El magistrado Pedro Díaz, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se indignó con Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que busca ser aceptado por ese tribunal, y le reprochó: “Yo le voy a pedir, por favor, que usted tiene que mostrar eventual conocimiento de los hechos y de las personas”. Mancuso le contestó que entendía lo que le decía, pero solo entregará información adicional si ingresa a la JEP. A pesar de eso, agregó: “Puedo decirle de Postobón que pagaba 10 millones de pesos mensuales, que fue un acuerdo directo y que se hacía en los diferentes departamentos donde operábamos”. La conversación ocurrió durante la audiencia pública de Mancuso ante la JEP, realizada a lo largo de cuatro jornadas los días 10, 11, 15 y 16 de mayo.
La acusación, que varios comandantes paramilitares han hecho, de que Postobón financió el proyecto criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), involucra a uno de los conglomerados económicos más poderosos del país, con inversiones en medios de comunicación, agroindustria y clubes deportivos, entre otros sectores: la Organización Ardila Lülle, reveló Nicolás Sánchez Arévalo en VORÁGINE.
La historia de un exjefe de seguridad de la familia dueña de Postobón, reflejada en varios documentos conocidos por VORÁGINE, se une a los indicios de los supuestos nexos entre la empresa de gaseosas y el proyecto criminal de las AUC. El protagonista es Alonso Hurtado Patiño, un hombre sobre el que VORÁGINE obtuvo algunos documentos inéditos que dan cuenta de su vida profesional, saltando del Ejército a la Organización Ardila Lülle para luego terminar en una Convivir.
Durante 21 años hizo carrera en las Fuerzas Militares y llegó hasta el grado de capitán. A lo largo de varios años se dedicó a hacer inteligencia en zonas con complejas situaciones de orden público que, en gran medida, eran controladas por las Farc: por ejemplo, en los Llanos del Yarí y La Uribe (Meta). En sus lides como militar llegó a obtener un certificado de la empresa Industrias Militares de Israel por surtir una capacitación en el manejo de fusiles Galil. También hizo tres cursos de inteligencia en el Batallón Charry Solano, el cual tuvo que ser disuelto por perpetrar graves violaciones de derechos humanos (después fue llamado Brigada XX). Dos certificados de esos estudios fueron firmados por el entonces teniente coronel Iván Ramírez Quintero, quien fue mencionado de manera reiterada por Mancuso, en su audiencia ante la JEP, como uno de los colaboradores de las AUC y quien está a la espera de un fallo de segunda instancia, en un proceso en el que se le acusa de secuestro y desaparición forzada en el marco de la retoma del Palacio de Justicia, en 1985.
En 1990, Hurtado recibió la medalla Ayacucho, por servicios distinguidos en el Ejército, de parte del teniente coronel Jaime Humberto Uscátegui y del mayor general Farouk Yanine Díaz. El primero, después de llegar al rango de general fue condenado por la masacre de Mapiripán (Meta), en la que fueron asesinadas por lo menos 13 personas a manos de los paramilitares. El segundo fue señalado por exparamilitares de ser el “padrino” de esos grupos en el Magdalena Medio y murió mientras se investigaba su presunta participación en dos masacres.
El retiro de Hurtado de la institución se dio en 1994 con el grado de capitán. Ese mismo año se vinculó a la Organización Ardila Lülle y, según quedó consignado en su hoja de vida, empezó a desempeñarse como jefe de seguridad de la familia Ardila Zurek, conformada por uno de los hijos del fallecido magnate Carlos Ardila Lülle. Su pasado como oficial de inteligencia, su pericia en el tiro y su sobresaliente estado físico le ayudaron para quedarse con ese puesto, que en el ámbito de las personas dedicadas a la seguridad es muy apetecido. Su buen desempeño en las capacitaciones le ayudó a Hurtado, además, a ganarse la confianza de la poderosa familia y empezó a escalar dentro de la organización. Incluso, una certificación de 2001, a la que VORÁGINE tuvo acceso, da cuenta de que cumplió todos los requisitos para desempeñarse como jefe de seguridad de Postobón. Esos datos serían apenas anecdóticos si no fuera por lo que pasó después.
La llegada a la Convivir
Mientras que Hurtado pasaba sus días resguardando a los Ardila Lülle, en la región de Urabá (Antioquia) y en Córdoba se echaba a andar una maquinaria de guerra que sería fundamental para la expansión del paramilitarismo hacia zonas del país como los Llanos, Norte de Santander y la Costa Caribe. “Las Convivir fueron el instrumento perfecto para la multiplicación de las autodefensas”, le precisó Mancuso a la JEP.
Mancuso se refería a unas cooperativas de seguridad privada que fueron creadas por decretos expedidos en los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y de Ernesto Samper (1994-1998). El propio excomandante paramilitar tuvo una Convivir en Córdoba llamada Horizonte Limitada, con la que obtuvo pistolas, subametralladoras y fusiles. Pero lo más importante para esta historia ocurrió en Urabá (Antioquia).
En esa zona el gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez, fomentó la creación de esas cooperativas. Los paramilitares, con el aval de Uribe, altos mandos militares y empresarios de la región, montaron 14 Convivir en Urabá. La más poderosa de todas se llamó Convivir Papagayo, fundada a finales de 1996. Su primer director fue Arnulfo Peñuela Marín, un retirado del Ejército que años después fue condenado por sus nexos con el Bloque Bananero de los paramilitares.
Raúl Hasbún, quien comandó esa estructura armada, le ha contado en varias ocasiones a la justicia que él controlaba todas las convivir de Urabá y que sirvieron como un instrumento para recibir de manera “legal” aportes de los empresarios bananeros al proyecto paramilitar.
Esas cooperativas contaban entre sus aliados con funcionarios poderosos. El comandante de la Brigada 17, Rito Alejo del Río, dio conceptos militares favorables para la operación de las Convivir y firmó documentos en los que pedía autorizar armamento como escopetas, subametralladoras y pistolas para ser portadas por sus integrantes. Todo eso, a pesar de que entre los directivos de las Convivir había curtidos comandantes paramilitares que firmaban la documentación, como Carlos Alberto Ardila Hoyos, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Del Río fue condenado por el asesinato del afrodescendiente Marino López, en 1997, y ha sido señalado por varios jefes paramilitares de ser su colaborador.
Los nexos de Papagayo con la Brigada 17 eran tan evidentes que la sede de la cooperativa estaba junto a la brigada. Además, había radios de la convivir en poder del DAS.
La salida de Hurtado de la Organización Ardila Lülle, según su hoja de vida, se dio a finales de 2001. A mediados de 2003 se convirtió en el director de la Convivir Papagayo, según consta en un documento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, al que VORÁGINE tuvo acceso.
¿Cómo pasó Hurtado de ser el jefe de seguridad de los Ardila Lülle a liderar una Convivir que estaba al servicio de los paramilitares? ¿Qué sabía la Organización Ardila Lülle sobre las actividades de su exjefe de seguridad? ¿Qué tipo de relación tenía Hurtado con los Ardila Lülle después de su salida? ¿Qué papel jugó Postobón en el financiamiento del paramilitarismo?
Estas son algunas de las preguntas que surgen a partir de los documentos obtenidos por VORÁGINE y que, hasta ahora, no han sido respondidas por las autoridades ni por los implicados.
VORÁGINE buscó a Hurtado para conocer su versión sobre estos hechos, pero no fue posible ubicarlo. También envió un cuestionario a Postobón y a la Organización Ardila Lülle, pero no obtuvo respuesta.
La historia de Hurtado es una pieza más del rompecabezas que intenta reconstruir los vínculos entre el sector empresarial y el paramilitarismo, un tema que ha sido abordado por investigaciones periodísticas, académicas y judiciales, pero que aún tiene muchos vacíos y zonas grises.
La JEP tiene en sus manos una oportunidad histórica para esclarecer este capítulo oscuro de la violencia en Colombia y para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas. Para ello, es necesario que se profundice en las responsabilidades de quienes financiaron, promovieron o se beneficiaron del proyecto criminal de las AUC, más allá de los testimonios de los excomandantes paramilitares.
Estados Unidos reitera orden de captura contra Raúl Gorrín Belisario, empresario venezolano acusado de lavar 1.000 millones de dólares
Así describen el papel de Cesar Omaña Alcalá en conspiraciones y “guisos” en Venezuela
Advertisement
