Una casta empresarial hizo cumbre en el hotel Humboldt

La
habitación-museo número 101 del hotel Humboldt, el tótem de 15 pisos de altura
que desde mediados de los años 50 domina Caracas sobre la cumbre del cerro El
Ávila -o Waraira Repano, como lo
rebautizó el régimen chavista en su pretensión indigenista-, intenta recrear el
aspecto que el cuarto tuvo en su debut, en tiempos de la dictadura del
general Marcos Pérez Jiménez.

Entre el
mobiliario de época, junto a un par de maletas de cuero y piel típicas de las
películas de entonces, cuadradas y con broches a presión, en las que los
turistas solían adherir calcomanías de los destinos visitados a manera de un
pasaporte o recuento de sus travesías, yace un par de botines negros para
patinar sobre hielo.

La
historia que cuentan en la visita guiada asegura que los objetos fueron
abandonados por huéspedes de la época y resguardados desde entonces y durante 40
años por «el señor Paco», el guardián del
Humboldt, un hombre que vivió en el hotel haciendo las veces de guardia y
que se mantuvo vigilante hasta su muerte, en 2008.

“¿Aquí
había pista de patinaje?”, es la pregunta que surge de inmediato. El guía
responde con un anuncio para aclarar que, más que a una reliquia, la pregunta apunta
al futuro inmediato: «La pista de patinaje está abajo en el parque y ahorita
estamos en mantenimiento para volver a activarla”.

El hotel
Humboldt es más que un hotel. Es un complejo de entretenimiento. Además de las
instalaciones de alojamiento, gastronomía y casino que ya funcionan en la torre,
comprende también el sistema teleférico, desde su estación de partida en
Maripérez -en el centro norte de Caracas- hasta la terminal en la cima de El
Ávila, así como los locales de comida rápida, restaurantes y quioscos de
suvenires asentados a orillas del bulevar que conduce desde allí al hotel. Todo
esto va en camino de ser asignado a la empresa Operadora Turística Humboldt 1956, que se
propone agregar también la pista de patinaje, actualmente en remodelación, a sus
haberes.

¿Qué es
Operadora Turística Humboldt 1956? Es otra de las múltiples fachadas mercantiles
de la familia Ceballos, uno de los contratistas predilectos de la administración
de Nicolás Maduro.

¿Y quiénes son los Ceballos? Se trata de un grupo familiar
que, desde finales de la década de los años 70, se había dedicado a la
construcción de obras civiles para el Estado venezolano al amparo de diversas
personas jurídicas y, desde el año 2000, con Inversiones Alfamaq como su
empresa principal. En el Sistema Nacional de Contrataciones públicas no es
difícil notar que la experiencia de los Ceballos se había desarrollado hasta
2007 fundamentalmente en el área de construcción de planteles educativos, como
proveedores de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) del
Ministerio de Educación.

Los
indicios a partir de ese año muestran una diversificación de sus servicios y de
su cartera de clientes, que empezó a incluir a otros entes del Estado, como la
poderosa estatal petrolera PDVSA.

Desde
entonces han participado en la recuperación de colosos como el Poliedro de
Caracas y otra obra adyacente que data del perezjimenismo, el Hipódromo de La
Rinconada. También se apuntaron en su hoja de servicios los acueductos manejados
por Hidrocapital (Tuy I, II y III), Hidrocaribe (en Anzoátegui) e Hidrolago
(sistema Tulé-Manuelote-Tres Ríos en el estado Zulia), así como otros proyectos milmillonarios y de envergadura en términos de
ingeniería civil, incluida la construcción, dilatada y todavía en marcha, del
tramo que volverá a conectar a Caracas con
las playas del litoral central, bajando desde la cima de El Ávila por su
vertiente norte hasta La Guaira.

Desde que
en 2014 los Ceballos se encargaron del proyecto, iniciaron en simultáneo una
especie de colonización del cerro, emblema de Caracas. Primero con Alfamaq, que
aún sin contar con experiencia en sistemas de teleféricos, ha logrado tener el
protagonismo en estos trabajos; luego, desde finales de 2019, con Operadora
Turística Humboldt 1956, empresa con la que se encargan -tras bastidores- de
manejar las actividades del imponente hotel que vigila al valle de Caracas desde
la cima. Y más recientemente, desde finales de 2020 con esta misma empresa,
llevan adelante un intento por administrar todo el sistema teleférico que une a
Caracas con la cumbre del Ávila y su enlace con el Humboldt.

La
operación del hotel Humboldt le fue concedida a los Ceballos en 2019. Fue una
decisión adoptada por Félix Plasencia (actual embajador en China y acompañante
de la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante su polémica escala en el aeropuerto
de Barajas de Madrid, en enero de 2020) cuando estuvo al frente del ministerio
de Turismo y Comercio Exterior (Mincoex).

El hotel Humboldt, obra del arquitecto Tomás José Sanabria, fue declarado Bien de Interés Cultural de la nación en el año 2009. Foto: Armando.info.

Los rayos verdes

La
apertura del casino y la celebración de festejos fastuosos inevitablemente
llamaron la atención, entre finales de 2019 y en 2020, ya en pleno confinamiento por la
pandemia, sobre la actividad en el hotel. Desde entonces ha sido Luis Semprún
Van Grieken quien ha dado la cara al público por el hotel como su gerente
general. Pero en realidad quienes figuran como accionistas de Operadora
Turística Humboldt 1956 son otros: Roberto Meinhardt Iturbe y Luis Alberto
Hernández Abreu, este último un viejo conocido en la familia Ceballos, pariente y socio de
Alejandro Andrés Ceballos Cevallos, el hijo mayor de Alejandro Jesús Ceballos
Jiménez, economista de 63 años que lidera desde hace varios años el grupo de
empresas familiar.

En
noviembre de 2019, apenas cuatro días después de haber concretado todos los
trámites administrativos para el registro comercial de Operadora Turística
Humboldt 1956, llegó la primera gran convocatoria: “por todo lo alto” invitaban
a la pre-inauguración del Casino Humboldt para el martes 10 de noviembre. No
sería la única celebración. Hubo segunda y tercera invitaciones para el
primer torneo de póker con participación en dólares, el 17 de noviembre, y otra
cita con las cartas el 4 de diciembre.

La ocasión
representaba un desmentido al cierre de bingos y casas de juego que Hugo Chávez
había ordenado en 2011. El propio Nicolás Maduro bendijo el giro de 180 grados
en la política oficial durante una alocución televisada en enero de 2020:
anunció que en el casino del Humboldt se apostaría en divisas y en petros, la
criptomoneda diseñada por su gobierno.

La
discreción con la que se otorgó la concesión no sería la característica del
inicio de actividades del hotel. Los caraqueños lo supieron la noche del 14 de
diciembre de 2019. Un festival de haces de luz láser alumbró el valle capitalino
desde la torre cilíndrica del hotel. Los rayos verdosos atravesaban la nitidez
de esa noche de temporada navideña, en competencia algo sacrílega con la modesta
cruz que tradicionalmente se enciende en esa temporada en el cerro El Ávila, y perturbando la paz del
parque nacional que desde 1958 abarca la montaña y toda la muralla de la
Cordillera de la Costa que separa a Caracas del mar Caribe.

El
espectáculo fue recogido en historias de Instagram y compartido en las redes casi en tono de confidencia. Pronto se
confirmaría, tras una verificación del portal Es Paja, que la excepcional fiesta con invitados VIP
fue organizada por el restaurante El Cine, con sede en El Hatillo, un suburbio
semicampestre al sureste de Caracas. Cinco días después, el propietario de El
Cine, Alejandro Suegart, falleció en un accidente aéreo junto a ocho personas
más cuando regresaba a Caracas desde
Guasipati, zona
minera del estado Bolívar, en el sur del país.

Aquella
ostentación fue el preámbulo del programa de visitas guiadas al hotel (con un
costo de entre 30 y 60 dólares) que convoca ahora a todo el que desee ser parte
del quién-es-quién de la capital de la autodenominada Revolución Bolivariana. El
recorrido permite revivir glorias pasadas y conocer el meticuloso trabajo de
restauración que se hizo en la edificación durante siete años.

También
marcó el inicio de la aparición, cada vez más frecuente, de Semprún Van Grieken
en medios, con quien no fue posible hablar para este
reportaje.

Carlos
Salas, director de Operaciones, Banquetes y Eventos del hotel Humboldt, sí
aceptó conceder una entrevista. Según Salas, en noviembre de 2019 decidieron
hacer un soft opening del hotel. Es
decir, un inicio de actividades controlado, sin grandes volúmenes de visitas
para probar servicios, con clientes a puerta cerrada, eventos privados, visitas
guiadas para un máximo de 15 personas, comidas dirigidas, todo con reservación
previa. Solo a partir de diciembre de 2020, cuando obtuvieron de manera oficial
la categoría de hotel de cinco estrellas, lo abrieron a la opción de hospedaje, a un
costo de 300 dólares por noche, iniciando con 22 habitaciones de las 70
disponibles.

Salas hace
notar que no tiene nada de raro que el Estado otorgue a privados la concesión de
un hotel para su manejo; de hecho, recuerda, esa es desde 2017 política de
Venetur (Venezolana de Turismo, empresa del Estado encargada de las operaciones
turísticas). En el caso del Humboldt, la concesión fue otorgada a la cadena
Marriott en 2018 pero, siempre según el relato de Salas, “a mediados de 2019
Marriott no lo ve viable, por montones de variables que estaban sucediendo en el
país, y devuelve la concesión. Y allí se vuelve a ofertar a diferentes actores
hoteleros”. Salas lo dice con conocimiento de causa: asegura haber trabajado
durante años para Marriott y ser el desarrollador del concepto del Humboldt para esa cadena. “Mi experticia
es abrir hoteles”, recalca.

Luego fue
contactado por los representantes de Operadora Turística Humboldt 1956 para que
terminara de desarrollar el concepto del hotel con ellos, como los nuevos
autorizados. Otro tanto ocurrió con Luis Semprún Van Grieken, quien también
tiene amplia experiencia en el sector turístico, en la cadena Marriott, y en su
carácter de expresidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV) y
de aerolíneas como la desaparecida Santa Bárbara Airlines
(SBA).

A pesar de
que le confiaron tamaña responsabilidad, Salas afirma que no conoce quiénes son
sus verdaderos empleadores.

De constructores a hoteleros

Las
identidades de los socios accionistas, según aparecen en los registros
mercantiles, son las que permiten entender quiénes están detrás del hotel. Por
cierto, lejos están de ser expertos hoteleros.

Luis
Alberto Hernández Abreu, tenedor del 75% de las acciones y presidente de la
Operadora Turística Humboldt 1956, creada con un capital de 22.000 dólares de
acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela para la fecha en
2019, representa los intereses de Alejandro Andrés Ceballos en el negocio.

De ambos
se puede decir que son casi primos: Luis Alberto es sobrino de Nelson Ceballos
Jimémez, al ser hijo de una de las hermanas de su esposa, Zhereyda Abreu. Nelson
era tío de Alejandro Andrés, y segundo hermano en la estirpe de los Ceballos
Jiménez. Murió en febrero de 2008 en un accidente aéreo, cuando la avioneta
privada en la que viajaba se precipitó a tierra a mitad de camino en un viaje de
Valencia, en el centro del país, a Puerto Ordaz, en el sur, sobre la intersección de los
ríos Orinoco y Caroní.

Nelson y
Zhereyda fueron los fundadores de Inversiones Alfamaq en enero del año 2000.
Ella sigue en la directiva de la empresa con un pequeño porcentaje de acciones
junto a su sobrino, Alejandro Andrés, y su padre, al menos según los últimos
movimientos de la empresa registrados en 2019. Hoy Alfamaq es la principal
empresa del Grupo 7C, nombre que deriva de los seis hermanos Ceballos y de su
madre, Maura Betty Jiménez de Ceballos. De hecho, por Alfamaq han pasado todos
ellos como accionistas y directivos.

Adicionalmente, Luis Alberto Hernández y
Alejandro Andrés Ceballos han compartido obras en proyectos de construcción,
cada uno con sus empresas. De las nueve compañías vinculadas a Hernández, seis
tienen que ver con el sector construcción y solo dos se mantienen activas: Grupo
1324, destinada a la construcción de drenajes y acueductos e instalación de
tuberías de alumbrado, gas, agua, oleoductos y arrendamiento de inmuebles; y
Constructora X99, con experticia en obras de ingeniería, arquitectura y
construcciones en general. De acuerdo con la información recopilada en el
Registro Nacional de Contratistas (RNC) y sus sistema de contrataciones, Grupo
1324 ha sido cliente de Constructora X99 y de Inversiones Alfamaq, lo que se
traduce en una pequeña alianza comercial que quedó en familia. 

Tanto Luis Alberto Hernández Abreu como Roberto Meinhardt Iturbe tienen experiencia en el sector de la construcción, no en hotelería y turismo.

Ambos
llegaron a compartir acciones en una empresa adicional, registrada en el estado
Anzoátegui, en el oriente del país, llamada Transportes NFC, C.A y sin actividad
comercial desde hace varios años.

Fue creada
en 2006 para prestar servicios de transporte de todo tipo, desde ejecutivos
hasta colectivos (traslados masivos) y de maquinaria pesada. Apenas constituida,
ingresó al programa de Empresas de Producción Social (EPS) promovido por la
estatal PDVSA, una vía ideal para convertirse en sus proveedores.

En
Transportes NFC, C.A. también aparecían como socios otras cuatro personas,
además de Hernández y Ceballos: el hermano del primero, Luis Enrique, y un primo
de Ceballos llamado Manuel Ricardo Alonso Ceballos, respectivamente, y otra
persona cercana a la familia llamada Henry John Gilbert Van Grieken, quien ha
sido apoderado de Inversiones Alfamaq en casos judiciales; el cuarto, Zelim
Avendaño Pérez, llegó a tener cierta notoriedad pública por una denuncia de
corrupción diez años después, a la larga desechada.

Avendaño
Pérez ocupó el cargo de director general de la Alcaldía de Barcelona (capital de
Anzoátegui, municipio Simón Bolívar, en la costa noreste de Venezuela) a partir
de 2013 y fue presidente de la empresa estatal Kamacuto, encargada por la
municipalidad para ejecutar las obras del complejo turístico “Barcelona Caribe”
o “La gran Barcelona”, proyecto que contemplaba la construcción de canales
navegables, pero que no llegó a nada.

Este
proyecto y la venta de terrenos municipales para su desarrollo turístico fueron
llevados ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, entonces de
mayoría opositora, en julio de 2018. Presumían algunos diputados que en la venta
de los ejidos municipales para el proyecto se  podían verificar actos de presunto
lavado de dinero y corrupción. En el caso también estaría involucrada
Inversiones Alfamaq de la familia Ceballos, al tratarse de la empresa encargada
de ejecutar parte del proyecto.

La
denuncia fue presentada en su momento por el entonces diputado del partido
Primero Justicia (PJ) por el estado Anzoátegui, Richard Arteaga, quien hoy
integra la llamada «fracción Clap» o grupo de Los Alacranes, como la opinión
pública dio por llamar a los diputados que intercedieron ante autoridades
internacionales en
favor de Alex Saab, el principal factor comercial y presunto testaferro de
Nicolás Maduro, y que luego protagonizaron una rebelión parlamentaria contra la
dirección oficial opositora. Con los meses la denuncia fue desestimada, así como
las demás investigaciones llevadas por el parlamento sobre Alejandro Ceballos
Jiménez, líder de Alfamaq y del Grupo 7C (vinculadas con el Proyecto Guaire y
con el desvío de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana
que fueron depositados en una cuenta de Gazprombank en una sucursal en
Líbano). 

Vínculos dorados

Las otras
dos compañías que completan las nueve vinculadas a Luis Alberto Hernández ya se
alejan del sector construcción y obras civiles. Una es, por supuesto, la
mencionada Operadora Turística Humboldt 1956. Esta compañía tiene su contraparte
en el estado de Florida, en Estados Unidos: Promotora HH 1956 Corp. Se trata de
la receptora de los pagos en divisas que generan varias de las actividades del
hotel Humboldt.

Hay que
decir que entre sus accionistas no resaltan los mismos apellidos del entorno de
la familia Ceballos, pero el agente registrador que hizo los trámites para
crearla, Michael Ortiz, P.A., resulta conocido.

Es la
misma firma que registró en Florida a Jesús & Yorky Productions INC, cuyo
director era Alejandro Andrés Ceballos (el nombre de Jesús corresponde al del hermano menor de Alejandro, quien hasta 2018 exploró su faceta de cantante de
reguetón y música urbana con Yorky). 

El agente también se encargó de hacer
algunos trámites entre 2017 y 2018 del Grupo 7C Racing Stable Corp, otra de las
compañías de la familia Ceballos, en este caso en Florida y dedicada a la compra
de caballos purasangre para su competición en hipódromos como el Gulfstream Park
en Hallandale Beach. En Venezuela su equivalente es el haras Urama, en el estado
Yaracuy, donde cruzan y crían a los caballos de carrera enviados desde Florida y
los entrenan para competir en La Rinconada, el hipódromo del sureste de Caracas,
pues los Ceballos son también una familia aficionada al
hipismo.

La otra
compañía de Luis Alberto Hernández alejada de las obras civiles es Inversiones
Aurum 19. Se trata de una de las tantas empresas que han llegado a los registros
mercantiles del estado Bolívar, al sur de Venezuela, a partir del anuncio de
creación del Arco Minero del Orinoco, proyecto extractivista anunciado por
Nicolás Maduro en febrero de 2016. Inversiones Aurum 19 fue constituida en
diciembre de ese año con el propósito de suscribir alianzas estratégicas con el
Estado en actividades de explotación de oro y demás minerales estratégicos.

El perfil
de la empresa resulta llamativo si se toman en consideración los vínculos
familiares de sus accionistas (Luis Alberto Hernández y su hermano, Luis
Enrique) y la presencia que ya ha tenido la familia Ceballos en la zona minera
del estado Bolívar.

En una
reciente investigación publicada por Armando.info con el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), como parte de la
filtración de los llamados FinCEN Files, se reveló que en 2016, justo tras la entrada en
vigencia del Arco Minero del Orinoco, Alejandro Ceballos Jiménez se acercó a la
canadiense Gold Reserve, interesado en invertir en ella. Compró 10% de las
acciones en mayo de ese año y tres meses después la canadiense regresaría
formalmente a Venezuela (había sido expulsada por Hugo Chávez en 2009, tras dar
por terminada la concesión) al firmar acuerdo con el gobierno venezolano para la
explotación aurífera al sur de Bolívar, una zona conocida por ellos desde
principios de 1990, cuando llegaron a Las Claritas. La firma de esa alianza
estratégica con la administración de Nicolás Maduro fue motivo de celebración en
Caracas, en la residencia de la familia Ceballos en Alto Hatillo, con los
representantes de Gold Reserve entre los
invitados. 

De tal palo

Alejandro
Andrés Ceballos se ha labrado un camino en el sector empresarial al igual que su
padre, pero con mucha más discreción y sin apariciones públicas. Además de ser
accionista de Inversiones Alfamaq, es el socio principal de Proyectos y
Construcciones 1128, con la que ha participado en obras estatales de casi los
mismos entes a los que le ha trabajado Alfamaq: la Fundación de Edificaciones y
Desarrollos Educativos (FEDE), los ministerios de Vivienda y Ambiente, el
Gobierno del Distrito Capital (para la recuperación de escuelas), la Fundación
Che Guevara y Fundación Barrio Nuevo Barrio Tricolor.

Una
transacción calificada como sospechosa por la unidad de inteligencia financiera
(FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro en Washington
DC, que involucró a la Fundación Che Guevara y a Petróleos de Venezuela (PDVSA),
puso a la familia Ceballos, particularmente a padre e hijo, bajo la lupa del
sistema financiero estadounidense.

Se trataba
del proyecto de Misión Vivienda Colinas de San Francisco de Yare, un complejo de
1.540 apartamentos que sería construido por Pdvsa. Sarleaf Company, empresa de
la familia Ceballos en Londres, fue la seleccionada para ejecutar las obras pero
esta, a su vez, subcontrató a Inversiones Alfamaq, quedando todo como un rulo en
los negocios familiares. La jugada enrevesada, así como el origen y destino de
los fondos públicos venezolanos fue vista con reticencia por las autoridades de
la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo (BES), pues la cuenta bancaria a
nombre de Sarleaf Company fue abierta como fondo de inversión familiar y para
recibir transacciones de la Fundación Che Guevara, no de la estatal petrolera
venezolana.

Al final
el reporte de actividades sospechosas involucró un monto de unos 262 millones de
dólares, por presentar transacciones bancarias atípicas como movimientos
entrantes y salientes apenas se recibían los fondos, envíos a países de alto
riesgo como Suiza, envíos de pequeños montos a cuentas personales de la familia
y en particular 44 millones de dólares a cuentas de dos empresas de Alejandro
Andrés Ceballos: 22 millones tuvieron como destino Sidon Enterprise, una
compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y el resto a una entidad
panameña con cuenta bancaria en Suiza, Wexford Services, dedicada a la
importación y exportación de productos para el sector construcción. Finalmente
la cuenta bancaria de Sarleaf Company en el BES fue cerrada en enero de 2014, un
año y cuatro meses después de haber sido activada.

La Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro advirtió sobre transacciones sospechosas vinculadas a la familia Ceballos, sobre todo con empresas de Alejandro Andrés, como puede leerse en el reporte.

En aquel
momento, Alejandro Ceballos, hijo, no respondió la solicitud de entrevista
enviada por Armando.info y el ICIJ; como tampoco lo ha hecho para este reportaje. Sus negocios se
extienden a empresas que no han tenido la necesidad de ofrecer sus servicios al
Estado venezolano, como Aero Global Corp, que se dedica a la gestión y
contratación de vuelos chárter; El nido del halcón, ubicada en un sector de El
Hatillo del mismo nombre, con helipuerto incluido, y creada con el propósito de
organizar actividades de arte y entretenimiento; una compañía de actividades
inmobiliarias llamada Inversiones Faluel 1507 (el accionista mayoritario es
Proyectos y Construcciones 1128, también de Ceballos hijo); y otra que
desarrolla proyectos de ingeniería civil llamada Constructora Menecon
2013.

Aunque el
trabajo de Inversiones Alfamaq fue escrutado en 2015 por el “Cuerpo de
Inspectores Socialistas” adscrito a la Vicepresidencia de la República, por el
mismo proyecto de San Francisco de Yare que llegó al Departamento del Tesoro
estadounidense, las conclusiones que advertían el sobreprecio de la obra y de la
irregularidad del pago en divisas de un contrato ejecutado por una empresa
venezolana con empleados venezolanos no impidieron que Alfamaq avanzara en la
construcción del nuevo teleférico al litoral.

Este es
otro proyecto colosal que en un principio se ejecutaría con la participación de
la brasileña de construcción de infraestructura Odebrecht y la austríaca
Doppelmayr, líder en el mercado global de sistemas teleféricos; al final quedó
en manos de Doppelmayr y Alfamaq. La empresa de la familia Ceballos está
encargada de ejecutar 87,5% del contrato de las obras civiles del nuevo sistema
de teleférico hacia La Guaira en todos sus tramos y no solo hasta la estación El
Cojo en Macuto, frente a las playas del Litoral, pues incluye el teleférico de
servicios llamado El Aguilucho, entre la estación Maripérez y el Ávila (estación
Warairarepano); el teleférico Warairarepano-Hotel Humboldt (como existió en el
proyecto original de Tomás Sanabria) y el teleférico Warairarepano-El
Irón.

.

Desde que
Alfamaq se sumó al proyecto en 2014, ha recibido desembolsos equivalentes al 60%
del anticipo del contrato de las obras civiles, unos 166,8 millones de dólares del llamado “componente
nacional” (en bolívares 1.048.779.181 en ese año 2014) más 26,7 millones de
euros. Recientemente, entre 2018 y 2019, recibió 7,5 millones de euros
adicionales. En total unos 207 millones de dólares de inversión que se traducen
en un pobre avance del 35% de las obras civiles del sistema teleférico, según
trabajadores de la obra, y apenas 40% de la estación El Cojo, de la época de
Pérez Jiménez, remodelada. Euros que por cierto ha recibido Sarleaf, la empresa
familiar de los Ceballos, según registros del propio
Fonden.

La
austríaca Doppelmayr, que debe ejecutar el restante 12,5% del contrato
(básicamente asesorías técnicas en el contrato de obras civiles, pese a tener la experticia sobre teleféricos, a
diferencia de Alfamaq), ha recibido otros seis millones de dólares (4,8 millones
de euros) en el mismo período. 

Un saco
roto al que han llegado millones en monedas extranjeras pero donde los ganadores
han sido Alfamaq y la familia Ceballos. Desde el teleférico actualmente en
servicio, en la ruta que sube de Maripérez al Ávila, es posible ver las bases de
las torres del futuro sistema, abandonadas en lo agreste, como abandonado luce
el campamento de las obras del teleférico de servicio, llamado El
Aguilucho.

Los sultanes del Ávila

Pero no es
solo construir uno nuevo. También los Ceballos quieren administrar el teleférico
caraqueño.

Eso se
desprende del borrador de un contrato de alianza comercial redactado a finales
de 2020 y que ha estado sujeto a discusiones recientes en el Centro
Internacional de Inversión Productiva.

Se trata
de una instancia creada en octubre del año pasado, adscrita a la
Vicepresidencia, con el propósito de revisar y aprobar los proyectos de
inversión en el marco de la Ley Antibloqueo, así como de estudiar y hacer
seguimiento a las “medidas coercitivas unilaterales” y demás medidas
restrictivas o punitivas contra la República, para diseñar políticas públicas
que puedan contrarrestarlas, detalla la Gaceta Oficial donde se publicó el
decreto correspondiente. Otra de sus atribuciones es “promover proyectos
orientados a incrementar el flujo de divisas hacia la economía” e impulsar la
“marca país” como estrategia para promover inversiones. El presidente designado
para el Centro fue Héctor Silva Hernández, quien venía de dirigir el Banco de
Comercio Exterior (Bancoex) y de ser viceministro de Comercio
Exterior.

La
aprobación de la llamada Ley Antibloqueo, por su parte, fue uno de los últimos
actos de la extinta e írrita Asamblea Nacional Constituyente, designada por el
oficialismo en 2017 tras un simulacro de elecciones rechazado por la comunidad
internacional. El instrumento legal tiene por objetivo declarado el de
“contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los
efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de
Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas
restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de
Estados”,  autorizar la suscripción
de “todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para proteger
el patrimonio”, y actuar bajo un manto opacidad según de desprende se uno de sus
artículos que establece la implementación de un “régimen transitorio sobre
reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”.

De acuerdo
con el borrador de contrato, que por parte del Estado involucra a Venezolana de
Teleféricos (Ventel, encargada de la operatividad del sistema), y por los
privados a la Operadora Turística Humboldt 1956, esta última plantea servir de
“aliado comercial” en la “rehabilitación, administración, operación y
comercialización del teleférico Warairarepano”, una propuesta muy amplia que
incluye todo el sistema teleférico de Maripérez hasta la cima de la montaña. En
detalle: la estación terminal de Maripérez con el estacionamiento, oficinas,
centro de acopio; el sistema teleférico; la estación terminal Ávila con las
oficinas, dormitorios y área de Misión Nevado; los salones de eventos y pista de
patinaje sobre hielo; las caminerías, áreas comerciales y de servicios que
comprenden la zona entre la estación Ávila y el Hotel Humboldt.

La empresa
argumenta tener la experiencia y los recursos financieros necesarios para el
reimpulso y reactivación del proyecto, considerando “lo complejo que se torna
para el Estado venezolano la puesta en marcha de la operación del teleférico
Warairarepano, en momentos en que los ingresos de divisas al país se han visto
mermados por la caída de los precios del petróleo”, por lo que se hace necesario
recurrir a la inversión privada para el mantenimiento y recuperación. Además
establece que la alianza tendrá una vigencia de 30 años prorrogables. Al momento
de la firma del acuerdo, Ventel tendría que hacer entrega de todo el
sistema.   

Ninguno de
los accionistas de Operadora Turística Humboldt 1956, Luis Hernández y Roberto
Meinhardt, quienes suscriben el borrador del contrato, respondieron a la
solicitud de información enviada por Armando.info para este
reportaje. Tampoco fue posible hablar con alguno de ellos vía telefónica, aunque en un primer intento la llamada fue atendida por un representante de la empresa con disposición a canalizar la solicitud, pero que luego dejó de atender las llamadas.

Por
trascendidos se sabe que las conversaciones para la eventual aprobación de esta
alianza han transcurrido con lentitud y sin alcanzar acuerdos hasta ahora. Pero
eso no ha sido obstáculo para que en la cima de El Ávila los hechos se
consumaran.

Los
comerciantes que regentan puestos en el bulevar que va de la estación del
teleférico al hotel, dan por cierto que son los operadores del Humboldt quienes
ahora mismo llevan a cabo las obras de remodelación de la pista de patinaje
sobre hielo y de una parte de la terminal. Por esas obras, en la actualidad el
acceso a la estación se hace por la puerta trasera, pues el parque
teleférico se mantiene activo en las semanas de flexibilización por la pandemia
de la Covid-19, operando desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde
y, en el caso del Humboldt, el teleférico se mantiene activo toda la noche hasta
las tres de la madrugada, hora de cierre del casino.

Y en las
visitas guiadas al Humboldt se asoma que, efectivamente, la Operadora Turística
Humboldt 1956 se apresta a la reactivación de la pista de patinaje sobre hielo.
Será otro paso en la conquista del hotel, muestra de la arquitectura moderna en
Venezuela, declarada bien de interés cultural en 2009, así como de todo el
complejo y de la cumbre del cerro El Ávila, símbolo de caraqueñidad, por parte
de la familia Ceballos.

El borrador del contrato de alianza está en discusión y evaluación como parte de los proyectos amparados por la Ley Antibloqueo. Aún no ha sido aprobado ni rechazado.

Tomado de Una casta empresarial hizo cumbre en el hotel Humboldt