El presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa, ha tomado notoriedad en los últimos días, tras reuniones con miembros del régimen de Nicolás Maduro, como el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, para retomar operaciones en Venezuela.
Las reuniones se han dado, luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una Licencia General que autoriza a Chevron Corporation reanudar operaciones limitadas para la extracción de recursos naturales venezolanos.
La autorización impide que PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo por parte de Chevron. La licencia GL 41 autoriza la actividad relacionada con las empresas conjuntas de Chevron en Venezuela únicamente, y no autoriza otras actividades con PDVSA.
La licencia recibida por Chevron tiene una duración de seis meses y autoriza a la empresa a producir crudo y productos petrolíferos en sus proyectos en Venezuela. Si bien no se autorizan nuevas perforaciones, la empresa podrá reparar y hacer mantenimiento de los campos petroleros.
La empresa con sede en San Ramón, California, también está autorizada a reanudar las exportaciones de crudo que se detuvieron desde 2019, cuando Estados Unidos intensificó las sanciones contra Venezuela. Todas las exportaciones deben ir a Estados Unidos y la compañía podrá importar materias primas, incluidos los diluyentes utilizados para reforzar la producción de crudo, desde Estados Unidos.
El peruano Javier La Rosa es un rostro conocido y amigable para el régimen de Maduro. Se asegura que La Rosa actuaba como interlocutor entre el ministro de Trabajo, Energía e Integración de Aruba y el régimen de Maduro. Se señala también que en la más reciente oportunidad en la que se trató de reactivar la refinería de Aruba, una de las condiciones impuestas por el lado venezolano incluía la participación de La Rosa en el negocio, quien algunos dicen, se maneja en campos oscuros de negociaciones con el régimen de Venezuela.
Reuniones previas
Una de las prohibiciones expresas que afrontaba el presidente de Chevron Venezuela, Javier La Rosa, tras la imposición de sanciones contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) por parte del gobierno de Estados Unidos era que no podía reunirse con las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro a las que se les impusieron lo que llaman sanciones individuales y eso de entrada le impedía cualquier reunión con dos de las figuras claves en materia económica: la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Eloína Rodríguez, y el vicepresidente para área económica y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami.
Antes de la decisión del Departamento del Tesoro de renovar la licencia a Chevron, la mayor autoridad del gobierno de Maduro con la que La Rosa podía reunirse era con el presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, debido a que sobre él no ha recaído una sanción aunque sí le está prohibido el ingreso a los Estados Unidos. Sin embargo, cualquier reunión con este funcionario no tenía sentido debido a la imposibilidad de avanzar en una negociación con la estatal venezolana, según Petroguia.
Esa situación cambió meses atrás, con la autorización o permiso que otorgó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), toda vez que se avaló cualquier proceso de negociación entre Chevron y PDVSA para solventar la deuda que acumula la empresa estatal y propiciar un esquema que le permetiera a la estadounidense tener control operacional y accionaria de las cuatro empresas mixtas en las que tiene participación.
La Rosa pudo entonces empezar a reunirse con la vicepresidenta Delcy Eloina y/o con el ministro El Aissami. Chevron ha seguido manteniendo su campaña tanto en los Departamentos del Tesoro como de Estado; mientras que en Venezuela -además de los encuentros esporádicos con funcionarios del gobierno de Maduro- ha reafirmado su intención de seguir en el país como se reafirmó con el rol que tiene su gerente de Asuntos Corporativos en Caracas, Petro Eitz, quien pasó de director suplente a principal en la junta directiva de la Cámara Petrolera de Venezuela para el bienio 2022-2024, posición gremial que es similar a la que tiene la empresa con este mismo funcionario en la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG).
