Una investigación del proyecto Costs of War de la Universidad Brown calculó que las operaciones Southern Spear y Absolute Resolve costaron a los contribuyentes estadounidenses al menos 4.700 millones de dólares entre agosto de 2025 y marzo de 2026. El despliegue naval absorbió más de 3.800 millones. Sin embargo, el monto es parcial y la factura definitiva podría ser considerablemente mayor.
La operación militar desplegada por Estados Unidos en Venezuela, el Caribe y el Pacífico Oriental tuvo un costo de al menos 4.700 millones de dólares entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de marzo de 2026, según una investigación publicada por el proyecto Costs of War, alojado en la Watson School of International and Public Affairs de la Universidad Brown.
El cálculo comprende fundamentalmente dos campañas: Operation Southern Spear —Operación Lanza del Sur— y Operation Absolute Resolve —Operación Resolución Absoluta—, esta última vinculada a la incursión estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
El estudio fue elaborado por Hanna Homestead, analista de investigación del National Priorities Project del Institute for Policy Studies, y Jennifer Kavanagh, investigadora principal y directora de análisis militar de Defense Priorities. Las autoras advierten desde el comienzo que los 4.700 millones de dólares no representan necesariamente el costo definitivo de las operaciones.
La razón es importante: existen categorías para las cuales no hay información pública completa, mientras determinadas operaciones permanecen clasificadas o solo han sido reportadas parcialmente. Además, el cálculo no incorpora obligaciones presupuestarias que pueden extenderse durante años, como los beneficios destinados a veteranos.
El despliegue naval se llevó la mayor parte del dinero
La dimensión más costosa de la operación fue, con diferencia, el despliegue naval estadounidense en el Caribe y las áreas circundantes.
De acuerdo con los cálculos de Homestead y Kavanagh, los gastos se distribuyeron de la siguiente manera:
Despliegue naval: $3.844.461.630.
Despliegue aéreo: $616.320.457.
Fuerzas de Operaciones Especiales: $15.942.269.
Costos auxiliares de Operation Absolute Resolve: $206.683.300.
Municiones utilizadas contra embarcaciones: entre $12,6 millones y $50,4 millones.
Esto significa que aproximadamente 82% de los 4.700 millones estimados corresponde solamente al componente naval, una cifra que permite dimensionar el costo de mantener durante meses una presencia militar estadounidense de gran escala en el área de responsabilidad del Comando Sur.
La investigación advierte además que algunos activos navales y aeronaves permanecieron en la región después del período estudiado y que los ataques continuaron, por lo que la factura acumulada necesariamente supera el corte contable del 31 de marzo de 2026.
Un informe oficial al Congreso confirma cientos de millones en obligaciones
La investigación de Brown no es la única referencia disponible sobre el costo de Southern Spear.
Un informe oficial presentado al Congreso sobre Operation Southern Spear para el período enero-marzo de 2026 registró 527,9 millones de dólares en obligaciones, según datos suministrados por USSOUTHCOM al inspector general. El documento distribuye esos recursos entre la Fuerza Aérea, la Marina, Transportation Command, Marines y Army.
La cifra oficial trimestral no debe confundirse con los 4.700 millones estimados por Costs of War, pues corresponden a metodologías y períodos distintos. Pero constituye una referencia gubernamental relevante para establecer que el sostenimiento de Southern Spear estaba generando gastos por cientos de millones de dólares.
De una misión antidrogas a una operación militar mucho mayor
Southern Spear no comenzó originalmente como la operación que terminaría desarrollándose meses después.
El informe de Costs of War recuerda que la iniciativa comenzó en enero de 2025 como una operación naval orientada a misiones antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico Oriental mediante sistemas robóticos y autónomos.
El contexto cambió con la decisión de la administración de Donald Trump de utilizar la arquitectura estadounidense contra el terrorismo para enfrentar a determinadas organizaciones criminales y carteles.
Según Homestead y Kavanagh, la clasificación de carteles como organizaciones terroristas facilitó el camino político y operativo para una expansión de las fuerzas estadounidenses dentro del área de responsabilidad del U.S. Southern Command y, posteriormente, para la acción militar contra Maduro.
Ese punto constituye una de las transformaciones estratégicas más relevantes del período: la progresiva convergencia entre la guerra contra las drogas y las herramientas desarrolladas durante décadas para la lucha contra organizaciones terroristas.
Absolute Resolve y la captura de Nicolás Maduro
El momento decisivo llegó con Operation Absolute Resolve, la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
El estudio calcula en 206,7 millones de dólares determinados costos auxiliares asociados específicamente con Absolute Resolve. Esa cantidad, sin embargo, forma parte de una arquitectura operacional mucho mayor que ya se encontraba desplegada en la región.
Por ello, interpretar esos $206,7 millones como el costo total de capturar a Maduro sería incorrecto. El cálculo general de Costs of War incorpora meses de presencia naval, operaciones aéreas, fuerzas especiales, municiones y otros recursos que hicieron posible mantener la capacidad militar estadounidense en el teatro de operaciones.
El costo humano: unas 75 muertes durante la incursión
Aunque la investigación está dedicada principalmente al costo presupuestario, sus autoras incluyen una advertencia sobre las consecuencias humanas.
El informe sostiene que la incursión y captura de Maduro durante Operation Absolute Resolve dejó aproximadamente 75 muertes conocidas. Dentro de esa estimación identifica a 32 efectivos cubanos, al menos 23 miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y al menos dos civiles.
Las investigadoras aclaran que el estudio no tiene como objetivo principal calcular las víctimas de las operaciones. Por esa razón, esas cifras deben entenderse como las muertes conocidas recopiladas por las fuentes utilizadas por el informe y no necesariamente como un balance definitivo.
163 muertos en ataques contra embarcaciones hasta marzo
A ese balance se añaden las operaciones contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental.
Según Costs of War, los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones descritas por el estudio como no armadas causaron al menos 163 muertes entre el 2 de septiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.
La administración Trump sostuvo que esas operaciones estaban dirigidas contra organizaciones y redes vinculadas al narcotráfico. El marco jurídico utilizado para ejecutar ataques letales contra presuntos narcotraficantes, sin embargo, abrió un intenso debate en Estados Unidos sobre los límites del poder presidencial, la aplicación del derecho de los conflictos armados y la autoridad constitucional del Congreso.
El informe también registra la muerte de al menos un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegado en el Caribe en febrero de 2026, aunque esa muerte estuvo relacionada con un incidente ocurrido durante el despliegue y no con combate directo.
La controversia sobre la autorización del Congreso
Uno de los elementos políticamente más sensibles del estudio se encuentra fuera de las cifras.
Homestead y Kavanagh señalan que, hasta la fecha de publicación de su investigación, el Congreso no había autorizado específicamente el uso de la fuerza en el Caribe o el Pacífico Oriental y que el Pentágono tampoco había proporcionado públicamente un cálculo integral de los costos de las operaciones relacionadas con Venezuela.
Este punto coloca Southern Spear y Absolute Resolve dentro de una discusión constitucional mucho más amplia en Estados Unidos: hasta dónde puede llegar un presidente utilizando su autoridad como comandante en jefe antes de necesitar una autorización expresa del Congreso para continuar operaciones militares.
La controversia es particularmente relevante porque la misión evolucionó desde operaciones antinarcóticos hacia ataques letales y finalmente hacia una operación dentro del territorio venezolano.
Los $4.700 millones son un piso, no una factura definitiva
Quizás la conclusión más importante del estudio de Brown sea precisamente aquello que todavía no puede calcularse.
Los 4.700 millones de dólares constituyen una estimación mínima.
Las autoras reconocen que faltan datos completos de determinadas categorías, que algunas actividades continúan clasificadas y que existen costos todavía no disponibles públicamente. El National Priorities Project señala que, si pudiera accederse a información integral, la estimación probablemente aumentaría de manera significativa.
Tampoco están incluidos los costos presupuestarios que aparecerán con el paso del tiempo, particularmente las obligaciones relacionadas con veteranos.
La investigación publicada el 23 de abril de 2026 ofrece, por tanto, una primera fotografía financiera de una operación cuya factura todavía estaba creciendo.
Desde agosto de 2025 hasta marzo de 2026, Washington gastó miles de millones de dólares trasladando buques, aeronaves, fuerzas especiales y municiones hacia el Caribe y el Pacífico Oriental. Lo que comenzó como una arquitectura reforzada de lucha contra el narcotráfico terminó convertido en una de las operaciones militares estadounidenses más importantes realizadas en América Latina en décadas.
Y todavía no existe una cifra pública definitiva de cuánto costó.