Durante el transcurso del año 2022, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera, estuvo en el centro de la controversia al recibir un alud de un millón 661 mil 814 denuncias por parte de la ciudadanía. Pese a la magnitud de las acusaciones, el 81,7% de estas, equivalentes a un millón 357 mil 427 casos, fueron descartados sin iniciar siquiera un procedimiento investigativo preliminar. Este hecho marcó un precedente alarmante en el camino hacia la impunidad, desatendiendo la esencial misión constitucional de investigar y perseguir el crimen que reposa sobre la entidad.
Una fuente interna de la Fiscalía, que prefirió mantener su anonimato, criticó duramente esta práctica, aseverando que “Barbosa y Mancera han desestimado por completo la función constitucional investigativa de la entidad”. Además, indicó que la persecución del crimen ha sido relegada a un segundo plano, limitándose únicamente a los casos que cuentan con el respaldo de amigos o jefes políticos vinculados a la administración actual, incluso involucrando bandas criminales.
Una justicia selectiva y sus consecuencias
El diario La Nueva Prensa reflejó las palabras de un fiscal que ha sufrido persecución por rehusarse a participar en actividades ilícitas solicitadas por Barbosa, Mancera o sus delegados. Según este testimonio, “Un país sin justicia es un país sin paz”, haciendo referencia a la desesperación de los ciudadanos al verse obligados a tomar la justicia por su propia mano ante la inacción estatal.
El archivo de investigaciones de alto perfil
Fuentes confiables dentro de la Fiscalía han revelado que entre los casos desechados se encuentran investigaciones de gran envergadura y resonancia internacional. Tal es el caso del escándalo ODEBRECHT, que implicaba a Gina María Parody D’echeona, exministra de Educación Nacional, y su familia. La defensa de Parody estaba a cargo de Ángela María Buitrago Ruíz, una de las tres candidatas actuales a la Fiscalía General. Este caso fue archivado por Gabriel Ramón Jaimes Durán, alto funcionario de la entidad y conocido internamente como uno de los “sicarios judiciales” del despacho.
Otro archivo de gran significado fue el del empresario Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, relacionado con delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, propietario de las empresas beneficiadas con el contrato Ruta del Sol II. Este último poseía un interés preponderante en apoderarse de la concesión de la navegabilidad del río Magdalena, cuya relevancia en el transporte de mercancías supera al terrestre, aéreo y férreo. La investigación, identificada con el número 110016000000202100392 y fechada el 26 de febrero de 2021, fue también clausurada sin mayores explicaciones.
Archivos personales y familiares en la cúspide de la Fiscalía
En una trama que toca las esferas más altas de la Fiscalía, se encuentra el archivo del caso CUI No. 110016000102202200242, concerniente a Walfa Constanza Téllez Duarte, esposa de Barbosa. Téllez Duarte fue señalada por contratar con una empresa a la que previamente había ejercido control fiscal, siendo delegada de la Contraloría General de la República. Este asunto quedó en manos de Javier Fernando Cárdenas Pérez, fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien también es señalado por entorpecer el caso contra Uribe Vélez por compra de testigos.
Martha Mancera, por su parte, no se quedó atrás en cuanto a controversias; no solo archivó investigaciones contra su persona por narcotráfico, sino también dio carpetazo a las que involucraban a su hermano, Alexander Suárez Mancera. Alexander, quien pasó de técnico de computadores a fiscal delegado tras un curso breve, fue acusado de ingresar ilegalmente al sistema de información de la entidad (SPOA) para obtener datos personales de ciudadanos investigados de manera ilícita, beneficiando a criminales de diversa índole. El caso, registrado bajo el CUI No. 110016000101201900064, fue archivado por Néstor Armando Novoa Velásquez, subalterno de Mancera.
La vicefiscal y el archivo de sus propios casos
En un giro aún más sorprendente, Martha Mancera procedió a archivar todas las investigaciones penales existentes en su contra, previo a asumir el rol de fiscal general encargada tras el retiro vacacional de Barbosa el pasado 20 de diciembre. Se especula que su estancia en el cargo podría extenderse, derivado de un presunto pacto secreto entre Barbosa y algunos magistrados de la Corte Suprema. Cabe destacar que su período finaliza el 12 de febrero de 2024. Uno de los casos que Mancera archivó fue el CUI No. 110016000102202100220, relacionado con un delito de prevaricato por omisión fechado el 4 de diciembre de 2023, y cuyo archivo estuvo a cargo de Hernán Suárez Delgado, Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por una supuesta “atipicidad de la conducta”. Sin embargo, fuentes internas contradicen esta versión, sosteniendo que las pruebas apuntan a la falsedad de tal afirmación.
El panorama descrito por estos hechos pinta una imagen desalentadora de la justicia en Colombia, donde la impunidad parece ser la norma y las investigaciones de corrupción de alto nivel son sistemáticamente relegadas al olvido. Este reportaje devela una estructura donde el acceso a la justicia parece medirse por la cercanía al poder, dejando a la ciudadanía en un laberinto de desconfianza y desesperanza.
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