El gobierno nacional le entregó al convicto Carlos Escobar Marín, líder de la “bodega uribista”, un apartamento incautado al narcotráfico. Desde ese lugar se dirigen campañas de guerra sucia contra periodistas y políticos a los que el uribismo considera sus enemigos. Residentes del edificio han sido amenazados de muerte. Escobar, quien finge pertenecer a la inteligencia israelí, es visitado por delincuentes, congresistas y personajes como el futbolista Tino Asprilla.
Por JULIÁN F. MARTÍNEZ | lanuevaprensa.com.co
MEDELLÍN. – El gobierno de Iván Duque le entregó un apartamento estrato seis incautado al narcotráfico a Carlos Escobar Marín, convicto por fraude bancario en Estados Unidos y jefe de las estrategias de guerra sucia gubernamentales por medio de Internet, más conocidas como “bodeguita uribista”.
El apartamento entregado a Escobar Marín es un penthouse dúplex que ocupa los pisos 10 y 11 del edificio Praderas I y II, en el barrio El Poblado, con vista al campo de golf del Club Campestre. Tiene 389 metros cuadrados, incluyendo una piscina privada de 26, una terraza de 87 y tres parqueaderos.
Apartamento 1002 del edificio Praderas I y II en Medellín incautado a la Oficina de Envigado en 2016 y entregado por el gobierno nacional al jefe de la “bodega uribista” en mayo de 2021
Escobar Marín recibió la propiedad, por orden del presidente Iván Duque, de parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entidad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda, que administra 70 mil bienes intervenidos a criminales que los adquirieron con dineros derivados de actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de activos o corrupción, entre otras.
El apartamento que ocupa Escobar le fue incautado a la organización del narcotráfico conocida como Oficina de Envigado, fundada por Pablo Escobar. Fue el núcleo directivo del llamado cartel de Medellín.
Carlos Arturo Escobar Marín es reconocido por propagar masivamente noticias falsas y campañas de desprestigio en redes sociales en contra de los críticos del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.
El penthouse dúplex tiene una terraza exclusiva con vista al campo de golf del Club Campestre y está ubicado en uno de los sectores más exclusivos del departamento de Antioquia.
El apartamento entregado a Escobar Marín fue el centro de operaciones ilegales de Marlon Javier Vergara Uribe, alias ‘Marlon’, y José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’. Ambos jefes narcotraficantes de la Oficina de Envigado y comandantes de las bandas de sicarios que continúan dominando la ciudad.
´Marlon´ y ´Douglas´, entre otras actividades, manejaron una red de lavado de activos por medio de la importación de equipos quirúrgicos.
‘Douglas’ fue capturado el domingo 12 de abril de 2009 en ese mismo apartamento mientras celebraba la captura de su mayor rival, el narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’. ‘Marlon’, por su parte, fue condenado a 37 años de prisión en junio de 2011 por el asesinato del estudiante de aviación Gustavo Pabón, ocurrido tres años atrás.
El apartamento que hoy ocupa Escobar Marín fue inscrito a nombre de Diana Olaya Galeano, esposa y testaferro de ‘Douglas’. El 20 de febrero de 2016, la Fiscalía 16 Especializada de Extinción de Dominio inició el correspondiente proceso expropiación.
Desde entonces, el caso fue llevado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia. Cinco años después, ya con Iván Duque en el poder, el gobierno lo registró como “extinto al 100%” en el Sistema Integrado de Gestión Misional de Activos (SIGMA) de la SAE.
Proceso de Extinción de Dominio con radicado 05-000-31-20-002-2018-00024 en la Fiscalía 16 Ed. Rad. 8888 Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia
Para no dejar rastro de los privilegios otorgados a Escobar Marín, en las bases de datos de la SAE aparece como beneficiaria de la entrega del inmueble una señora que, al parecer, es pariente de Linda Katherine Blanco, pareja de Escobar.
Una fuente de la SAE confirmó a La Nueva Prensa que el contrato de arrendamiento No. 8580, del 20 de mayo de 2021, con duración de 60 meses, fue hecho con Jennifer Blanco Nieto. El precio mensual es de tres millones trescientos cuarenta mil pesos. El valor real de ese alquiler en el mercado oscila entre 7 y 10 millones.
“El contrato no quedó a nombre de Carlos sino de Jennifer Blanco Nieto, pero ella no vive ahí. Ahí, los que siempre han vivido, son Carlos y Katherine Blanco”, aseguró la fuente.
Esta fuente agregó que el precio que paga Escobar Marín por vivir ahí “no se ajusta a los lineamientos” establecidos por la Metodología de Administración de los Bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), “ya que un arriendo en ese edificio cuesta el doble de ese valor, dadas las características y ubicación de ese apartamento”.
La SAE firmó el contrato de arriendo con Jennifer Blanco Nieto
Jennifer Blanco Nieto es abogada, especializada en derecho laboral. Ha sido contratista del extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Alcaldía de Bucaramanga y asesora en el Congreso de la República, donde Escobar Marín tiene abundantes clientes.
La SAE no respondió algunas preguntas de La Nueva Prensa. Por medio del vicepresidente jurídico, Luis Miguel Martínez Romero, indicó que “no puede suministrar los datos” de la persona arrendataria “ya que los mismos son de carácter reservado”.
Martínez Romero aceptó indicar que el inmueble está identificado con el folio de matricula número 001-650893 y se encuentra “bajo la figura del Depositario Provisional a cargo del señor Benjamín Sarta”, conforme a la resolución No. 1261 del 16 de agosto de 2019.
La ‘bodega uribista’ y los perfilamientos del Ejército
La ‘bodega uribista’ es un grupo profesional de traficantes de calumnias que, supervisados por Escobar Marín, maneja millares de cuentas ficticias en redes sociales como TikTok, Twitter, Facebook e Instagram, con el propósito de ensuciar la reputación de personas que investigan o critican al uribismo y sus causas.
Escobar financia estas campañas de guerra sucia con base en contratos que le otorga el gobierno nacional. Uno de ellos se lo concedió la Agencia Nacional de Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte, a principios de 2020, por casi 900 millones de pesos, sin que mediara licitación pública.
Desde agosto de 2018, esta bodega ejecuta ataques y acoso en redes sociales en contra de personas y organizaciones que aparecen en un listado dentro de una carpeta secreta del Ejército Nacional, rotulada con el nombre de “perfilamientos”, en el marco de una operación ilegal que el gobierno ordenó para recaudan información, sin orden judicial, sobre la vida de periodistas, políticos opositores, defensores de derechos humanos, abogados y organizaciones sociales, cuya característica en común son sus apreciaciones contrarias a las del gobierno Duque.
Este medio de comunicación y sus miembros, en especial su director, Gonzalo Guillén y quien esto escribe, estamos en la lista de “blancos” que son atacados desde el apartamento de la Oficina de Envigado. Aparecemos registrados en la carpeta de los perfilamientos de la inteligencia militar colombiana.
Los periodistas de La Nueva Prensa Andrea Aldana y Julián F. Martínez son espiados por la inteligencia militar colombiana, de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación de 2020.
Los resultados de esta operación ilegal son recibidos en la Secretaría General de la Presidencia de la República y compartidos con la Fiscalía General de la Nación y con políticos a fines al partido Centro Democrático que visitan con frecuencia ese apartamento del narcotráfico.
Durante un año, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, Escobar Marín le elaboró estrategias en redes sociales al general Nicasio Martínez mientras era comandante general del Ejército Nacional. El objetivo fue distorsionar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, interceptaciones ilegales y otras violaciones de derechos humanos que caracterizaron su gestión.
Hace un año la procuradora general Margarita Cabello —ex ministra de Justicia de Iván Duque como cuota política del clan Char— archivó la investigación disciplinaria contra el general Nicasio Martínez, señalado de facilitar estos delitos mientras fue jefe del Ejército.
Durante esta investigación, se estableció que contratistas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que trabajan como coordinadores de las empresas que supervisan a los escoltas, están impartiendo órdenes para espiar a las personas beneficiarias de esquemas de protección que conforman la lista de “perfilamientos” del Ejército Nacional.
Las órdenes materiales las está dando verbalmente alguien llamado Camilo Andrés Acosta, coordinador en Bogotá de la empresa Guardianes. Este coacciona a los escoltas asignados para que elaboraren bitácoras con el fin de recaudar aspectos de la vida privada de periodistas protegidos y su entorno.
Camilo Andrés Acosta fue denunciado ante la Fiscalía General el pasado 23 de febrero por seguimientos ilegales y espionaje.
Acosta tiene el objetivo de identificar circunstancias íntimas de los protegidos que puedan ser reprochables ante la opinión pública y de establecer las identidades de las fuentes de información de los periodistas críticos del gobierno que son protegidos por la UNP. El resultado del trabajo ilegal es filtrado a la “bodega uribista” para que sea publicado en las páginas web creadas por Escobar Marín para ese propósito.
Por su parte, Carlos Escobar Marín tiene la orden presidencial de atacar, con especial virulencia y dedicación, a los congresistas Iván Cepeda Castro y Gustavo Bolívar; al precandidato presidencial Gustavo Petro, al ex concejal de Bogotá Hollman Morris y a los periodistas Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina, Gonzalo Guillén, María Jimena Duzán, Julián F. Martínez y Diana López Zuleta.
También, ha recibido instrucciones para actuar en contra de organizaciones de derechos humanos como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Entre marzo y junio de 2020, los miembros de La Nueva Prensa fueron objeto de amenazas de muerte luego de destapar el escándalo por la compra de votos para la campaña de Duque, conocido como la “Ñeñepolítica”
El apartamento de la Oficina de Envigado, en vez de ser utilizado para la reparación de las víctimas de la guerra contra las drogas, es utilizado como cuartel general para lanzar campañas sucias y de desinformación, que el gobierno de Iván Duque y otros de sus clientes, encargan por contrato.
Este caso no es un hecho aislado. Hace un mes se conoció que el ex presidente del Senado Mario Uribe Escobar, condenado por sus vínculos con grupos paramilitares, vive en un apartamento avaluado en 1.400 millones de pesos que la justicia colombiana le incautó al narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, también en barrio El Poblado, en Medellín.
Mario de Jesús Uribe es primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y del hacendado Santiago Uribe, quien enfrenta un proceso por 533 asesinatos del grupo ‘Los Doce Apóstoles’ que estuvo bajo su mando en Yarumal, Antioquia, en la década de los años 90.
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