Un gran jurado federal de Miami acusó formalmente a Maikel José Moreno Pérez, de 57 años, expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela y actual juez del mismo tribunal, de conspirar para lavar y lavar sobornos que recibió a cambio de usar su cargo para resolver casos civiles y penales en Venezuela para favorecer a los sobornadores.
Según los documentos de acusación penal, como presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Moreno tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela porque tenía la autoridad para determinar el panel de jueces que escucharían casos en el Tribunal Supremo y el poder para nombrar o destituir a menores. jueces de los tribunales de primera instancia y de apelación en Venezuela. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019, reseñó la fiscalía federal para el Distrito Sur de Florida.
Se alega que Moreno recibió más de $10 millones de dólares en sobornos, generalmente de contratistas venezolanos que habían recibido contratos de entidades estatales venezolanas. En 2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió $1 millón mediante transferencias electrónicas a su cuenta bancaria personal en Miami de un contratista venezolano. Este dinero fue para acordar resolver futuros casos penales venezolanos a favor de este contratista.
Durante su mandato en el Tribunal Supremo, Moreno recibió sobornos a cambio de influir en acciones en casos penales, incluida la desestimación de cargos penales y órdenes de arresto o la orden de confinamiento domiciliario para los acusados, según los documentos de acusación penal. Moreno recibió sobornos de un contratista acusado en los Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara un caso penal venezolano. También recibió sobornos a cambio de tomar acciones oficiales en casos civiles venezolanos. Estuvo de acuerdo en autorizar la incautación judicial de una planta automotriz de General Motors (valuada en aproximadamente $100 millones) como parte de una disputa civil a cambio de un porcentaje de participación en las ganancias de la venta de la planta, se alega. Mantuvo un libro de sobornos que rastreaba millones de dólares en sobornos entrantes y gastos personales.
Moreno presuntamente usó los ingresos de los sobornos para comprar o renovar bienes inmuebles en todo el mundo, incluida una villa en la Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una villa de lujo en La Romana, República Dominicana, por $1,5 millones, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por $1,3 millones, y un apartamento en Miami por $1,3 millones. También usó las ganancias de los sobornos para comprar automóviles, artículos de lujo, viajes de lujo y más de $300,000 para una actuación musical en su boda.
La acusación acusa a Moreno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de encubrimiento de lavado de dinero y dos cargos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Los cargos de lavado de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años y los cargos de participar en transacciones en bienes derivados de actividades delictivas conllevan cada uno una sentencia máxima de 10 años.
Una acusación es solo una acusación y se presume que el acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.
El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida Markenzy Lapointe y el Agente Especial Interino a Cargo Michael E. Buckley, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Oficina de Campo de Miami, hicieron el anuncio.
HSI Fort Lauderdale, El Dorado Task Force-South investigó este caso. El Fiscal Federal Auxiliar Michael N. Berger lo está procesando y el Fiscal Federal Auxiliar Marx P. Calderón se encarga del decomiso de activos.
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