Alejandro Betancourt
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, conocido por ser uno de los propietarios de la marca de gafas Hawkers, dentro de una causa relacionada con un presunto esquema de lavado de dinero derivado de operaciones vinculadas a PDVSA. Con información de El País.
La decisión revierte el archivo que había decretado el juez Santiago Pedraz, quien consideró en marzo pasado que los hechos ya habían sido examinados por la justicia venezolana y que no existían elementos suficientes para sostener la existencia de delito.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción española insistió en que todavía existen múltiples aspectos sin aclarar sobre la presunta legitimación de capitales vinculada a un préstamo firmado en 2012 entre la estatal petrolera venezolana PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic, operación que habría generado un presunto fraude de 4.850 millones de dólares.
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Según el criterio de los magistrados de la Sala Penal, las actuaciones adelantadas en Venezuela no habrían analizado específicamente los posibles actos de corrupción y pago de sobornos asociados a esa operación financiera, por lo que consideran que aún existe margen para continuar las pesquisas en España.
La causa se originó tras una solicitud enviada en septiembre de 2024 por la Fiscalía de Zúrich, en Suiza, que pidió colaboración a las autoridades españolas dentro de una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con PDVSA y la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. El expediente fue identificado bajo el nombre de “Operación Bolívar”.
A partir de allí, la Fiscalía Anticorrupción española abrió una investigación centrada en lo que describió como una presunta “operación de saqueo del Estado venezolano” mediante mecanismos financieros ligados al negocio petrolero y operaciones de cambio de divisas.
Las pesquisas se desarrollaron bajo reserva durante varios meses e involucraron, además de Betancourt, a su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, al empresario Francisco Convit Guruceaga y a otras tres personas identificadas como Ana Graciela Convit, Graciela Guruceaga y Lilia-Cristina López.
Los principales investigados han sido vinculados durante años al grupo empresarial conocido en Venezuela como los “bolichicos”, empresarios que acumularon importantes fortunas durante los años de auge petrolero bajo el chavismo.
La Fiscalía sostiene que parte de los fondos presuntamente obtenidos mediante sobornos a funcionarios venezolanos habría sido transferida a España para la compra de bienes muebles e inmuebles, así como para la apertura de sociedades y adquisición de acciones. De acuerdo con las autoridades españolas, los sobornos investigados alcanzarían unos 42 millones de euros.
Anticorrupción también destacó que varios de los exfuncionarios venezolanos presuntamente implicados ya reconocieron hechos de corrupción ante tribunales de Estados Unidos, donde fueron condenados por delitos relacionados con lavado de dinero y corrupción vinculada a PDVSA.
Entre los testigos pendientes de declaración aparecen nombres como Luis Carlos de León, Abraham Ortega Morales, Luis Fernando Vuteff, Álvaro Ledo Nass y Carmelo Antonio Urdaneta, varios de ellos procesados o condenados en Estados Unidos por casos relacionados con corrupción y blanqueo de capitales.
La Fiscalía considera que esos testimonios son fundamentales para determinar si existieron actos de corrupción en Venezuela que posteriormente dieron origen al presunto movimiento de capitales investigado en territorio español.
La Audiencia Nacional concluyó que el cierre de la causa fue “prematuro” y respaldó la petición de Anticorrupción de continuar con la investigación, practicar nuevas diligencias y tomar declaración a los testigos pendientes.