En 2015 el entonces mayor del Ejército, Elías Plasencia Mondragón, se ganó “un premio”: el cargo de agregado militar de la embajada de Venezuela en Reino Unido. Así el régimen le recompensaba sus buenos oficios en la instrucción en tribunales militares del caso del llamado Golpe Azul, una supuesta conspiración en el seno de la Fuerza Aérea, así como otras encomiendas, delicadas y clave para el gobierno, como la firma de la sentencia por corrupción fabricada contra el exministro de la Defensa, Raúl Baduel, quien fallecería en prisión en 2021.
El incentivo resultó más efectivo de lo esperado. Ya en Londres, Plasencia expandió sus actividades más allá de las propias de un agregado militar. Constituyó en jurisdicción británica al menos tres empresas: Nakatomi Ltd, DG&G Ltd y Real Estate Paradise Ltd. Aunque llamativo, el lance empresarial no comportaba ilegalidad alguna, pues el reglamento para agregados militares en el exterior, vigente entonces y desde 2007, no prohíbe expresamente esta actividad.
Este reciente mes de septiembre de 2024, Tarek William Saab, el Fiscal General chavista nombrado por la írrita Constituyente de 2018, ataviado con un mono de la marca Columbia estampado de camuflaje, juramentaba a Plasencia Mondragón, ahora coronel, como nuevo Fiscal General Militar.
Entre una y otra designación se mantiene inalterable una evidencia: la de la disposición del gobierno de Nicolás Maduro para retribuir sus servicios.
Y hay otro vínculo, menos evidente.
El pequeño emporio corporativo en Inglaterra brinda pistas sobre las conexiones actuales del oficial del Ejército con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente desde donde se urdió la confabulación que permitió a Nicolás Maduro ratificarse como presidente de Venezuela en las elecciones del reciente 28 de julio, a la sombra de unos muy cuestionados resultados oficiales.
A toda máquina (electoral)
En aquellas gestiones para registrar compañías en Reino Unido, Plasencia Mondragón contó con el acompañamiento de un amigo: Luis Daniel Ramírez Gil, su nombre. Se trataba de un ingeniero en informática que había sido Director de Automatización del CNE y que, ya por fuera del ente comicial, descubrió su vocación para los negocios privados.
Plasencia Mondragón y Ramírez Gil constituyeron en Londres, el 24 de junio de 2016, la empresa Real Estate Paradise Ltd. Ese mismo día, Plasencia incorporó otra persona jurídica, Nakatomi Ltd, aunque con socios distintos, siempre venezolanos: el abogado Gustavo Eduardo Valero Rodríguez y Mauricio German Viera Vetancourt, un ingeniero de sistemas enfocado en el sector petrolero, según su perfil de LinkedIn.
Desde 1999, Ramírez Gil intervino en la gestión informática de al menos 16 elecciones y referendos nacionales, regionales y municipales. Pero aún más importante, según aseguran fuentes consultadas por Armando.info para esta historia, ha tenido el mérito, fuera y dentro del CNE, de mantenerse cercano a varios rectores principales, como Jorge Rodríguez, Tibisay Lucena y Carlos Quintero.
Carlos Quintero Cuevas, también militar, con 20 años en el CNE, en las elecciones del 28 de julio, ya como rector del ente, fue fundamental en la trama del 28 de ulio. Detenta además un poder no oficial, como lo es su ascendencia sobre Ex-Cle, la empresa argentina que proveyó el software con que funcionan las máquinas electorales, a la que dirige de manera remota pero a menudo también in situ, en la sede de la compañía en la urbanización Santa Eduvigis del noreste de Caracas.
Con este último, eminencia gris detrás del sistema de votaciones, Ramírez Gil forjó una amistad desde 2012. Luego siguió ligado al CNE, aunque no como funcionario sino como contratista. Sus relaciones en la jerarquía y conocimiento de las tripas del sistema electoral tuvieron que servirle como decisivas ventajas comparativas a la hora de obtener adjudicaciones del CNE.
Ramírez Gil supo, más temprano que su eventual socio, Plasencia Mondragón, que su futuro estaba en la iniciativa privada. En 2011 constituyó en Panamá las empresas Apollo System & Technology Inc. y Orion System & Technology Inc., de las que solo la primera sigue activa.
En sus orígenes, ambas compañías compartían una amplia, más que vaga, razón de ser: comprendía desde la importación y exportación de toda clase de bienes hasta la compra de otras compañías o inmuebles.
Pero una tercera compañía que en 2017 Ramírez Gil registró también en Panamá, Quicksoft Inc, tuvo un objeto más preciso: la comercialización de “tecnología digital, información robótica y cibernética” e inversiones.
Es la misma línea de negocio en Portugal tiene la empresa Cipherselection, también registrada a nombre de Ramírez Gil. A su vez, Cipherselection forma parte de la junta directiva de Star Asset Holdings OÜ, una empresa creada en 2024 en Estonia, uno de los países bálticos, y cuyo beneficiario final es el propio Luis Daniel Ramírez Gil.
Las fuentes consultadas afirman que el CNE adjudicó a Ramírez Gil la compra de las nuevas máquinas de votación que reemplazaron en 2020 a las que se perdieron en el incendio de los galpones del ente comicial en Filas de Mariche, un sector industrial y popular al este de Caracas. “Fue poco lo que se pudo rescatar”, se limitó a ofrecer como saldo del siniestro la entonces rectora-presidente del CNE, Tibisay Lucena, quien fallecería en abril de 2023.
Como un indicio significativo de las peripecias que Ramírez Gil protagonizaba para el CNE, luce la contratación por su parte, el mismo año del incendio, de los servicios de Eliminalia. Esta, una empresa española de gestión digital de reputación -un rótulo que se traduce la eliminación del historial incómodo de sus clientes en la web- se hizo célebre por asistir a figuras de la autodenominada Revolución Bolivariana y de la boliburguesía en el lavado de imagen.
Ramírez Gil no quería dejar rastros para los internautas. Así que contrató a Eliminalia para desindexar contenido en la web con fines reputacionales, lo que equivale a eliminar datos potencialmente incriminadores para posibles investigaciones judiciales, periodísticas, o relacionados con el due dilligence bancario. En el poder que para ello otorgó a la empresa española, que se encuentra entre los documentos a los que Armando.info tuvo acceso en 2023 como parte de la serie Story Killers, el exfuncionario del CNE daba una dirección en Caracas.
Fiscal contragolpista
Aunque la única conexión documentada en el plano de los negocios entre Ramírez Gil y Plasencia Mondragón es la empresa Real Estate Paradise de Reino Unido, las fuentes coinciden en que el empresario, el nuevo fiscal general militar y el rector del CNE se conocen y conforman una tríada en los hechos.
Plasencia Mondragón es quien agrega un perfil político a la terna. En la jurisdicción de justicia militar ha cumplido el rol de fiscal acusador en casos que contenían importantes elementos de escarmiento e intimidación en favor de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. No solo fueron los del Golpe Azul y Baduel, sino además otros como la llamada Operación Jericó y un presunto plan de magnicidio que involucró a un funcionario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
En un régimen de genética castrense, como el chavista-madurista, fue inevitable que la justicia militar adquiriera especial relevancia. Pero esto se agudizó desde las protestas de 2017, cuando se hizo común la práctica de llevar a civiles en rebeldía ante esa jurisdicción, estructuralmente deficiente -”la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música”, decía Clemenceau- y vulnerable a los dictados del Poder Ejecutivo.
El proceso judicial del general Raúl Isaías Baduel, también excomandante del Ejército y valedor militar de Hugo Chávez para restaurar a este en el poder tras el golpe de abril de 2002, fue otro de los procesos judiciales que Plasencia Mondragón condujo como fiscal militar. En el Consejo de Guerra del 12 de julio de 2010 suscribió la sentencia que condenó al alto oficial chavista a siete años y 11 meses de prisión bajo cargos de sustracción de fondos y efectos de las Fuerzas Armadas, abuso de la autoridad y delitos contra el decoro militar.
En lo que respecta al Golpe Azul, el reconocido periodista Nelson Bocaranda, en una columna de 2015, reveló que Plasencia Mondragón, ya entonces destacado en Londres, fue llamado para ayudar a preparar el guion por el que los acusados rindieron declaración.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José de Costa Rica, reposa el expediente del caso Revilla Soto Vs. Venezuela. Allí se determinó la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de los derechos de Milton Gerardo Revilla Soto, mayor del Ejército en situación de retiro, durante su detención y proceso penal en 2010, por el que fue acusado por delitos contra la seguridad de las Fuerzas Armadas, espionaje y traición a la patria, cargos de los que solo prosperó el primero.
Cuando Revilla Soto cumplía labores militares en la zona del Catatumbo venezolano, en la frontera con Colombia, entre los años 2000 y 2002, la unidad a su mando logró desarticular el aparato logístico en territorio nacional del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre los hallazgos de la operación, el oficial consiguió evidencias de un vínculo entre la insurgencia colombiana y miembros de cuerpos de inteligencia chavistas, lo que no le valió un reconocimiento sino la persecución desde el gobierno, de acuerdo a los documentos del expediente ante la OEA. El 15 de febrero de 2012 fue condenado a seis años de prisión y apeló el caso, aunque los recursos jurídicos fueron rechazados.
En su libro 30-A: Día en que Nicolás Maduro pudo caer, el exsubdirector de la División de Contrainteligencia Militar (Dgcim), general Manuel Christopher Figuera, hoy en el exilio, cuenta que el fiscal militar Plasencia Mondragón no tuvo pudor alguno en llevar ese caso de modo que se convirtiera en un verdadero calvario judicial para Revilla Soto. De acuerdo a Figuera, todo el expediente “fue un montaje”. Y es el mismo exalto oficial quien califica en esas páginas como “un premio” la agregaduría militar en Londres, concedida a Plasencia Mondragón a raíz de su desempeño en la causa.
El caso entró a la CIDH el 9 de mayo de 2022, solo después de que la justicia ordinaria venezolana no consiguiera demostrar que había garantizado los derechos del imputado en un debido proceso. Es uno de los pocos casos que siguieron su curso en la jurisdicción interamericana luego de que el gobierno de Nicolás Maduro decidió sacar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su sistema.
En 2018, bajo acusaciones de complotar para cometer un magnicidio contra Nicolás Maduro, fueron detenidos los civiles Abdel Gerardo García Brito, un exgerente de Aduanas; Beagles Ovadis Alvarado, Yosner José Palma y Pedro Emilio Sanabria. Se les procesó en un tribunal militar por conspiración y traición a la patria, y para formular la acusación los fiscales castrenses se sirvieron de un informe preparado por Elías Plasencia Mondragón, quien se desempeñaba como Fiscal Superior Militar en Caracas.
A la vista del público, la trayectoria de Elías Plasencia Mondragón como fiscal militar ha estado empañada con denuncias que, sin embargo, no entorpecieron su ascenso a la máxima posición del sistema de justicia castrense. Tras bambalinas y al mismo tiempo, se hizo de aliados estratégicos en su paso por los negocios.
Tomado de Las conexiones con el CNE le hacen brillar los soles al Fiscal General Militar del chavismo