El Tribunal Federal Suizo dijo este viernes 9 de noviembre, que enviaron a Brasil documentos de operaciones que pueden estar vinculados con los sobornos pagados por las empresas brasileñas a funcionarios de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. La decisión de enviar los documentos a fiscales en Río Grande del Sur, responsables de iniciar las investigaciones, fue tomada el 24 de octubre y se hizo pública este viernes, 9. En el esquema figura PDVSA Agrícola, brazo gigante del sector petrolero, que amplió sus operaciones a otros sectores de la economía durante la presidencia de Hugo Chávez. Hace dos semanas, el diario Estadão (Estado) de Brasil reveló que funcionarios de Venezuela usaron un esquema en Brasil para desviar millones y parte de esos recursos acabaron en cuentas secretas en Suiza.
El esquema involucraba la exportación de insumos y máquinas agrícolas sobrefacturadas para Venezuela. La diferencia de valores fue a parar al bolsillo de directores de estatales venezolanas y alimentos, en al menos a cuatro empresas offshore. La sospecha, sin embargo, es que la operación en el sector agrícola sea sólo una parte de un esquema más amplio de la actuación de PDVSA en Brasil, incluso con constructoras nacionales.
Uno de los sospechosos en esa aproximación entre las empresas brasileñas y PDVSA es el operador Osvaldo Basteri Rodrigues. Sería él también quien cobraría los sobornos que luego eran distribuidos a jefes de la estatal. Los detalles de sus cuentas en Suiza estarán a disposición de los fiscales brasileños, que podrán examinar quién pagó y dónde fue el dinero.
Investigadores involucrados en el caso confirmaron al diario Estado que Odebrecht fue una de las empresas citadas como siendo buscada por Rodrigues. El proyecto involucra una oferta de Venezuela para que la empresa brasileña construyera plantas de etanol en territorio venezolano.
En 2007, La Habana y Caracas cerró un acuerdo para construir 11 plantas de etanol en Venezuela, pero la cooperación no dio resultados y la empresa brasileña fue buscada para completar las obras. Odebrecht se negó a comentar el caso.
Un año antes, el entonces presidente Hugo Chávez había creado la empresa Etanol de Venezuela, con el objetivo de plantar 300 mil hectáreas de caña. Pero la cooperación entre La Habana y Caracas no dio resultados y la empresa brasileña fue buscada para completar las obras.
Odebrecht se negó a comentar la información y ni siquiera su relación con Rodrigues.
De acuerdo con documentos obtenidos por el Estado, en apertura de 2018, «el Procurador General de Suiza autorizó la transmisión de la documentación» de Rodrigues a Brasil. Pero un recurso fue presentado por la defensa de los sospechosos, intentando impedir la colaboración. Ellos alegaban que el caso debía ser «suspendido» y que la cooperación debía ser rechazada ante la falta de pruebas.
A finales del mes pasado, sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia declaró que «el recurso era inadmisible». El Departamento de Policía de la Oficina Federal de Justicia de Suiza confirmó que los datos de las cuentas de Rodrigues fueron enviados ••a Brasil.
«En una carta fechada el 7 de noviembre de 2018, la Oficina Federal de Justicia envió los documentos a las autoridades brasileñas», indicó un comunicado del gobierno suizo.
Sobornos en PDVSA
El proceso comenzó en 2014, cuando la Receita Federal investigó un súbito crecimiento de una empresa de Passo Fundo (RS). Entre 2010 y 2011, los ingresos de América Trading aumentó de R $ 13 millones a R $ 251 millones con exportaciones de productos agrícolas a Venezuela.
Según la Policía Federal, América Trading había logrado un contrato para suministrar insumos agrícolas para la estatal venezolana por valor de 320 millones de dólares. La empresa brasileña compraría máquinas en el mercado doméstico y las exportaría a Venezuela. En Caracas, quien recibía la mercancía y la entregaba a la estatal era la Tracto América.
Las investigaciones revelaron que el dueño de América Trading era socio oculto de Tracto América, en Caracas. Con detalles de pagos, la cooperación entre Brasil y Suiza comenzó en septiembre de 2017, cuando la Fiscalía de la República en Río Grande del Sur pidió ayuda a los suizos.
