La investigación judicial sobre el rescate de Plus Ultra sumó este viernes un nuevo capítulo con la detención en Aruba del empresario peruano Luis Felipe Baca Arbulu, uno de los nombres que aparece en el núcleo financiero de la causa por presunto blanqueo de capitales vinculada a la aerolínea. Distintos medios españoles y peruanos informaron que el arresto se produjo a petición de la Audiencia Nacional y que Baca Arbulu habría expresado su disposición a facilitar su extradición a España para colaborar con la justicia.
La detención se produce en un momento especialmente delicado para el caso. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama asumió recientemente la competencia para instruir la causa y mantiene el secreto de las actuaciones, después de que un juzgado de Madrid se inhibiera al considerar que la dimensión internacional de la investigación superaba el ámbito de un juzgado ordinario.
Luis Felipe Baca Arbulu no aparece como un actor periférico. Según la información publicada en diciembre de 2025, el empresario concedió a finales de 2020 un préstamo de 1,2 millones de euros a Plus Ultra en uno de los momentos de mayor asfixia financiera de la compañía, cuando necesitaba liquidez urgente para pagar nóminas y sostener su actividad antes de que se aprobara el rescate público de la SEPI, que finalmente ascendió a 53 millones de euros en marzo de 2021.
Ese préstamo es hoy uno de los movimientos que observan los investigadores. La sospecha de fondo es que algunas de las financiaciones privadas concedidas a la aerolínea entre finales de 2020 y comienzos de 2021 pudieron funcionar como préstamos puente de origen opaco, que luego habrían sido reembolsados con dinero limpio procedente del rescate estatal. Esa es una de las hipótesis que figura en la documentación remitida por las autoridades de Suiza y Francia, que pidieron cooperación judicial a España en 2024.
La causa también examina la red societaria articulada alrededor de los hermanos Baca Arbulu. La documentación mercantil y las pesquisas difundidas en los últimos meses sitúan a Luis Felipe Baca y a su hermano Enrique en el impulso de varias mercantiles en España, entre ellas Trowbridge, Lagundri y Kaimana Capital, todas relacionadas con operaciones de intermediación o negocio inmobiliario y domiciliadas en Madrid. Una de esas sociedades, Trowbridge, amplió capital hasta 970.000 euros después de haber sido constituida con el mínimo legal.
La investigación también ha puesto el foco en movimientos patrimoniales en Francia, donde los hermanos habrían utilizado estructuras radicadas en España para adquirir al menos una vivienda en Hossegor, un extremo que llevó a Anticorrupción a apuntar a un posible esquema de lavado. A la vez, las pesquisas mencionan una sociedad en el Reino Unido, creada en 2020 y disuelta poco después, y examinan operaciones financieras que, según las autoridades suizas, encajarían en una organización dedicada al lavado “a gran escala” de fondos procedentes de Sudamérica, sobre todo de Venezuela.
El germen del procedimiento no nació en España, sino en la cooperación internacional. Según la reconstrucción publicada por El País, la Fiscalía Anticorrupción recibió en 2024 solicitudes de auxilio judicial del Parquet National Financier francés y de la Fiscalía de Ginebra, que investigaban una supuesta organización criminal dedicada a blanquear dinero desviado desde Venezuela. Parte de esas pesquisas apuntaba a un posible uso indebido del rescate de Plus Ultra para dar apariencia lícita a fondos vinculados a negocios del oro y a programas estatales venezolanos.
Esa derivada internacional desembocó en una causa secreta en España, con registros en viviendas de Madrid, Tenerife y Mallorca, y con una primera oleada de detenciones el 11 de diciembre de 2025. Aquel día fueron arrestados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli; un abogado madrileño; y el empresario Julio Martínez Martínez, cuyo vínculo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero colocó el caso en el centro del debate político.
La causa dejó de ser un asunto puramente financiero cuando apareció el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación encontró pagos de la aerolínea a sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez, entre ellas Análisis Relevante, una consultora que a su vez pagó cerca de 463.000 euros al expresidente por trabajos de consultoría. Zapatero compareció en el Senado para negar cualquier intervención en el rescate y defendió la legalidad de esos ingresos.
Sin embargo, una de las piezas más sensibles del sumario es un supuesto documento localizado por la UDEF que fijaría una comisión del 1% del rescate para Martínez Martínez si las gestiones salían adelante. La existencia y validez de ese contrato sigue siendo uno de los puntos que pueden marcar el rumbo penal del caso cuando se levante el secreto.
Aunque la detención de Baca Arbulu responde a la rama financiera del caso, el expediente no puede separarse del origen societario de Plus Ultra. Investigaciones previas ya habían documentado que la aerolínea dio un giro decisivo cuando entraron en su capital los empresarios venezolanos Rodolfo Reyes y Raif El Arigie, que llegaron a controlar más del 50% a través de Snip Aviation. Esos mismos trabajos señalaban los vínculos empresariales de Reyes con Camilo Ibrahim, figura habitual del empresariado venezolano con intereses en retail y otros negocios dentro y fuera de Venezuela.
La importancia de ese bloque venezolano fue clave para explicar el desembarco de Plus Ultra en la ruta Caracas-Madrid, en un momento en que muchas otras aerolíneas abandonaban el mercado venezolano por la crisis económica y la deuda acumulada del país con el sector aéreo.
Empresas liquidadas y movimiento de fichas
Otro dato que alimenta las sospechas es que, a medida que avanzó la investigación, algunos de los implicados comenzaron a liquidar sociedades en España. The Objective y Vozpópuli informaron de la disolución en cadena de varias firmas ligadas a los hermanos Baca Arbulu desde mediados de 2025, un movimiento interpretado por los investigadores y por parte de la prensa como una posible maniobra defensiva ante el avance del caso.
Lo que le viene ahora a Luis Felipe Baca Arbulu
La detención de Luis Felipe Baca Arbulu en Aruba le da un impulso visible a una investigación que hasta hace poco avanzaba en silencio. Si se concreta su extradición a España, la Audiencia Nacional podrá interrogar a uno de los financistas que aparecen en la fase previa al rescate y contrastar su versión con la documentación remitida desde Suiza, Francia y España.
Por ahora, la causa sigue bajo secreto, pero el rompecabezas empieza a dibujarse con mayor nitidez: préstamos privados previos al rescate, sociedades de escasa actividad real, conexiones internacionales, dinero venezolano bajo sospecha y una aerolínea cuya supervivencia estuvo sostenida primero por capitales opacos y después por fondos públicos. La captura de Baca Arbulu no cierra ese círculo. Más bien lo estrecha.