Alina Habba, abogada personal del presidente estadounidense Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con indignación al conocer que su exabogada personal, Alina Habba Mildon, había firmado un contrato por más de 50 millones de dólares con una empresa vinculada a la familia del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, quien recibió un indulto presidencial a comienzos de 2026. Según una investigación publicada el 30 de octubre, Trump manifestó a varios asesores y aliados que Habba debería destinar parte de esos ingresos a su futura biblioteca presidencial o a alguna otra organización relacionada con él.
El contrato fue suscrito con Concord Partners, una empresa creada por Isabela Herrera, hija del banquero venezolano. El acuerdo contempla pagos de 10 millones de dólares anuales durante cuatro años, además de bonificaciones que elevan la remuneración garantizada por encima de los 50 millones de dólares. Habba comenzó formalmente sus funciones el 1 de enero de 2026, pocas semanas antes de que Trump concediera a Herrera Velutini un indulto total e incondicional por una infracción menor relacionada con el financiamiento de campañas electorales. El empresario había enfrentado inicialmente acusaciones federales de soborno, pero alcanzó un acuerdo judicial en 2025 que redujo considerablemente la gravedad de los cargos.
La nueva información revela que Trump no solo cuestionó la magnitud de los honorarios, sino que también comunicó a uno de sus aliados que la familia Herrera no debería continuar pagando el resto del contrato. Ese mensaje habría llegado posteriormente a los involucrados. El mandatario también sostuvo una conversación telefónica con Habba, aunque no se ha establecido si le solicitó directamente una contribución económica. La exabogada no respondió a las preguntas sobre esa conversación ni aclaró si había comprometido recursos para la biblioteca presidencial.
El caso plantea nuevos interrogantes sobre las relaciones entre empresarios con intereses judiciales y figuras cercanas a la administración estadounidense. Habba había trabajado como abogada personal de Trump y posteriormente ocupó funciones dentro del Departamento de Justicia. Su contratación por Concord Partners se produjo mientras Herrera Velutini buscaba obtener el perdón presidencial. Aunque personas familiarizadas con el acuerdo han señalado una posible relación entre la contratación y las gestiones para conseguir el indulto, Habba ha negado categóricamente haber participado en ese proceso. Hasta ahora, no se ha demostrado que el contrato constituyera un pago a cambio del perdón presidencial.
La controversia también involucra a Christopher Kise, abogado que representó tanto a Trump como a Herrera Velutini y que participó en las gestiones relacionadas con el indulto. El presidente conversó con Kise sobre el contrato de Habba y su vinculación profesional con la familia venezolana. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre las actividades comerciales de Concord Partners, una compañía sin presencia pública significativa y cuyo funcionamiento resulta poco conocido incluso entre personas relacionadas con los negocios de los Herrera.
La revelación se produce en medio de cuestionamientos sobre los beneficios económicos obtenidos por personas cercanas al entorno presidencial mediante contratos privados. Trump busca recaudar aproximadamente 1.000 millones de dólares para construir su biblioteca presidencial en Miami. El episodio añade una nueva dimensión a la controversia sobre el indulto de Herrera Velutini, al situar en el centro del debate no solo las condiciones del millonario contrato de su familia con Habba, sino también el interés expresado por el propio mandatario en que parte de esos recursos se destinara a una iniciativa vinculada a su figura.