Para el ejercicio fiscal 2025, la asistencia exterior de Estados Unidos para Venezuela fue de USD 50 millones, con lo que mantiene su política de ayuda a la sociedad civil venezolana desde hace dos décadas. Una contribución que se ha incrementado en los últimos siete años, en razón del aumento de autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro.
El apoyo de la administración estadounidense está dirigido a:
Impulso a la organización de los actores democráticos y el ejercicio de sus libertades.
Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de defensoras de derechos humanos, a objeto de que puedan monitorear e informar sobre las condiciones imperante en Venezuela en esta materia.
Mejoramiento de los servicios de prensa independiente.
Igualmente, EE. UU. también destinó USD 3,8 millones adicionales a través del programa GHP (Global Health Programs), el cual está dirigido al fomento de actividades de salud materna e infantil en Venezuela.
Tal contribución, en comparación con la de 2023, supone mantener igual el apoyo destinado a la asistencia para la democracia y la reducción de USD 3,6 millones, equivalente a 49 % en el GHP.
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Condiciones de los desembolsos
Una serie de condicionantes operaran para el desembolso de estos recursos de asistencia exterior de Estados Unidos para Venezuela en 2025.
Así tenemos que, hasta tanto el secretario de Estado de EE. UU. no haga una revisión de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela y compruebe que se hayan cumplido en dicho proceso ciertas condiciones, mantendrá retenido 50 % de los fondos de apoyo electoral de 2024.
Tales condiciones son:
Si se permitió o no, el voto de la diáspora venezolana;
Si hubo observación internacional creíble;
Si participaron candidatos opositores seleccionados mediante procesos democráticos creíbles.
Pautas de la asistencia exterior para Latinoamérica y el caribe
Las pautas de la asistencia exterior responden a los intereses de Estados Unidos en la región y por ello se destinan a los programas destinados a atender los desafíos que enfrentan los países de la región que afectan dichos intereses. En tal sentido, aumentan o disminuyen conforme las deficiencias son atendidas o lo peligros desaparecen.
En los últimos años, el deterioro de las condiciones políticas por causa de los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua; la imposibilidad de Haití de restablecer un gobierno electo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021; así como la erosión de la democracia en otras partes de la región por causa de la corrupción y la violencia generalizadas; han privado para la adjudicación.
Los movimientos migratorios que estas situaciones han desatado, constituyen un desafío fundamental para la atención de la frontera suroeste de Estados Unidos.
Prioridades del Congreso para Latinoamérica y el Caribe
La asistencia extranjera de Estados Unidos para Venezuela se asignará por el Departamento de Estados y la USAID
En el informe del Servicio e Investigación del congreso de EE. UU., denominado “Asistencia exterior de Estados Unidos a América Latina y el Caribe: asignaciones para el año fiscal 2025”, es posible conocer cómo será la cooperación de la administración estadounidense para Venezuela en 2025.
El saliente gobierno de Joe Biden solicitó al Congreso USD 2 200 millones de presupuesto para brindar asistencia a Latinoamérica y el Caribe a través del Departamento de Estado y la y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se trata de un monto que incrementó en 7,9 %, la asignación de 2023 (del cual hay datos disponibles).
Esta solicitud al Congreso incluyó en esta oportunidad USD 52 millones para la Fundación Interamericana (IAF), agencia independiente del gobierno que apoya el desarrollo de base en América Latina y el Caribe.
La asistencia exterior solicitada
Las pautas de la asistencia exterior de EE. UU. para la región durante la última década se centran —entre otras— en la seguridad caribeña y “responder a las crisis políticas y humanitarias en Venezuela y su impacto en la región en general”.
El pedido de Biden para la región contempló:
USD 632,6 millones para abordar las causas de la migración en Centroamérica;
USD 413,3 millones para Colombia destinados especialmente al combate antinarcóticos, el acuerdo de paz y la integración de los migrantes venezolanos;
USD 356,7 millones para el restablecimiento de las instituciones democráticas en Haití, así como para seguridad y necesidades humanas básicas de dicha nación;
USD 109,7 millones para México para combatir las drogas ilícitas y fortalecer el estado de derecho;
USD 81,0 millones para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI);
USD 53,8 millones de dólares para Venezuela en apoyo a actores democráticos y organizaciones de la sociedad civil.
Tales asignaciones representan casi el 75 % de la asistencia extranjera para América Latina y el Caribe en 2025.
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