La reciente apuesta de Trinidad y Tobago por proyectos energéticos conjuntos con Venezuela, liderados por el régimen de Nicolás Maduro, es un preocupante paso en la dirección equivocada. El ministro de Energía, Stuart Young, y el primer ministro Keith Rowley han presentado los desarrollos de los campos de gas Dragón y Manakin-Cocuina como una oportunidad económica, ignorando por completo las graves implicaciones políticas, éticas y de seguridad que esto conlleva.
Financiando a un régimen criminal
El régimen de Maduro ha convertido los recursos naturales de Venezuela en una fuente de financiamiento para su aparato represivo, beneficiando a grupos criminales, militares corruptos y aliados estratégicos como Irán, Rusia y China. Los ingresos derivados de acuerdos como estos no fortalecen a la población venezolana, sino que consolidan el poder de una cúpula que ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad y de tener vínculos con redes de narcotráfico y terrorismo.
A lo largo de los años, múltiples informes han documentado cómo el régimen venezolano ha utilizado su industria energética para lavar dinero y sostener su red de aliados internacionales, incluyendo organizaciones como Hezbollah. Trinidad y Tobago, al negociar y colaborar con Caracas en estos proyectos, se convierte en cómplice de este esquema corrupto que solo perpetúa la crisis venezolana.
¿Un riesgo para EE.UU.?
La relación entre Trinidad y Tobago y Venezuela no solo se manifiesta a través de las preocupaciones económicas, sino que también tiene serias consecuencias en la seguridad regional. La insistencia del primer ministro Rowley en involucrar a la nueva administración estadounidense para garantizar la viabilidad de estos proyectos es una señal de alerta. Washington debería estar evaluando este acercamiento con extrema precaución, pues cualquier concesión en este sentido podría dar oxígeno financiero a Maduro en un momento en que la presión internacional es clave para una transición democrática en Venezuela.
Además, este tipo de acuerdos pueden facilitar la influencia de actores como China e Irán en la región, dado el historial de cooperación entre Caracas y Pekín en materia energética y la creciente presencia de Teherán en Latinoamérica. Permitir que Venezuela expanda sus operaciones petroleras en colaboración con un vecino caribeño puede significar abrir la puerta a una mayor injerencia de estos regímenes hostiles en la seguridad del hemisferio occidental.
El mismo Stuart Young ha reconocido la importancia de las inversiones extranjeras en la industria energética de Trinidad y Tobago, destacando la adjudicación de contratos a EOG Resources en la reciente ronda de licitación de aguas poco profundas. «EOG sigue siendo muy importante para el tejido del sector energético aquí en Trinidad y Tobago», declaró el ministro en la ceremonia de firma de los acuerdos con la compañía estadounidense. Sin embargo, mientras su gobierno celebra estos acuerdos con empresas legítimas, también fortalece lazos con un régimen que ha sido señalado por la comunidad internacional como una amenaza a la seguridad regional.
Hipocresía en el discurso regional
Mientras Trinidad y Tobago estrecha lazos con Maduro, el gobierno de Rowley ha sido duramente criticado por su trato a los refugiados venezolanos. En varias ocasiones, el país ha deportado a migrantes en condiciones precarias, ignorando las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ahora, al mismo tiempo que rechaza a quienes huyen del régimen, su gobierno busca beneficiarse de acuerdos millonarios con la dictadura que genera el éxodo.
Esta doble moral deja clara la falta de coherencia en la política exterior de Trinidad y Tobago y evidencia que, más allá de la narrativa diplomáticos de varios actores, lo que realmente importa para su gobierno es el interés económico, sin importar las consecuencias humanitarias o de seguridad.
El acercamiento entre Trinidad y Tobago y el régimen de Nicolás Maduro es una señal preocupante de cómo algunos gobiernos están dispuestos a normalizar relaciones con dictaduras a cambio de beneficios económicos. La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, deben mantenerse alerta y evitar que estos acuerdos brinden a Maduro una nueva fuente de financiamiento que le permita seguir oprimiendo a su pueblo y desestabilizando la región.
La búsqueda de seguridad energética no puede justificar alianzas con regímenes criminales. Trinidad y Tobago tiene el derecho de fortalecer su industria energética, pero hacerlo de la mano de la dictadura venezolana es una traición a los principios democráticos y un peligro para la estabilidad regional.
Tomado de El peligroso acercamiento de Trinidad y Tobago al régimen criminal de Nicolás Maduro