El juicio que se realiza en la Florida contra los exfuncionarios venezolanos en las últimas dos semanas, no ha sido ampliamente reseñado en los medios de comunicación corporativos, ni en venezolanos. Esta semana se conocerán los veredictos de ambos acusados de delitos de corrupción y blanqueo de capitales.
Pocos hechos podrían sorprender a los venezolanos luego de casi 23 años de férreo dominio del régimen chavista en Venezuela. No obstante, hay declaraciones que aún producen estupor. En el juicio por corrupción y lavado de dinero que se sigue a la ‘enfermera de Hugo Chávez» —que trepó y se convirtió en Tesorera de la Nación— y el de su marido, Adrián Velázquez Figueroa —que pasó de ser un escolta del fallecido líder bolivariano a un potentado millonario— salieron a relucir detalles de la pareja que logró acumular una fortuna inexplicable. Como si se tratara de una película de ciencia ficción, los abogados de Velázquez Figueroa dijeron ante el juez del Distrito, William P. Dimitrouleas —a la hora de pedir la desestimación de los cargos— que el exmilitar era rico. Sí, así como lo leen. Rico¡¡¡. Su enorme patrimonio provino de las ganancias de sus empresas ESTABLECIDAS. El exmilitar venezolano es dueño de una escuela de buceo, una panadería y logró ganar mucho dinero gracias un contrato con una empresa de extracción de petróleo. Bajo ningún concepto —insinúan los argumentos— la inmensa riqueza se deriva de los negocios ilegales que hizo con Raúl Gorrín, Leonardo González Dellán y otros sujetos, mientras su esposa era la Tesorera de Venezuela, un país que ahora está carcomido por la corrupción, con más de 7 millones de desplazados que huyen del hambre y la miseria.
Díaz Guillén ejerció como Tesorera Nacional de Venezuela en sucesión a Alejandro Andrade, mientras que su esposo fue jefe de seguridad del finado mandatario. En el ejercicio de estas funciones, la acusada y su cónyuge habrían recibido unos USD 65 millones en sobornos por parte de Gorrín.
Las defensas de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa pidieron al tribunal, en el marco del juicio que se les sigue, desestimar la acusación y declarar el juicio nulo.
El abogado de Velázquez Figueroa planteó que su cliente es rico, pero no de manera ilegal, que la fortuna es producto de una extensa red de negocios legalmente establecidos, y que los millones de dólares que, según los fiscales, viene de de la corrupción, realmente llegaron a sus arcas después que la acusada saliera de su cargo como tesorera de la nación.
El ‘consorcio’ de empresas de Adrían Velázquez incluye una panadería, una escuela de buceo y un contrato con una empresa de extracción de petróleo, entre otros.
La argumentación del abogado Andrew S. Feldman del escritorio jurídico Feldman Firm PLLC dejó perplejos a los fiscales encargados de la investigación que ha durado años, y que contó con la testificación de uno de los principales actores del esquema de corrupción que se ejecutó para esquilmar más de 2.800 millones de dólares a las arcas del tesoro venezolano, Alejandro Andrade.
El juicio de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velázquez Figueroa está en la etapa final, luego de dos semanas de audiencias con el jurado donde han testificados varios testigos de la fiscalía, incluyendo al extesorero corrupto, Alejandro Andrade Cedeño, quien fue condenado, y tras su colaboración con los fiscales, se convirtió en testigo estrella de este caso.
La enfermera de Chávez pide sin éxito su libertad
La abogada de Claudia Díaz Guillén también pidió que se anulara el juicio de su cliente. Marissel Descalzo de Tache, del bufete Bronis & Descalzo PA, dijo que nunca existió «una conspiración para lavar dinero porque las compras de bonos se realizaron en un intercambio público establecido por el presidente venezolano Hugo Chávez antes de su muerte en 2013». Esta moción también fue desestimada.
Los fiscales insisten en la corrupción de los acusados
Los fiscales estadounidenses explicaron en la Corte, presidida por el juez federal, William P. Dimitrouleas, que Claudia Díaz Guillén y Adrían Velázquez cometieron delitos al participar acciones ilegales que les trajo enormes beneficios económicos. Ambos exfuncionarios venezolanos cometieron actos de corrupción y la conspiración instrumentada, tal como lo demuestra, según aseguraron, la evidencia.
La fiscalía señaló a Díaz Guillén y a Velásquez Figueroa de quebrantar la ley cuando enviaron fondos irregulares a Estados Unidos y mediante transferencias bancarias que daban cuerpo a la trama de corrupción instrumentada por los acusados.
El fiscal Paul A. Hayden argumentó que Díaz Guillén no tenía que aceptar el soborno mientras estaba en el cargo, pero dejando de lado su responsabilidad como funcionaria pública, aceptó el trato y recibió coimas que luego blanqueó en el sistema financiero de los Estados Unidos y otros países.
El juez federal de distrito William P. Dimitrouleas negó la moción de la defensa.
El juicio continúa el lunes 12 de diciembre en Fort Lauderdale.