias al nuevo escenario político venezolano posterior al 3 de enero de 2026, fecha mencionada en el texto como punto de quiebre dentro de la estructura del poder. El denunciante asegura haber recibido amenazas de muerte y afirma haber solicitado medidas cautelares ante organismos internacionales de derechos humanos en Ginebra, alegando riesgos contra su integridad física por ser testigo de los hechos descritos.
Entre las solicitudes finales presentadas ante el Ministerio Público figuran órdenes de captura contra Alex Saab y Carlos Lizcano, congelamiento de activos, bloqueo de cuentas bancarias, incautación de bienes, inspecciones bioquímicas sobre alimentos CLAP, cooperación internacional con entidades financieras europeas y citaciones a exdiputados opositores mencionados en la trama.
Más allá de las acusaciones, el documento deja al descubierto algo políticamente explosivo, y es la existencia de una presunta red de relaciones entre sectores empresariales vinculados al chavismo y actores opositores (alacranes) que habrían coincidido en operaciones destinadas a proteger estructuras financieras internacionales asociadas al negocio CLAP. La denuncia intenta presentar ese esquema como «una convergencia de intereses económicos por encima de las divisiones ideológicas públicas».
Sin embargo, el expediente también plantea interrogantes importantes. Muchas de las afirmaciones expuestas dependen de testimonios, auditorías no públicas, documentos cuya autenticidad aún no ha sido verificada judicialmente y versiones de hechos que todavía no han sido sometidas a contraste en tribunales. Hasta ahora no se conoce públicamente si el Ministerio Público controlado por el régimen, actualmente, encabezado por Delcy Rodríguez, abrió formalmente una investigación penal basada en esta denuncia.
Lo cierto es que el documento vuelve a conectar tres dimensiones que han perseguido el caso Alex Saab durante años: el negocio multimillonario de los CLAP, la utilización de estructuras corporativas internacionales y las complejas relaciones entre poder político, sanciones financieras y redes de influencia dentro y fuera de Venezuela.