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El periodista venezolano Eligio Rojas reveló el plan de fuga que tenían los exfuncionarios aprehendidos por sus vinculaciones a una red de tráfico de drogas desmantelada entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.

En el marco de la Operación Mano de Hierro -recordó Rojas- fueron detenidas 30 personas hasta el momento. Entre ellas figuran la exdiputada Jeikar Pérez, la exdiputada Taína González y la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, Keyrineth Fernández. Esta serie de detenciones se realizaron en tres procedimientos de seguridad diferentes: el 7 de noviembre de 2021 en La Guaira, el 5 de enero de 2022 también en La Guaira, y el 28 de enero en Falcón.

Según datos de la Superintendencia Nacional Antidrogas, entre el 7 de noviembre de 2021 y el 22 de marzo de este año, se han realizado 582 allanamientos, y se incautaron 1.6 toneladas de cocaína en 12 procedimientos de seguridad, reseñó LaIguana.TV.

De manera extraoficial y siguiendo su línea de investigación, Rojas afirmó que los 30 detenidos se encuentran repartidos en diferentes instalaciones carcelarias: unos estarían en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, otros en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, y otros en el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, en Las Acacias, en Caracas.

La razón por la cual algunos de los implicados en la red de narcopolítica fueron trasladados a celdas de seguridad es porque, según las fuentes de Rojas, los cárteles que patrocinan a los hoy detenidos pretendían llevar a cabo un plan de fuga para quienes tenían «rango» dentro de la organización criminal.

El plan consistía en que los socios de este cartel que aún están libres ingresarían a la instalación carcelaria disfrazados de funcionarios del Sebin y ejecutar el rescate de algunos de los miembros aprehendidos.

Los organismos de seguridad, dijo Rojas, detectaron el plan y activaron los protocolos de seguridad, que incluye la movilización de los recluidos a otros centros de detención.

La red de narcopolítica tenía una ruta para la droga: entraría a Venezuela por el estado Zulia, proveniente de Colombia; sería trasladada por tierra al estado Falcón y custodiada por los políticos implicados, y saldría hacia el Caribe por los puertos del estado Falcón.

A pesar de la detención de los 30 implicados, la ruta se ha mantenido parcialmente, presuntamente con los integrantes de la célula criminal que continúan comprometidos con los carteles colombianos que los patrocinan. Principalmente, dijo Rojas, se mantiene en funcionamiento en el sector Sabanas Altas del municipio Píritu, estado Falcón, así como el el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, que comparte frontera con Colombia.

En los múltiples operativos de seguridad que han llevado a cabo las autoridades, han incautado muchísimo material usado por los carteles del narcotráfico: desde laboratorios y campamentos hasta avionetas y pistas clandestinas. Zulia, en los recuentos oficiales, puntea como la entidad del país con más incidencia en el tráfico de sustancias ilícitas.

En este sentido, afirmó el periodista, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) «ha preparado el terreno para sustanciar un expediente contra Venezuela y presentarla ante el mundo como un narcoestado», y de allí los intereses de EEUU y sus «aliados» en que la ruta segura tenga éxito. «La DEA no es que trae a sus funcionarios al municipio [Jesús María Semprún], la DEA se vale de los carteles que operan allí al ladito, en la vecina Colombia. Esos son los carteles que colaboran con la DEA para montar toda esta infraestructura», fustigó Rojas.

Durante esta entrega de Tubazos, Eligio Rojas también dio datos de la presunta aparición de una célula del cartel de Sinaloa, originario de México, que estaría operando en el Zulia y que habrían entrado en conflicto con los llamados «carteles de la DEA» (colombianos).

El cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo del criminal convicto alias «El Chapo Guzmán», se posicionó como «la empresa criminal más pujante, con diversas franquicias alrededor del mundo, al estilo de una cadena de restaurantes de comida rápida», según u artículo del diario The Independent, citado por Rojas.

El cartel de Sinaloa opera en la actualidad en 50 países y en 17 de los 31 estados de México. Se presume que esta organización asumió el modus operandi del cartel de Cali, que estableció alianzas gubernamentales y empresariales para consolidar su poder.

El 2 de marzo de este mismo año, el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la sentencia de dos integrantes del cartel de Sinaloa que fueron aprehendidos en el estado Cojedes y procesados por la justicia venezolana. Los acusados, identificados como Leonardo Zaragoza y Jesús Miguel Ángel Flores (ambos de nacionalidad mexicana) fueron sentenciados a 30 años de prisión. Los delitos que se le imputaron fueron: tráfico de drogas en modalidad de transporte; posesión ilícita de armas de fuego; circulación aérea en zonas prohibidas, restringidas o peligrosas, distintas a las establecidas; obtención fraudulenta de rutas y conducción ilegal de aeronaves.

Estos dos pilotos son colaboradores del cartel de Sinaloa y, de acuerdo a los datos proporcionados, fueron aprehendidos en flagrancia aterrizando en una pista clandestina de una finca de Cojedes. La aeronave, que habría sido despojada de sus asientos, dio positivo para sustancias estupefacientes.

Estas organizaciones criminales, concluyó Rojas, tienen puestos sus intereses económicos para que sus negocios ilícitos continúen dando los frutos monetarios y como todas las de este tipo, tienen aliados políticos, policiales, etcétera. Los intereses políticos se vinculan al ya mencionado expediente que la DEA pretende levantar con estas operaciones contra el Estado venezolano.

En el municipio Jesús María Semprún, que quedó sin autoridad electa por haber sido su alcaldesa aprehendida, designaron como encargado a un político proveniente de las filas del Partido Comunista de Venezuela, Wisman González. Esta acción, dijo Rojas, ha traído una posición de rechazo entre habitante de Casigua, El Cubo, capital del nombrado municipio. Muchos de los residentes de la zona son integrantes de al menos tres comunidades indígenas que coexisten en el lugar. Denuncian, pues, una elección popular para la nueva autoridad local y han llevado la protesta pacífica a las calles.

El internado judicial de El Rodeo II fue mencionado en la entrega anterior de «Tubazos» como uno de los recintos en que estarían ocurriendo irregularidades con el cobro de vacuna a los reclusos por algunos servicios que garantiza la ley como gratuitos. Este centro penitenciario tiene una población de 1416 privado de libertad.

Familiares de los reclusos, dijo Rojas, se comunicaron para confirmar la denuncia anterior: el cobro de 20$ o su equivalente en bolívares por 1 hora de visita conyugal.

Asimismo, se hizo del conocimiento del periodista, a través de una de estas fuentes, que hay más «propuestas» para el pago de la visita conyugal, según lo que el recluso escoja: hay una visita conyugal VIP, que cuenta con un servicio de ron, almuerzo, cena y pernocta desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Esta modalidad estaría siendo cobrada en 150 dólares.

Tomado de Así intentaron fugarse miembros de red de narcopolítica detenidos en Venezuela por la Operación Mano de Hierro

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