Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos e italianos que ayudaron a la petrolera venezolana a evadir sanciones de Estados Unidos con un complejo esquema de corrupción y lavado de dinero.
Casto Ocando | @cocando | Primer Informe
Al menos una media docena de ex ejecutivos y empleados de Pdvsa que tuvieron íntimo conocimiento del esquema de corrupción que implicó el desvío de pagos de cargamentos de crudo a través de cripto-monedas, y mediante un esquema de demoras artificiales, salieron de Venezuela y se encuentran en conversaciones con agencias federales de investigación, conoció Primer Informe.
Los ejecutivos y empleados laboraron para la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa en diversas posiciones desde antes de 2019, cuando comenzaron a llegar a Estados Unidos.
Los ex funcionarios están en conversaciones o planean contactar a agencias federales de investigación en Miami, incluyendo Homeland Security Investigations (HSI) y otras que han investigado casos de corrupción en la petrolera estatal venezolana.
Según uno de los representantes de esas personas, y un abogado que está examinando las evidencias, que hablaron con Primer Informe bajo condición de anonimato hasta que se definan los términos de la cooperación, información relevante será provista a las autoridades sobre los esfuerzos de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa para evadir las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo venezolano, y operar una red internacional de corrupción y lavado de dinero, usando dólares en efectivo y criptomonedas.
Uno de los funcionarios, indicó el abogado, mantiene información confidencial sobre el esquema de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto, que incluía una doble vertiente de delitos.
Por un lado, el pago de comisiones ilegales usando una estrategia de demorar por semanas el embarque de crudo, elevando el costo del flete al mismo nivel del costo del crudo, con lo cual el petróleo era entregado prácticamente en forma gratuita.
El esquema, puesto en marcha bajo órdenes del Vicepresidente de Comercio y Suministro, el coronel Antonio José Pérez Suárez, generó pérdidas multimillonarias a Pdvsa y ganancias extraordinarias que iban a parar a los bolsillos de altos funcionarios de la petrolera estatal, incluyendo el propio coronel Pérez Suárez, y operadores extranjeros que fletaban los cargueros.
Por otro lado, estaba el esquema de pagos del combustible despachado mediante embarcaciones fletadas por brokers griegos e italianos, usando criptomonedas que nunca ingresaban en el sistema de cobros de Pdvsa sino a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), y de ahí distribuidos a fondos privados, generando pérdidas combinadas por encima de los 21 mil millones de dólares en un período estimado de entre 4 y 5 años.
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Los federales están particularmente interesados en el papel de los operadores Álvaro Pulido, de origen colombiano, Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana, y Joaquín Leal Jiménez, ciudadano mexicano, a quienes el Departamento del Tesoro consideran como los “herederos” del operador colombiano Álex Saab, actualmente detenido en Estados Unidos, y calificado por Washington como el testaferro del dictador Nicolás Maduro.
Álvaro Pulido, socio de Álex Saab y actualmente detenido en Venezuela por su participación en el escándalo Pdvsa-Cripto, está señalado junto a Bazzoni de operar una estructura de presunto lavado de dinero para enviar fondos ilegales al coronel Pérez Suárez y a otras cuentas privadas.
A su vez, Leal Jiménez es señalado de establecer un conglomerado de empresas en diversos paraísos fiscales para desviar fondos de la corrupción en Pdvsa y pagar presuntos sobornos a funcionarios de la petrolera venezolana.
Pulido transfería los recursos para el pago de sobornos a través de las firmas Ocean Blue Corporation S.A. e Inversiones Josyfe Corporation Inc., ambas registradas en Panamá, y controladas por el empresario venezolano José Youssef Boutros, de acuerdo a registros corporativos.
Según una fuente con conocimiento de las operaciones, las empresas recibían fondos en euros o en criptomonedas que luego convertían en dólares en efectivo, para realizar los pagos al coronel Pérez Suárez.
Por su parte, Bazzoni usó la firma Baer Capital Partners, subsidiaria del MBaer Merchant Bank en Dubai, para movilizar capitales desde Asia a Suiza, producto de la venta ilícita de crudo venezolano. Según este reporte, Bazzoni y su esposa Siri Evjemo Nysveem emplearon la firma Norge Oil Limited, estabecida en el paraíso fiscal británico de Isle of Man para dirigir sus inversiones, incluyendo aquellas realizadas en el banco suizo.
En 2020, Evjemo Nysveem fue designada miembro de la junta directiva de MBaer Merchant Bank, justo después de que el banco formalizara un incremento de capital de 6.83 millones de francos suizos (unos $7.6 millones).
Curiosamente, Evjemo Nysveem fue eliminada de la directiva del banco en marzo de 2023, justo semanas después de haber estallado el escándalo de la corrupcón en Pdvsa vinculado a Tarek El Aissami, y comenzó a circular evidencia de la participación de Bazzoni en el esquema fraudulento contra la estatal venezolana.
El número de personas con conocimiento o vinculadas a la trama Pdvsa-cripto y otros recientes escándalos de corrupción en Venezuela (como el caso CVG y Cartones de Venezuela), que vinieron antes del escándalo o escaparon a territorio norteamericano, no se conoce con precisión.
Según la fiscalía del régimen en Venezuela, de las 81 órdenes de detención en relación a estos escándalos, sólo se han arrestado hasta ahora un total de 61 personas. Una veintena de personas acusadas se encuentran aún fugitivas, informó el fiscal del régimen, Tarek William Saab.
Aunque las personas que Primer Informe conoció están en proceso de cooperación con las autoridades no forman parte de la lista de fugitivos, no está descartado que algunos de los evadidos de Venezuela se encuentren en territorio norteamericano.
Entre los operadores considerados fugitivos por la fiscalía del régimen de Maduro se encuentran los operadores internacionales Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, Juan Carlos Chávez Calva, Rodrigo Guerena Bobadilla y Jorge Germán Bonelli, todos ellos con órdenes de captura internacional.
Saab señaló que un total de 43 personas, entre funcionarios y empresarios, han sido detenidas hasta la fecha. Según las investigaciones, estas personas estaban involucradas en la asignación irregular de cargamentos de crudo a la Sunacrip y a particulares, eludiendo los controles administrativos y contraviniendo las normativas de contratación establecidas.
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