#Corrupto “Seudoprocurador” de Guaido habría incurrido en “prácticas corruptas” según leyes gringas por fraude a PDVSA
Documentos judiciales de Estados Unidos, a los que LaTabla tuvo
acceso, confirman que el “seudoprocurador” José Ignacio Hernández
González, designado por Juan Guaidó, actuó como experto de la defensa de
varias empresas de combustibles involucradas en un prolongado fraude
comercial contra Pdvsa.
La información sob
Éste fraude, develado en marzo de 2018 (aunque la investigación comenzó en 2017), pudo causar pérdidas por montos de entre 5 mil y 13 mil millones
de dólares desde el año 2004, según los datos de una demanda civil en
el Sur del estado de Florida y otra penal en Ginebra.
La historia
del fraude volvió a la agenda pública en la última semana por un
polémico artículo publicado por el portal PanAmPost, que apunta
fundamentalmente a la supuesta relación de la empresa Helsinge
(organizadora del desfalco) con el partido Acción Democrática, así como
con su máximo líder, Henry Ramos Allup. Sin embargo, los hechos alcanzan
a muchos otros actores, tanto individuales como corporativos.
Esta es la tercera vez que Hernández González aparece actuando como
“experto”, avalando las solicitudes en contra de la República.
Previamente se conocieron los casos, no menos graves de Crystallex y
Owen Illinois, en los que actuó en las acciones que procuraban
cuantiosas indemnizaciones contra Venezuela por expropiaciones
calificadas como ilegales.
En esta oportunidad el jurista
aparece ofreciendo su testimonio que sirvió a la juez Alice Otazo-Reyes
para decidir que para la legislación venezolana la figura del
fideicomiso era ilegal. Si bien el dictamen se divulgó a principios de
marzo de 2019 (cuando Hernández ya era “procurador”), el informe fue
presentado en agosto de 2018.
Vale detallar que a través de la empresa Helsinge Inc, fundada en 2004 en Panamá por el extrabajador de
Pdvsa Leonardo Baquero (despedido en el sabotaje de 2002 y 2003) y el
broker Francisco Morillo, se organizó una gigantesca trama de
corrupción con pérdidas millonarias para la estatal petrolera.
El
mecanismo consistió en manipular precios, amañar licitaciones y
eliminar a la competencia, así como robar información altamente
confidencial, para lo cual “clonaron” los servidores de Pdvsa con un
servidor espejo instalado en la sede de Helsinge en Miami.
De
esta manera se favoreció un grupo de empresas poderosas (42 según la
investigación) comercializadoras de crudo y combustibles, vinculadas a
grandes corporaciones mundiales que tuvieron acceso a información
confidencial (en perjuicio de otras empresas pequeñas), lo que les
permitió ganar licitaciones en procesos de compra de petróleo y venta
de derivados, y además atentar contra el patrimonio de Pdvsa.
Todo este robo de información lo logró Helsinge con la colaboración del
experto informático y trabajador de PDVSA, Luis Liendo, quien
proporcionó acceso remoto a las órdenes de compra y venta y ofertas que
presentaba la vicepresidencia de Comercialización y Suministros de
Pdvsa.
Tras descubrirse la trama de corrupción, el Estado
demandó a las 42 empresas, entre las cuales están Lukoil Petroleum LTD,
Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG y Colonial Oil Industries.
Con ese fin se creó en 2017 el fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust,
con la autorización del ministro de Petróleo de entonces, Nelson
Martínez y el aval del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza, y la
participación operativa de la firma de abogados estadounidenses Boies
Schiller Flexner.
La acción judicial, presentada en el Tribunal
de Distrito del Sur de la Florida, derivó en una moción por parte de
las empresas para descalificar el fideicomiso que fue encomendada para
su resolución a la juez Alicia Otazo-Reyes.
Por su parte la
oposición venezolana encomendó a los abogados Carlos Ramírez López y
Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República y quien se encuentra
prófuga de la justicia, acudir a la Corte Federal del Distrito Sur del
estado de la Florida a fin de impugnar la legitimidad de la actuación
del procurador Reinaldo Muñoz Pedroza.
El argumento esgrimido fue
que había un nuevo gobierno en Venezuela y que el gobierno de los
Estados Unidos reconocía era al nuevo procurador, es decir a José
Ignacio González Hernández.
Previamente, aunque en el mismo
contexto político surgió la decisión de la Asamblea Nacional que, bajo
la presidencia de Omar Barboza, en abril de 2018 calificó como
inconstitucional el fideicomiso y prácticamente abrió las puertas para
que la administración de justicia estadounidense desconociera cualquier
actuación del verdadero procurador venezolano.
Con esto se
buscaba que no fuese aceptada la validez del fideicomiso Pdvsa US
Litigation Trust, lo que estaba en correspondencia con los intereses y
el deseo de las empresas demandadas por el fraude en perjuicio del
estado venezolano.
Es bueno recordar que el abogado Hernández
González, estrechamente vinculado con el equipo de Ricardo Hausmann y
con empresas Polar, forma (o formó) parte del bufete Grau, García,
Hernández & Mónaco que hace algunos años defendió a Empresas Polar
en una investigación de Cadivi debido al uso de documentos falsos o
forjados para tramitar divisas y liquidar importaciones.
Es
decir, una persona que se supone que fue designado en ese cargo (así
sea ilegal) para defender los intereses de la República, resulta que
tiene un historial que siempre lo ubica del lado de la contraparte.
En este caso, la decisión de la juez Otazo-Reyes (publicada en marzo
de 2019) se basó en los argumentos expuestos en su informe por el
profesor Hernández González, quien es identificado como “experto legal
de Venezuela.”
En el dictamen de la juez Otazo-Reyes también se
hace referencia al conocido argumento de Hernández que considera a PDVSA
cómo un simple instrumento del Estado. Éste argumento fue el que
permitió acciones de embargo por parte Crystallex y, eventualmente, de
Owen Illinois.
Y también se hizo público un extracto fotografico
de la transcripción de la comparecencia de Hernández en el tribunal.
El representante de la corte presenta a José Ignacio Hernández al
abogado del fideicomiso, David Boies y lo describe como experto en
derecho de Venezuela, particularmente derecho de constitucional,
administrativo y mercantil y en regulación petrolera venezolana para
ver si no tenía ninguna objeción.
Tras eso otro abogado de
apellido Lennon, a través de una pregunta, dejó constancia qué el
experto se encontraba en el litigio requerido por compañías como
Lukoil, Colonial, Glencore, Vitol y Trafigura entre otras.
Otra vez del lado del “enemigo”…
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