Obreros de Venalum, Alcasa y Ferrominera denuncian presiones para alistarse en la Milicia Bolivariana en 2025. Amenazas de despidos, violación de derechos humanos y coerción laboral en la CVG.
En 2025, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y trabajadores de las empresas básicas del estado Bolívar han denunciado un patrón alarmante de reclutamiento forzoso en la región de Guayana, particularmente en las industrias adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), como Venalum (Venezolana de Aluminio), Alcasa, y Ferrominera.
Según estas denuncias, miles de empleados son presionados para alistarse en la Milicia Bolivariana, una fuerza paramilitar creada durante el chavismo, bajo la campaña oficial “Yo me alisto”. El fenómeno ocurre en un contexto de tensiones postelectorales de 2024 y supuestas “amenazas externas” de Estados Unidos, promovidas por el gobierno de Nicolás Maduro en agosto y septiembre de 2025.
Campaña de alistamiento obligatorio
El 23 y 24 de agosto de 2025, el régimen de Maduro anunció una “Gran Jornada Nacional de Alistamiento” para la Milicia Bolivariana. Según cifras oficiales, 8,2 millones de personas se inscribieron; sin embargo, organizaciones como Laboratorio de Paz (LabPaz) denuncian que gran parte de ese registro fue forzado, especialmente entre empleados públicos y trabajadores de empresas estatales. Otros sostienen que los números presentados son falsos.
El objetivo declarado del alistamiento es supuestamente “defender la patria” ante supuestas amenazas externas. Para críticos y activistas, se trata de un intento de usar a la población como escudos humanos, consolidando el poder del régimen en medio de la crisis económica.
Órdenes directas en la CVG: Venalum y Alcasa bajo presión
En denuncias llegadas a este medio se sostiene que órdenes para el reclutamiento forzado para alistarse en las Milicias vienen desde Miraflores y deben ser cumplidas por todos los trabajadores activos de las industrias básicas de la CVG, incluyendo Venalum, Alcasa y Ferrominera.
Los trabajadores deben llenar planillas y presentarse en las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) sin límite de edad. La denuncia sostiene que el proceso es un “reclutamiento forzoso”. En las redes sociales también aseguran que es un “crimen del régimen”, alertando que buscan usarlos como “carne de cañón” en un contexto de salarios mínimos equivalentes a menos de 4 dólares al mes.
Métodos de coerción: amenazas laborales y económicas
En empresas de Guayana, supervisores recopilan datos personales (nombre, cédula, dirección, teléfono) para verificar quién se ha alistado. Los trabajadores son interrogados:
“¿Está alistado? ¿No se va a alistar? ¿Por dónde se alistó?”
De acuerdo con LabPaz, estas prácticas violan el Artículo 134 de la Constitución venezolana, que prohíbe el reclutamiento forzoso, y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La denuncia incluye además exigencias de grabar videos de apoyo a la campaña, lo que constituye “intimidación laboral y política”. Quienes se niegan enfrentan amenazas de despido, pérdida de beneficios laborales y represalias que afectan directamente a sus familias.
Venalum: foco de represión laboral
Venalum, la principal productora de aluminio en Guayana, ya acumulaba denuncias laborales antes del 2025. Entre ellas:
Persecución y amenazas por reclamos de deudas contractuales.
Falta de equipos de protección, con 85 accidentes reportados en 2022.
Represalias por protestas, incluyendo el arresto del trabajador Jesús Eduardo Romero en 2024 tras denunciar explosiones en planta, acusado de “terrorismo”.
Los denunciantes señalan que existe un clima de intimidación, caracterizados por abusos laborales puede terminar en arrestos arbitrarios.
Patrones históricos: coerción política en empresas básicas
El forzamiento político en la CVG no es nuevo. En diciembre de 2023, trabajadores fueron trasladados en autobuses para votar en el referendo del Esequibo. En julio de 2024, se aplicaron tácticas similares para obligarlos a marchas y eventos oficialistas, con incentivos incumplidos e incluso muertes reportadas durante movilizaciones.
El sistema de “no requerido” (despidos sin justificación) es usado como amenaza recurrente para quienes no se pliegan a estas órdenes.
Posibles crímenes internacionales
Organizaciones como Provea y la Coalición Sindical Nacional alertan que el reclutamiento forzoso podría constituir trabajo forzado y un crimen de derecho internacional. Han habilitado canales de denuncia confidenciales para trabajadores afectados, como [email protected].
Estas prácticas vulneran los derechos laborales, el derecho a la objeción de conciencia y las normas sobre libertad sindical, afectando a miles de familias en un país con hiperinflación y precariedad salarial.
Los informes sobre las denuncias de reclutamiento forzoso en las empresas básicas de Guayana aseguran que existe un patrón sistemático de control político y militarización del trabajo en Venezuela. Lo que antes eran marchas y actos “voluntarios” ahora se ha transformado en un alistamiento paramilitar obligatorio, vulnerando derechos fundamentales y poniendo en riesgo a los trabajadores y sus familias.
Organizaciones independientes llaman a documentar y denunciar estos abusos para visibilizar una realidad que, por censura y miedo, sigue oculta dentro de las plantas industriales de Guayana.
Tomado de Reclutamiento forzoso en Guayana: Trabajadores de la CVG denuncian ser usados como carne de cañón