El 1 de mayo del año 2020, la pareja de venezolanos conformada por Jheam Frank Campos Alvarado y Nerimar Yeila Sánchez Machuca, creyeron estar haciendo el negocio de su vida, cuando Raúl Antonio Ojeda Rondón les propuso conformar una sociedad en Venezuela para lanzar al mercado el Carvativir, unas “gotas milagrosas” que servirían supuestamente para curar la COVID-19. Posteriormente, el propio Nicolás Maduro pediría “tomarlas con fe″ a quienes esperaban curarse de la enfermedad.
Ojeda Rondón les manifestó a Campos Alvarado y a Sánchez que necesitaba fondos para financiar el “proyecto científico” y que no contaba con un socio, porque nadie creía en él. Allí comenzó la historia que mantiene en la cárcel a Jheam Frank Campos Alvarado y a Nerimar Yeila Sánchez, quienes fueron sentenciados a cuatro años de prisión.
Ahora la propiedad del Carvativir aparece a nombre del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Estado venezolano le retiró a Jheam Campos y a Nerimar Sánchez la propiedad intelectual del Carvativir.
Para la familia de la pareja Campos Sánchez es increíble lo que ocurrió el 17 de noviembre de 2020, cuando a Sánchez la presionaban para que renunciara a los derechos de la marca y que vendiera sus acciones. Jheam Campos y Nerimar Sánchez fueron detenidos, acusados de delitos de los que no mucho se conoce hasta ahora. Primero los mantuvieron incomunicados mientras les decían que podían conseguirles una medida cautelar a través del tribunal y la fiscalía que lleva su caso. Jheam Campos fue presionado para que renunciara a la condición de presidente de la empresa, a favor de su socio. A la pareja se les dio a entender que la decisión de su caso no dependía exclusivamente del juez del Tribunal, sino de personajes mucho más poderosos.
Antes de su detención en Venezuela, Jheam Campos y Nerimar Sánchez solo tenían en avance la adaptación de un medicamento natural con propiedades altamente curativas. La pareja le aportó a su socio el capital para la primera y segunda fase de desarrollo del medicamento, quedando solo pendiente una tercera fase. El socio se comunicaba con ellos para pedirles el capital y costear cada una de las fases.
La familia de la pareja denunció las arbitrariedades. Los Campos Sánchez tienen cuatro hijos menores de edad, dos de ellos apenas de 4 y 6 años. Los menores han sido víctimas de la situación, pues han sido separados de sus padres, quienes fueron condenados a cuatro años de prisión, por las ambiciones de su socio, Raúl Ojeda Rondón, quien en algún momento apareció como científico. Los hijos de la pareja han sido otras víctimas de los acontecimientos, al haber sido separados de sus padres.
El contrato laboral de exclusividad y confidencialidad entre Ojeda Rondón y la sociedad mercantil Miami Customs and Accessories C.A., identificada con el Registro de Información Fiscal (RIF) N° J-29606828-3, fue representada en este acto por Yeila Sánchez Machuca. Las partes acordaron el 10 de septiembre de 2020 la compra-venta de las acciones de la empresa Miami Customs and Accessories C.A., cuyo nombre fue cambiado al de Laboratorio Farmacológico de Venezuela C.A. (Labfarven), quedando como propietarios Raúl Ojeda Rondón, con el 50% de las acciones y Jheam Frank Campos Alvarado, con el 50% restante, según consta en el Registro Mercantil.
Posteriormente el 14 de septiembre de 2020, fue firmado un convenio de cooperación interinstitucional entre en el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y Laboratorio Farmacológico de Venezuela C.A. (Labfarven), cuyo objeto era profundizar específicamente la tercera fase del ensayo clínico del antiviral Carvativir.
El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología le entregó a Jheam Campos Alvarado 180.000 euros en efectivo correspondientes a una solicitud de desembolso realizada el 1 de octubre de 2020, destinados al proyecto de desarrollo de la tercera fase del ensayo clínico del Carvativir. Según el acta de entrega de efectivo, en la cadena de custodia de la DGCIM, tienen 92.800 euros, pero no permitieron que los abogados tuvieran acceso a las facturas de las pruebas de laboratorio que les realizaron a los pacientes que formaban parte del proyecto de desarrollo del antiviral.
Amigos cercanos y familiares de los Campos Sánchez se han enterado ahora, que cuando fueron detenidos Jheam Campos Alvarado y su esposa Nerimar Sánchez Machuca, un capitán conocido como “Santiago”, adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) sacó a Sánchez de la celda y la amenazó para que le firmara una carta donde ella renunciaba a sus derechos sobre la marca del Carvativir, pues de lo contrario “sufriría las consecuencias”. Alias “Santiago” le dijo: “¿Tu eres arrecha o qué te pasa? ¿Me vas a poner condiciones? Piensa en tus hijos Nerimar porque no los volverás a ver”. Después alias “Santiago” sacó a Jheam Alvarado para que convenciera a su esposa de firmar, pero él se negó. Desde entonces, la pareja ha sido coaccionada de distintas maneras, presenciando también tratos crueles e inhumanos contra otras personas detenidas en la DGCIM, quienes eran torturadas y regresadas a sus celdas, ensangrentadas y adoloridas, sin proporcionarles agua o alimentos.
La familia de la pareja relata que el 8 de noviembre de 2020, funcionarios de la DGCIM, a la orden del teniente coronel Alexander Gramko Arteaga, detuvieron a Jheam Campos Alvarado y a su esposa Nerimar Sánchez. Posteriormente el 16 de noviembre del mismo año, la pareja fue presentada ante un tribunal por presuntos delitos de peculado doloso propio, según el Artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción.
Alexander Gramko Arteaga
Gramko Arteaga fue sancionado en 2019 por el Departamento del tesoro de Estados Unidos, acusado de ser responsable de la tortura y posterior muerte del capitán de corbeta de la Armada venezolana, Rafael Acosta, de 50 años, quien había sido arrestado por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado. El militar es señalado de contar con privilegios como funcionario de inteligencia, que le permiten cambiar de look, teñirse el cabello o la barba o intimar en Venezuela con personajes vinculados a la oposición, algunos de ellos de tendencia LGBT.
Alexander Gramko Arteaga
Gramko fue también vinculado con la muerte, en enero de 2018, de Óscar Pérez, policía que se había pronunciado contra el Gobierno madurista.
Más de la historia
Cuando el 14 de octubre de 2020 Nicolás Maduro dijo que “las gotitas milagrosas van directo para que te las tomes con fe. El cuerpo te queda fino, te elimina la COVID-19″, casi nadie sabía que detrás de eso se oculta una historia sórdida, que llevó a que tres semanas después los que financiaron el Carvativir fueran detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Para el 24 de enero de 2021, cuando Maduro anunciaba formalmente la presentación de las llamadas gotas milagrosas, a la pareja Campos Alvarado y Sánchez Machuca ya le habían quitado la propiedad intelectual del producto y solo aparecía el ingeniero químico Raúl Antonio Ojeda Rondón.
El 1 de mayo de 2020, la pareja Jheam Frank Campos Alvarado y Nerimar Yeila Sánchez Machuca, creyeron en que harían un gran negocio cuando Raúl Antoio Ojeda Rondón les propuso la sociedad del Carvativir, planteándoles que necesita recursos para financiar ese proyecto científico, y no tiene un socio que lo financie porque nadie cree en él. Ahí empezó la historia que mantiene en la cárcel a la pareja y sentenciados a cuatro años de prisión, según relató a Infobae un familiar “cansado de callar”, reseñó la Sebastiana Barráez en Infobae.
“Ahora eso aparece, por obra y gracia, a nombre de Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El mismo Estado les quitó, a Jheam y a Nerimar, la propiedad intelectual”.
“Ellos tienen abogados, pero en el Tribunal de Terrorismo lo que te dicen claramente es que el juez no es autónomo para decidir, quien decide es arriba. Al terminar las conclusiones les desestiman boicot, cambiaron asociación por agavillamiento y les mantuvieron peculado doloso propio. Todo eso sin que la Fiscalía entregara experticia contable”.
“En octubre de 2020, en las instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), en presencia del representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, le entregan a Campos Alvarado 180 mil euros en efectivo, correspondiente a la solicitud de desembolso del 1 de octubre de 2020, correspondiente al proyecto Desarrollo de la Fase III del Ensayo Clínico del Antiviral denominado Carvativir, según Acta de Entrega de Efectivo.
Familiares y amigos se han enterado ahora que “cuando secuestran a Jheam y a su esposa, el capitán Santiago de la DGCIM, sacó a Nerimar de la celda y la amenaza para que le firme una carta donde ella renunciaba a sus derechos sobre la marca del Carvativir, porque de lo contrario sufriría las consecuencias. Ella se negó y alias Santiago le dijo: ‘Tú si eres arre…, me vas a poner condiciones. Piensa en tus hijos Nerimar porque no los volverás a ver’. Después sacó a Jheam de su celda para la convenciera de firmar, pero él se negó”.
El 21 de agosto de 2020, Laboratorio Farmacológico de Venezuela (Labfarven) solicita inscripción y registro del Carvativir ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante solicitud número: 020-005857, Tramitante/Agente: Jheam Frank Campos Alvarado.
Como todo lucía prometedor, “el 29 de octubre de 2020, mudaron a Labfarven para la urbanización San Bernardino de Caracas, para culminar con los estudios de la Fase III. Ahí es cuando Raúl Antonio Ojeda Rondón, se relaciona con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para quitarles la empresa a Jheam Frank Campos Alvarado y Nerimar Yeila Sánchez Machuca”.
Familiares de la pareja relatan que “el 8 de noviembre de 2020, funcionarios de la Dgcim, a la orden del teniente coronel (GNB) Alexander Granko Arteaga, detienen a Jheam y Nerimar. Ocho días después, el 16 de noviembre los presentan ante el Tribunal de Terrorismo por presuntos delitos de peculado doloso propio, según el artículo 54 de la Ley contra la corrupción, boicot previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Precios Justos, y asociación prevista y sancionada en e la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”.
El 27 de mayo de 2021 se celebró la audiencia preliminar en el Juzgado Segundo de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, el cual acordó mantener la privativa de libertad contra Campos Alvarado y Sánchez Machuca, y el pase a juicio oral y público.
“Ya evacuados cada uno de los órganos de prueba el juez de juicio envió una minuta a la Sala Penal del TSJ indicando: visto que el Ministerio Público no pudo demostrar la culpabilidad de los ciudadanos Jheam Frank Campos y Nerimar Sánchez Machuca, por la comisión de los delitos de peculado doloso, boicot y asociación, y no se pudo verificar efectivamente la presunta comisión de los delitos antes mencionados, se puede establecer que no existe responsabilidad penal para condenar a los acusados”.
“Sabe usted que Bárbara Rojas, secretaria de la Sala Penal, mediante llamada telefónica, conversó con el Juez y le indico que la doctora Elsa dijo que debían condenarlos por un delito a sabiendas que no existe responsabilidad penal de los acusados”.