La empresa española Duro Felguera y varios de sus antiguos directivos se enfrentan a un juicio por corrupción internacional, falsedad y blanqueo de capitales. Se les acusa de haber pagado 105 millones de dólares en sobornos a exaltos cargos del Gobierno venezolano para conseguir la obra de una central eléctrica en Caracas, que nunca les fue abonada.
Un auto de la Audiencia Nacional rechaza el archivo de la causa
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez Ismael Moreno, que en julio de 2023 acordó la apertura del procedimiento abreviado contra los investigados. Estos habían recurrido la decisión judicial, solicitando el sobreseimiento de la causa. Sin embargo, el tribunal ha desestimado su recurso, al considerar que existen indicios suficientes de la posible comisión de delitos.
El magistrado Joaquín Delgado, ponente del auto, ha señalado que «el auto recurrido expone una serie de indicios de la posible existencia de delitos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del [juicio por] procedimiento abreviado. Y la parte recurrente no realiza alegaciones que excluyan el posible carácter delictivo de los hechos imputados en el auto impugnado. Todo ello sin perjuicio de la concreta calificación jurídica de estos hechos, que no es necesaria en esta fase procesal».
La Fiscalía Anticorrupción pide el juicio oral
La Fiscalía Anticorrupción fue la que solicitó al juez Moreno la apertura de juicio oral contra Duro Felguera y varios ex directivos por este caso. Según el escrito del Ministerio Público, los hechos se remontan a 2009, cuando la empresa asturiana obtuvo la adjudicación de la construcción de la central de ciclo combinado Termocentro, gracias al pago de estas mordidas a funcionarios venezolanos.
Entre los acusados se encuentran el expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torre Inclán, el ex consejero delegado Ángel Antonio Suárez del Valle, y varios ex altos cargos chavistas, como el exviceministro de Energía Nervis Villalobos o el expresidente de una filial de PDVSA (Petróleos de Venezuela). El juicio oral se celebrará en las próximas fechas.
La empresa española no cobró la obra y fue rescatada por el Gobierno
Lo más sorprendente del caso es que, pese a haber pagado esas comisiones, Duro Felguera nunca recibió el pago por la obra realizada en Venezuela. La empresa española, que atraviesa una grave crisis financiera, ha dado por perdido el 85% del coste de la obra, que ascendía a unos 1.500 millones de euros.
En 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a Duro Felguera un rescate de 120 millones de euros a través del fondo de la SEPI, pese a que la empresa no cumplía los requisitos para acceder a las ayudas públicas. La cifra del rescate era muy similar a la que le debía el Gobierno de Maduro por la central Termocentro.
Una trama de sociedades en Panamá y Suiza para blanquear el dinero
Según la Fiscalía Anticorrupción, los sobornos a los funcionarios venezolanos se realizaron en tres fases, mediante sociedades interpuestas en Panamá (similares a las que aparecieron en los papeles de Panamá) y se ingresaron en cuentas bancarias en Suiza, a nombre de los beneficiarios. Posteriormente, ese dinero se utilizó para comprar viviendas de lujo en España, en Madrid, La Moraleja, Majadahonda, Valdemorillo y Lugo.
El auto de la Audiencia Nacional recoge que uno de los investigados, que ahora ha recurrido, «era funcionario de la empresa pública Electricidad de Caracas C.A. al menos entre 2008 y 2012, realizando funciones como ingeniero y gerente del proyecto El Sitio. En el marco de este proyecto se otorgó a la UTE de Duro Felguera la construcción de una planta termoeléctrica. Recibió una serie de cantidades para favorecer los intereses de Duro Felguera ante la Administración venezolana». En concreto, «se transfirieron 357.504 euros en favor del investigado para la adquisición de una vivienda en Madrid».
El auto también confirma que, según el fiscal, el presidente y el consejero delegado de Duro Felguera SA, en su calidad de responsables de la empresa, decidieron entregar varias cantidades de dinero (hasta, al menos, un total de 105.627.600 dólares) a otro investigado por sociedades interpuestas con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de aquella mercantil». Entre estas autoridades estaba el citado funcionario y la abogada del Ministerio de Energía de Venezuela. «Con el objetivo de canalizar todos esos pagos, las personas investigadas crearon una estructura societaria a través de la cual se realizaron transferencias bancarias; y así se hizo llegar su soborno a cada funcionario investigado desde enero de 2009 hasta, al menos, marzo de 2013», recuerda el fallo judicial.
Los investigados niegan la influencia de los funcionarios sobornados
El recurso de apelación presentado por uno de los investigados cuestionaba quién tenía la capacidad de decisión a la hora de contratar en la República Bolivariana de Venezuela para la realización de la Central Termocentro. Defendían que la única persona que podía aprobar la contratación con cifras económicas tan elevadas y ordenar su pago era el propio presidente de Venezuela. Agregaban que «la persona que influyó en la contratación de Duro Felguera fue quien ostentaba el cargo de presidente de la empresa PDVESA, también ministro de Energía».
«Frente a esos argumentos, es necesario tener en cuenta que el auto recurrido describe la existencia de una estructura en la que participan distintas personas con funciones públicas en Venezuela para conseguir la firma del contrato por la autoridad competente; lo que resulta suficiente para continuar la tramitación del proceso, sin sobreseimiento, sin perjuicio de lo que surja de las pruebas que se practiquen en juicio oral», zanja la Sala de lo Penal.
Duro Felguera se desmarca de los hechos y colabora con la Justicia
Por su parte, fuentes próximas a la empresa subrayan que este auto no aplica a Duro Felguera, sino a las personas físicas que están en esta causa. Se trata de una docena de las cuales ninguna está desde hace años ya en la compañía. Más de los cuales podrían haber recurrido por lo que se producirán previsiblemente más autos además de los ya conocidos.
La situación de Duro Felguera, que es una persona jurídica, es diferente a la de las personas físicas. Duro Felguera ratifica que nada de lo practicado en la instrucción indica que el grupo haya actuado de manera inadecuada o contraria a las normas legales imperantes. Destacan que no existe elemento, constancia, evidencia o indicio alguno de que Duro Felguera sea responsable de hecho delictivo alguno. Afirman que se trata de compromisos contractuales perfectamente legales. Todo ello, insisten, ha sido ratificado por informes periciales de expertos independientes. El grupo continuará colaborando con la Justicia para limpiar su imagen pública.