La comparecencia de Sebastián Enrique Marset Cabrera ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia, abre un nuevo capítulo en una investigación que las autoridades estadounidenses describen como un esquema de narcotráfico y lavado de dinero a escala industrial, con ramificaciones financieras que conectan Sudamérica, Europa y el sistema bancario estadounidense.
Según el expediente federal, el presunto líder del entramado criminal habría utilizado intermediarios financieros y estructuras empresariales para transformar ganancias del narcotráfico —obtenidas principalmente en euros en Europa— en transferencias internacionales canalizadas a través de bancos corresponsales en Estados Unidos, una práctica que permitió al gobierno estadounidense reclamar jurisdicción sobre un caso esencialmente transnacional.
La audiencia inicial celebrada el 16 de marzo de 2026 marca el inicio público del proceso judicial contra el ciudadano uruguayo, quien enfrenta un cargo federal por conspiración para cometer lavado de dinero bajo el estatuto 18 U.S.C. § 1956(h). Si fuera declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, además de un amplio proceso de decomiso de activos presuntamente vinculados a las operaciones ilícitas.
Una comparecencia que abre el caso en EE. UU.
Marset compareció por primera vez ante un tribunal federal en el Distrito Este de Virginia tras ser trasladado a Estados Unidos luego de su arresto en Bolivia días antes.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, el acusado habría dirigido una organización de narcotráfico capaz de movilizar miles de kilogramos de cocaína, con cargamentos que podían alcanzar hasta 10 toneladas por envío, destinados principalmente al mercado europeo.
Sin embargo, el enfoque de la acusación federal no se centra únicamente en el tráfico de drogas, sino en el flujo financiero generado por esa actividad.
Los fiscales sostienen que millones de dólares derivados de ventas de cocaína en Europa fueron introducidos en el sistema financiero global y posteriormente lavados mediante transferencias internacionales que pasaban por bancos estadounidenses.
Ese punto resulta clave para la jurisdicción del caso: al menos una de las transferencias señaladas en la acusación habría sido procesada a través del servidor de un banco corresponsal ubicado en Richmond, Virginia, dentro del mismo distrito judicial donde ahora se desarrolla el proceso.
El eslabón financiero: el rol del “Capitán”
Uno de los elementos centrales del expediente es la figura de Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, identificado por los fiscales como el principal operador financiero del esquema.
Santoro, un presunto lavador de dinero con base en Paraguay, ya fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de su participación en la red.
De acuerdo con los fiscales federales, Santoro utilizó múltiples empresas, cuentas bancarias y facturación falsa para disfrazar el origen de los fondos, transfiriendo millones de dólares desde Europa hacia Sudamérica mediante operaciones que pasaban por instituciones financieras estadounidenses.
La condena previa del operador financiero fortalece la narrativa de la fiscalía, que presenta el caso como una conspiración estructurada entre traficantes y especialistas financieros dedicados a blanquear ganancias del narcotráfico internacional.
La mecánica del lavado: euros, mensajeros y bancos corresponsales
La acusación federal describe una mecánica financiera relativamente sofisticada.
Según los fiscales, los co-conspiradores utilizaban mensajeros y “tokens” de verificación para entregar grandes sumas de efectivo procedentes de la venta de cocaína en Europa. Ese dinero, generalmente en euros, era colocado inicialmente en bancos europeos.
Posteriormente, las transferencias eran dirigidas —a menudo bajo instrucciones específicas atribuidas a Marset— hacia cuentas o empresas controladas por la organización. Muchas de esas operaciones se realizaban en dólares estadounidenses, utilizando el sistema de banca corresponsal que permite a bancos extranjeros realizar transacciones a través de instituciones en Estados Unidos.
El expediente señala que en un solo episodio ocurrido en enero de 2021, Marset habría tenido derecho a recibir más de 17 millones de euros derivados de un cargamento de cocaína. Parte de esos fondos, al menos 5 millones de euros, habrían sido lavados mediante transferencias que tocaron el sistema financiero estadounidense.
Jurisdicción estadounidense en un caso global
Aunque las actividades criminales descritas en la acusación se habrían desarrollado en múltiples países —incluidos Bélgica, Países Bajos, Portugal, Paraguay y Chile—, la conexión con el sistema financiero estadounidense permitió al gobierno federal presentar el caso en Virginia.
Este tipo de procesos refleja una estrategia creciente del Departamento de Justicia: perseguir organizaciones criminales internacionales mediante el uso del sistema financiero estadounidense como punto de entrada jurisdiccional.
En otras palabras, incluso cuando las operaciones físicas de narcotráfico ocurren fuera del territorio estadounidense, el uso del dólar o de bancos corresponsales en EE. UU. puede ser suficiente para abrir un expediente penal federal.
El peso de la cooperación internacional
El caso también revela la dimensión internacional de la investigación.
Autoridades estadounidenses han señalado la cooperación de fuerzas de seguridad bolivianas, así como la participación de agencias como DEA, Europol y unidades del Departamento de Estado.
La captura de Marset en Bolivia y su posterior traslado a Estados Unidos fue resultado de esa coordinación multinacional. Además, el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.
La defensa aún no muestra sus cartas
Hasta el momento, la defensa de Marset no ha expuesto públicamente su estrategia jurídica.
En casos de lavado de dinero transnacional, los abogados suelen concentrarse en varios frentes: cuestionar la jurisdicción estadounidense, disputar la trazabilidad de los fondos y atacar la evidencia financiera o testimonial presentada por la fiscalía.
Otro posible punto de litigio es la conexión territorial con Virginia, especialmente si las transferencias señaladas fueron procesadas automáticamente por sistemas bancarios sin intervención directa del acusado.
La batalla por el dinero: decomiso y sentencia
Más allá de la cuestión de culpabilidad, el proceso también podría convertirse en una disputa sobre activos.
La acusación incluye un aviso de decomiso que permitiría al gobierno confiscar bienes vinculados al delito o, si estos no pueden localizarse, bienes sustitutos equivalentes en valor.
En casos de lavado de dinero, el decomiso puede alcanzar cuentas bancarias, propiedades, inversiones e incluso activos ubicados fuera de Estados Unidos si pueden ser vinculados a la conspiración.
Un proceso que apenas comienza
Con la audiencia inicial celebrada en Virginia, el caso entra ahora en una etapa en la que se definirán mociones preliminares, disputas de evidencia y posibles negociaciones entre las partes.
Por ahora, los hechos presentados por la fiscalía siguen siendo alegaciones. Bajo el sistema judicial estadounidense, el acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
Sin embargo, el expediente ya deja claro que el gobierno estadounidense pretende utilizar este caso como ejemplo de su estrategia para perseguir el narcotráfico internacional a través de las rutas del dinero, incluso cuando ese dinero cruza apenas por un instante el sistema financiero de Estados Unidos.