En 2021, la justicia venezolana ordenó la captura contra Hugo Andrés Hernández Chacón y Juan Andrés Marcos Perozo Urdaneta por ocho delitos. Pero antes del dictamen, ambos formaron parte de una empresa australiana señalada de apoyar al gobierno chavista de movilizar petróleo y evadir las sanciones aprobadas por Estados Unidos contra la estatal Petróleos de Venezuela. La compañía se constituyó ocho meses después de la medida del Departamento del Tesoro norteamericano.
La economía del país mostraba sus primeros signos de desajuste en 2013 cuando dos jóvenes venezolanos comenzaron a escalar en los negocios. De ser los artífices de una compañía que organizaba fiestas y eventos sociales en Caracas, se convirtieron, con el pasar de los años, en accionistas de una gama de empresas vinculadas al ramo petroquímico, energético y agroindustrial. Pero el destino les cambió en 2021 después de que la justicia venezolana los señalara como sospechosos de una trama de la que aún no rinde cuenta, reseñó do Altuve en El Pitazo.
El 16 de marzo de 2021, un tribunal dictó orden de captura en contra de los administradores de empresa Hugo Andrés Hernández Chacón, de 32 años, y Juan Andrés Marcos Perozo Urdaneta, de 33 años, por la comisión de ocho delitos, entre ellos extorsión agravada, obstrucción a la libertad de comercio, traición a la patria y terrorismo, según se lee en el oficio difundido el 20 de marzo de 2021 por el diario El Universal.
Tres días después de esa publicación, se supo por el excomisionado especial de Seguridad e Inteligencia designado por Juan Guaidó, Iván Simonovis, que Hernández Chacón había sido arrestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, por presunto contrabando de petróleo.
Fuentes cercanas a Hernández Chacón, consultadas por El Pitazo, indicaron que el empresario actualmente está en libertad bajo régimen de presentación ante el juzgado, a la espera de que la instancia dicte una medida sobre su caso.
Sobre su socio Perozo Urdaneta, el equipo reporteril no pudo saber más información. Este joven cursó estudios de Administración de Empresas con Hernández Chacón en la Universidad Metropolitana, ubicada en Caracas. Además de trabajar con Hugo Andrés, comparte el capital social como accionista minoritario de la empresa Avanzada Orionis C.A, una compañía de telecomunicaciones especializada en sistemas bancarios y creación de plataformas de operación, la cual fue autorizada el 21 de mayo de 2020 por el Banco Central de Venezuela para operar como administrador de sistema de pagos para el procesamiento de tarjetas de crédito y débito. También figura como representante legal de la empresa del sector químico Latiquim Servicios Maracaibo.
Desde la Fiscalía no se ha ofrecido detalles sobre el proceso judicial de ambos jóvenes, en especial de Hernández Chacón, sobrino de la diseñadora y actual diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) elegida en 2021, Gabriela Chacón, según confirmó El Pitazo. Gabriela Chacón, además, es esposa del alcalde oficialista del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ávalo.
En su momento, Simonovis detalló, en su cuenta de Twitter y en una entrevista con El Pitazo, que Hernández Chacón participó en una venta ilegal de crudo por el orden de 88 millones de dólares. Comentó que el petróleo fue trasladado en un buque que tenía una bandera de Belice, país de Centroamérica, hasta Australia, pero resaltó que no se supo nada del dinero obtenido por el intercambio.
El excomisario señaló que la información que dio se obtuvo de las denuncias anónimas recabadas a través de una plataforma creada por la Comisión de Seguridad e Inteligencia de Juan Guaidó, líder de la oposición reconocido como presidente interino de Venezuela desde 2019 por los gobiernos de 61 países, que no aprobaron la reelección de Nicolás Maduro en 2018.
Una empresa en Australia
Antes de quedar bajo la lupa de la justicia venezolana, Hugo Andrés y Juan Andrés Marcos se habían asociado en siete empresas, dos de ellas ubicadas en el extranjero, según documentos de registros mercantiles nacionales e internacionales revisados por El Pitazo.
Una de las compañías estaba ubicada en Australia y fue citada en un reporte de la agencia Bloomberg como una de las empresas encargadas de apoyar al gobierno de Maduro en la venta y movilización de petróleo hacia otros países y, de esta forma, eludir las sanciones administrativas que Estados Unidos aprobó en contra de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en enero de 2019, las cuales han impedido a la administración chavista comercializar crudo y hacer operaciones financieras en la banca extranjera.
Según los documentos de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (Asic, por sus siglas en inglés) —ente encargado de regular los mercados y servicios financieros australianos—, Hernández Chacón y Perozo Urdaneta formaron parte de la empresa Ariastone Group Pty Ltd.
Los datos revelan que la compañía se constituyó el 19 de agosto de 2019, ocho meses después de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicara las medidas sancionatorias en contra de la petrolera venezolana.
La empresa australiana, ubicada en la localidad de Geelong, operó por dos años. Los registros señalan que el 9 de mayo de 2021 quedó inactiva, menos de un mes después de conocerse en los medios la orden de captura en contra de Hernández Chacón y Perozo Urdaneta.
La empresa quedó inactiva pocos días después de conocerse la orden de captura en contra de Hernández Chacón y Perozo Urdaneta | Asic
En internet no se encuentran registros adicionales sobre esta empresa ni datos de su razón social. Pero los documentos mercantiles detallan que compartieron el capital social con otro venezolano del que pocos datos se consiguen. Se trata de Luis Alejandro Sampayo Cabada, quien cotizó hasta el año 2018 en la empresa Inversiones Dinapro 99-44, según su ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss). En la junta directiva de la compañía australiana también estuvieron los empresarios Jhon Pereira y Sharad Sridharan, ambos de la India, y Asanth Shamil Sebastian, oriundo de Zimbabue, de quienes tampoco se hallan muchos datos.
Con las sanciones estadounidenses aprobadas en contra de Pdvsa, el comercio de crudo venezolano se convirtió en una actividad ilegal que obligó a empresas internacionales reconocidas a dejar de prestar servicios para trasladar petróleo al país. Esta situación implica que cualquier compañía extranjera que negocie con la administración chavista podría ser vetada por Estados Unidos. El Estado venezolano, sin tantas alternativas, se amparó en empresas privadas con poca trayectoria para no frenar las ventas.
Después de las sanciones, el movimiento de buques o cargueros con hidrocarburos no se detuvo: un informe elaborado en 2019 por la organización de Estados Unidos, C4ADS, dedicada al análisis de datos y pruebas sobre conflictos y seguridad en el mundo, indicó que ese año, al menos 103 buques petroleros se desplazaron por las costas venezolanas que, al parecer, pertenecían a 41 empresas, en su mayoría de Grecia, según el informe de C4ADS.
El equipo de El Pitazo intentó establecer comunicación con Hernández Chacón para tener información sobre la relación de la empresa Ariastone Group Pty Ltd con la orden de captura en su contra emitida en 2021, pero sin éxito.
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