Este viernes un jurado en Miami emitió un veredicto de culpabilidad contra el excongresista estadounidense, David Rivera tras haber sido juzgado por delitos de lobby a favor del régimen venezolano sin haberse inscrito ante las autoridades para operar a favor de un gobierno extranjero.
Durante años, David Rivera cultivó una imagen pública de político republicano duro contra el chavismo, aliado de sectores del exilio cubano-venezolano y cercano a figuras influyentes del Partido Republicano. Pero un jurado federal en Miami concluyó este viernes que, detrás de esa fachada, el excongresista actuó como operador encubierto de una campaña de influencia vinculada al gobierno de Nicolás Maduro.
Rivera y la consultora política Esther Nuhfer fueron declarados culpables de todos los cargos, incluidos actuar como agentes extranjeros no registrados y conspiración para cometer lavado de dinero, en conexión con un contrato de 50 millones de dólares firmado con una filial estadounidense de PDVSA. El juez Melissa Damian ordenó que Rivera quedara detenido tras el veredicto, al considerar que representaba riesgo de fuga por sus recursos económicos, la posible larga condena y otros cargos federales pendientes en Washington.
El caso mostró una de las zonas más sensibles de la política exterior estadounidense, teniendo a Miami como epicentro de exilio, negocios petroleros, sanciones, lobby, influencia extranjera y redes de poder latinoamericano. La fiscalía sostuvo que Rivera fue reclutado por Delcy Rodríguez, entonces canciller venezolana, para usar sus conexiones republicanas y tratar de suavizar la política de Washington frente a Maduro.
La acusación planteó que Rivera y Nuhfer omitieron registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, y ocultaron la verdadera naturaleza de su trabajo. Según los fiscales, el supuesto contrato comercial con PDV USA funcionó como cobertura para una operación política dirigida a “normalizar” relaciones con el régimen venezolano, aliviar sanciones y abrir canales de comunicación con funcionarios de alto nivel en la administración Trump.
El juicio incluyó testimonios de alto impacto: como el del Secretario de Estado, Marco Rubio, Pete Sessions y un importante lobista de Washington. Los interrogados dijeron que desconocían el contrato de Rivera con CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos. Para la fiscalía, Rivera y Nuhfer usaron a figuras políticas como piezas de ajedrez, sin revelarles que detrás de la operación había dinero proveniente del aparato venezolano.
Una de las claves del caso fue la red de comunicaciones. Los fiscales presentaron mensajes de un chat cifrado llamado “MIA”, en el que participaron Rivera y Raúl Gorrín, un corrupto empresario venezolano acusado en EE.UU. (aparece en la lista de los mas buscados por el justicia de los Estados Unidos) por sobornos y lavado. En esos intercambios, según la fiscalía, Maduro era identificado como “el chofer”, Delcy Rodríguez como “la dama de rojo”, Pete Sessions como “Sombrero” y los millones de dólares como “melones”.
Las investigaciones previas de Venezuelapolítica.info y otros medios como el Miami Herald ya habían revelado desde 2020 que Rivera recibió un contrato de 50 millones de dólares de PDVSA y que parte del dinero habría terminado vinculado a Raúl Gorrín. También señalaron que el contrato formaba parte de una estrategia más amplia autorizada por el entorno de Maduro y Delcy Rodríguez, pese a que Rivera sostenía públicamente una línea dura contra el chavismo.
La defensa intentó desmontar la teoría del gobierno alegando que Rivera no trabajaba para Maduro, sino para CITGO, una entidad comercial estadounidense vinculada a PDVSA, y que su objetivo era atraer nuevamente a ExxonMobil a Venezuela. Sus abogados argumentaron que ese tipo de actividad comercial podía quedar fuera de las obligaciones de FARA. También sostuvieron que Rivera buscaba una transición política en Venezuela, no fortalecer a Maduro.
Pero el jurado aceptó la narrativa de la fiscalía, según la cual el contrato petrolero era una fachada, que el dinero se movió mediante acuerdos simulados y que los acusados ocultaron deliberadamente la verdadera naturaleza política de su trabajo. Entre los elementos expuestos estuvo una transferencia de 3,75 millones de dólares a una empresa del sur de Florida vinculada al mantenimiento de un yate de Gorrín.
El caso también conecta con una línea de investigación más amplia que abarca cómo el chavismo intentó usar petróleo, empresarios, intermediarios políticos y operadores en Washington para romper el cerco de sanciones. En el fondo, no se trataba solo de un contrato sino de una arquitectura de influencia destinada a penetrar el sistema político estadounidense desde adentro.
La condena de Rivera marca un golpe simbólico que toca a un político que se presentó durante años como opositor frontal al régimen venezolano y terminó condenado por trabajar secretamente para intereses asociados al mismo poder que decía combatir. El juicio dejó al descubierto una contradicción devastadora entre discurso público, dinero privado y operaciones encubiertas de influencia extranjera.
Este veredicto no cierra la historia, sino que por el contrario, abre una nueva fase. Rivera enfrenta ahora sentencia, posibles apelaciones y otros procesos pendientes. Pero el mensaje judicial ya quedó escrito: y es que en Washington y Miami, el lobby extranjero no declarado puede ser tratado no como simple maniobra política, sino como una amenaza directa a la transparencia del sistema democrático estadounidense.