El empresario venezolano Roger Swidorowicz, presidente ejecutivo de la compañía Sigma Dental, quedó en el centro de una controversia en España tras revelarse que su empresa recibió contratos millonarios de emergencia durante la pandemia de covid-19 por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso.
La polémica se intensificó después de que investigaciones periodísticas revelaran irregularidades en la adjudicación de los contratos, el uso de estructuras offshore y el destino final del dinero público, lo que provocó un fuerte debate político dentro del Partido Popular (PP) y cuestionamientos sobre la transparencia en las compras sanitarias realizadas durante los primeros meses de la crisis sanitaria.
Contratos por casi 40 millones de euros
Durante la primera ola de la pandemia, la Comunidad de Madrid adjudicó a Sigma Dental cinco contratos de emergencia por un total de 38,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas, equipos de protección personal y el transporte de material sanitario desde China.
Uno de esos contratos incluyó tres vuelos cargados con mascarillas KN95, guantes y test rápidos que llegaron a Madrid entre el 8 y el 10 de mayo de 2020. Cada vuelo tuvo un coste cercano a 417.000 euros, lo que elevó la factura total del transporte aéreo a 1,25 millones de euros.
La documentación oficial de la operación muestra que el pago fue autorizado por un alto cargo de la Consejería de Sanidad madrileña y firmado también por Roger Swidorowicz en calidad de presidente ejecutivo de Sigma Dental.
Sin embargo, lo que generó mayores sospechas fue el destino final de esos fondos.
Pagos enviados a una cuenta en Panamá
Aunque la empresa contratista estaba registrada en Florida (Estados Unidos), el dinero terminó depositándose en una cuenta bancaria en Panamá perteneciente a otra empresa del mismo conglomerado empresarial.
El uso de una cuenta en ese país levantó interrogantes debido a que Panamá figuraba en ese momento en la lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales por la Unión Europea.
La operación reveló además la existencia de una compleja estructura societaria vinculada al empresario venezolano, quien aparece relacionado con al menos ocho compañías registradas en Panamá, algunas de ellas compartidas con su esposa, Beatriz de Lara.
Entre esas sociedades figuran Sigma Dental Re Corp, Carpe Vita Investments y Robea, mientras que otra compañía denominada AC Portafolios SA incluye como presidente al empresario venezolano César Miguel Alfonzo González, socio y amigo personal de Swidorowicz.
Una empresa offshore en Barbados
La red empresarial vinculada al empresario incluye además Odeba Investment LTD, una sociedad registrada en Barbados en 2013 a nombre de su esposa.
Según explicó el propio Swidorowicz en declaraciones a la prensa española, esa estructura fue creada para proteger activos ante las expropiaciones del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, argumentando que varias empresas vinculadas a su grupo fueron intervenidas por el Estado venezolano.
El empresario también ha defendido que Panamá es un centro financiero internacional habitual para operaciones empresariales, negando que las sociedades vinculadas a su grupo tengan relación con irregularidades en los contratos públicos firmados en España.
Confusión deliberada con una empresa española
Otra de las revelaciones que alimentó el escándalo fue la identidad del proveedor en los documentos oficiales.
Durante meses, los registros de la Comunidad de Madrid indicaban que el adjudicatario de los contratos era Sigma Dental SL, una empresa radicada en Granada dedicada al suministro odontológico.
Sin embargo, investigaciones periodísticas demostraron que la verdadera empresa contratista era Sigma Dental Inc., registrada en Florida y controlada por Swidorowicz.
La diferencia entre ambas sociedades era solo un dígito en el número fiscal, lo que generó sospechas de que la administración regional habría intentado ocultar el nombre del empresario venezolano como beneficiario real de los contratos.
La Consejería de Sanidad defendió posteriormente que se trató de un “error humano”, aunque especialistas en contratación pública sostienen que el sistema informático de la administración hace prácticamente imposible introducir un NIF incorrecto de manera accidental.
Adjudicaciones a dedo durante la emergencia
Los contratos se firmaron bajo el procedimiento de emergencia, un mecanismo legal que permitió durante los primeros meses de la pandemia adjudicar compras sin concurso público debido a la urgencia sanitaria.
El primer contrato con Sigma Dental fue firmado el 21 de marzo de 2020 por 2,5 millones de euros, seguido de un segundo acuerdo el 11 de abril por 3,1 millones para el suministro de material sanitario.
Entre los productos adquiridos se encontraban:
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400.000 test rápidos
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400.000 mascarillas KN95
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315 monitores médicos
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223 camas hospitalarias
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280.000 batas de protección
La Comunidad de Madrid pagó por adelantado estos suministros, incluso antes de que fueran fabricados.
Dudas sobre la calidad del material
Las compras sanitarias realizadas durante la pandemia generaron además cuestionamientos sobre la calidad del material distribuido a la población.
Un análisis del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo concluyó que las mascarillas KN95 distribuidas por el gobierno regional no cumplían los estándares necesarios para ser consideradas equivalentes a las mascarillas FFP2 europeas, lo que aumentó las críticas sobre el proceso de adquisición.
Ni el gobierno regional ni la empresa han aclarado públicamente si los productos suministrados por Sigma Dental presentaron problemas de calidad.
Vínculos políticos y controversia dentro del Partido Popular
El caso se convirtió rápidamente en un problema político para el Partido Popular, ya que los contratos se produjeron en medio de otras polémicas sobre adjudicaciones realizadas durante la pandemia.
Investigaciones periodísticas también revelaron que familiares y allegados de la presidenta madrileña se beneficiaron de operaciones relacionadas con la compra de material sanitario, lo que provocó una crisis interna dentro del partido.
Además, el empresario venezolano ha sido señalado por mantener vínculos con figuras de la oposición venezolana, una relación que ha alimentado el debate político tanto en España como en América Latina.
Swidorowicz ha insistido en que es “apolítico” y que su empresa simplemente respondió a una solicitud directa del gobierno regional para ayudar a conseguir proveedores confiables durante un momento de extrema escasez de material sanitario.
Un empresario con una red internacional de negocios
Roger Swidorowicz se presenta como un empresario con larga experiencia en el sector sanitario y asegurador.
A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como:
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presidente del grupo Sigma Dental International
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directivo de Americana de Reaseguros
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miembro del consejo de Operation Smile
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directivo de la Cruz Roja Venezolana
También ha desarrollado negocios en servicios médicos y ambulancias en Venezuela a través de la empresa Venemergencias, además de mantener operaciones de clínicas dentales en diversos países.
Un escándalo que sigue generando preguntas
Pese a las explicaciones ofrecidas por el empresario y por el gobierno regional, muchas preguntas siguen sin respuesta.
Entre ellas destacan:
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por qué se eligió a Sigma Dental para gestionar las compras
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por qué los pagos terminaron en cuentas en Panamá
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por qué se utilizó el nombre de una empresa española distinta en los documentos oficiales
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y si el material adquirido cumplía realmente los estándares sanitarios exigidos.
Mientras tanto, el caso de Roger Swidorowicz y Sigma Dental continúa siendo uno de los episodios más controvertidos relacionados con las compras públicas realizadas durante la pandemia en España, un período marcado por la urgencia sanitaria pero también por decisiones que aún hoy siguen bajo escrutinio político y mediático.