La Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, celebrará el próximo lunes 20 de julio la audiencia de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador y durante décadas uno de los máximos líderes del Cártel de Sinaloa. La decisión del juez federal Brian M. Cogan pondrá fin a uno de los procesos penales más relevantes de los últimos años contra un jefe histórico del narcotráfico mexicano, después de que Zambada aceptara su responsabilidad penal mediante un acuerdo de culpabilidad suscrito con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Fiscalía federal presentó un memorando de sentencia en el que solicita que el tribunal imponga cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de un decomiso patrimonial por 15.000 millones de dólares, cifra que refleja las ganancias atribuidas a la organización criminal durante décadas de operaciones internacionales de narcotráfico. La petición del gobierno estadounidense sostiene que ninguna otra pena resultaría proporcional a la magnitud de los delitos cometidos ni al liderazgo ejercido por Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.
Los cargos que enfrenta «El Mayo»
La declaración de culpabilidad presentada por Zambada en agosto de 2025 abarca algunos de los delitos más graves contemplados en la legislación federal estadounidense contra el crimen organizado. Entre ellos destaca el cargo de Continuing Criminal Enterprise (CCE), una figura reservada para quienes dirigen organizaciones criminales de gran escala y que, por sí sola, conlleva una pena obligatoria de prisión de por vida. Además, admitió responsabilidad por cargos bajo la Ley RICO, conspiración para traficar cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, así como otros delitos relacionados con la dirección de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional. Como parte del acuerdo, también aceptó un fallo de decomiso por 15.000 millones de dólares.
En su escrito dirigido al tribunal, la Fiscalía sostiene que Zambada fue «uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo» y que, durante décadas, dirigió una estructura responsable del envío de enormes cantidades de cocaína y otras drogas ilícitas hacia territorio estadounidense. Los fiscales afirman que, tras la captura y condena de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Zambada consolidó aún más su posición como principal líder del Cártel de Sinaloa, manteniendo la capacidad operativa de la organización mediante corrupción, violencia y una extensa red internacional de distribución.
La Fiscalía rechaza cualquier trato preferencial
Aunque la defensa ha solicitado que, debido a la edad y al estado de salud del acusado, el Buró Federal de Prisiones lo ubique en un centro médico penitenciario en lugar de una prisión de máxima seguridad, la Fiscalía mantiene que la gravedad de los delitos y el perfil del acusado justifican una condena ejemplar. En su propio escrito, la defensa reconoce que la cadena perpetua es una consecuencia legal obligatoria derivada del acuerdo de culpabilidad y no solicita al juez una pena inferior a la prevista por la ley.
Décadas de corrupción y violencia
El memorando presentado por el Departamento de Justicia dedica varias páginas a describir el funcionamiento del Cártel de Sinaloa bajo el liderazgo de Zambada. Los fiscales sostienen que la organización construyó un sistema de corrupción institucional mediante el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos, policías, militares y actores políticos mexicanos con el objetivo de garantizar la continuidad de sus operaciones. El documento incluso hace referencia al caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, condenado también en la misma corte federal de Brooklyn, como uno de los ejemplos del alcance de la corrupción atribuida al cartel.
Un caso que también genera tensiones diplomáticas
Mientras el proceso judicial entra en su fase final en Nueva York, el caso continúa provocando tensiones entre México y Estados Unidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuestionó públicamente las circunstancias que rodearon la captura y traslado de Zambada a territorio estadounidense en julio de 2024 y afirmó que existen contradicciones entre las versiones ofrecidas por autoridades estadounidenses y la información conocida posteriormente por el gobierno mexicano.
Durante una de sus conferencias matutinas, Sheinbaum sostuvo que resulta necesario esclarecer completamente lo ocurrido y preguntó públicamente «¿quién mintió?», después de que reportes periodísticos señalaran una posible participación del FBI en el operativo, en aparente contradicción con declaraciones previas del entonces embajador estadounidense Ken Salazar, quien había asegurado que Washington no participó directamente en la operación. La mandataria solicitó información formal al gobierno estadounidense para aclarar los hechos y subrayó que el tema involucra la soberanía nacional mexicana.
La acusación de Sheinbaum sobre una supuesta protección al Cártel de Sinaloa
En ese mismo contexto, Sheinbaum formuló una de las declaraciones más polémicas de las últimas semanas al señalar que Estados Unidos habría brindado protección a un grupo del Cártel de Sinaloa pese a haber catalogado a esa organización como terrorista. La presidenta afirmó: «La protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos. Porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección», al referirse a presuntas negociaciones con una de las facciones del cartel. La mandataria reiteró que México celebra la detención de líderes criminales, pero insistió en que cualquier actuación debe respetar la soberanía mexicana y realizarse con plena transparencia entre ambos gobiernos.
Un fallo con impacto más allá del caso Zambada
La sentencia que será dictada el próximo 20 de julio no solo cerrará el proceso penal contra uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa. También consolidará uno de los mayores casos de decomiso patrimonial en la historia del Departamento de Justicia y servirá como referencia para futuros procesos contra dirigentes de organizaciones criminales transnacionales. El monto reclamado —15.000 millones de dólares— supera incluso el decomiso impuesto anteriormente a Joaquín «El Chapo» Guzmán y refleja la dimensión económica atribuida por las autoridades estadounidenses al liderazgo de Zambada dentro del narcotráfico internacional.
La decisión del juez Brian Cogan será seguida de cerca tanto por las autoridades estadounidenses como por el gobierno mexicano. Más allá de la pena que finalmente se imponga, el caso continúa proyectando consecuencias jurídicas, políticas y diplomáticas que trascienden el ámbito penal y mantienen abierto el debate sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad, la soberanía nacional y las estrategias para combatir al crimen organizado transnacional.