Eduardo Velázquez y Marisela Amundaray, en el año 2007, compraron en preventa un apartamento que se comenzaría a construir en un conjunto residencial al este de la capital. Sin embargo, la constructora responsable del complejo fue acusada de estafa inmobiliaria y el Ministerio de Vivienda intervino para garantizar la culminación del urbanismo. Hoy, la pareja acusa al organismo de haber revendido su apartamento, reseñó Patzzy Salazar en El Pitazo.
En marzo de 2021 Marisela Amundaray y Eduardo Velázquez llegaron a su apartamento en el conjunto residencial Terrazas de la Tahona, ubicado en el sector El Cigarral, municipio El Hatillo. La pareja había comenzado a pagar por el inmueble en el año 2007, y durante 10 años pagaron las cuotas acordadas. En 2017 se les fue entregado en obra en gris.
Desde que le entregaron las llaves del inmueble lo visitaban cada 8 o 15 días, pero la visita realizada durante el mes de marzo no fue hecha para limpiar o pasar un rato en la vivienda como solían hacerlo. Un vecino los llamó advirtiéndoles que alguien se había presentado en el apartamento con un documento protocolizado que decía que era la nueva propietaria. La sorpresa les paralizó cuando al meter la llave en la cerradura de la puerta principal esta no abrió. Insistieron de varias maneras, pero nada.
Comprar un inmueble en Venezuela no es fácil. El proceso inflacionario hace que el poder adquisitivo de las personas se vea cada día disminuido. Sin embargo, la pareja logró cumplir con todas las cuotas para finalmente obtener las llaves de su apartamento. Amundaray no recuerda exactamente cuánto dinero pagaron en bolívares por su apartamento, todas las reconversiones monetarias que se han hecho en el país hacen que sacar la cuenta le sea un poco complicado. Pero ella, pensando, estima que pagaron unos 90 mil dólares.
“Le dijimos adiós a las vacaciones, se acabaron los disfrutes. Lo que se cobraba en utilidades, en bonos vacacionales y en fideicomisos era destinado al pago de nuestra casa. Tuvimos que vender hasta los carros. Fueron muchos años de sacrificio para reunir el dinero”, contó Amundaray.
Para marzo de 2021, la pareja aún no habitaba la vivienda, pues no estaba acondicionada para vivir. Los esposos comenzaron a pagar por su apartamento en 2007. En 2010 el conjunto fue intervenido por el Estado y una década después que la pareja dio los primeros pagos es que se terminó la construcción. No obstante, Amundaray y Velázquez, hasta hoy no habían logrado comprar todos los materiales necesarios para terminar la construcción del interior.
Todos estos materiales permanecen hoy guardados en un cuarto, ubicado en el estacionamiento del conjunto residencial. Sin embargo, desde marzo del presente año la pareja no pudo seguir visitando su vivienda como solían hacerlo desde que le dieron las llaves de su inmueble en 2017, y tampoco pueden acceder a ese cuarto a sacar sus pertenencias.
La razón es que el Ministerio de Vivienda en marzo de 2019 le vendió a otra persona su inmueble.
Amundaray y Velázquez han hecho de todo para poder recuperar su casa. Hablaron con Ildemaro Villarroel, ministro de Vivienda. Se reunieron con funcionarios de la Inmobiliaria Nacional y tienen abierto un proceso legal en la Fiscalía 47. Sin embargo, la pareja no ha obtenido respuestas de los entes responsables.
El comienzo
En el año 2006, la constructora Edivial comenzó los movimientos de tierra para construir el conjunto residencial Terrazas de La Tahona. En 2007, Amundaray y Velázquez compran en preventa uno de los apartamentos proyectados en el lugar.
Velázquez comenta que los apartamentos se construyeron gracias a la conformación de una asociación civil compuesta por los diferentes propietarios, donde cada uno daba cuotas que eran pagadas a la constructora y con ese dinero la empresa comenzó la obra.
Cuatro años después del comienzo de la construcción del conjunto residencial, en el Aló Presidente número 367 celebrado el 14 de noviembre de 2010, el presidente Hugo Chávez habló sobre las estafas inmobiliarias. Hizo referencia a las empresas que prometieron construir apartamentos y para ese momento no habían cumplido con las fechas previstas de culminación, según los propios propietarios, y seguían aumentando las cuotas de pagos a las personas.
En la lista de las empresas acusadas por estas irregularidades se mencionó a la responsable de Terrazas de La Tahona. En consecuencia solicitó a Ricardo Molina, ministro de Vivienda en ese momento, que interviniera.
Un mes antes, en octubre de 2010, por las mismas razones, Chávez ordenó la expropiación de seis conjuntos residenciales, la ocupación temporal de ocho y prohibió vender, gravar y enajenar otros 19, así se lee en un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
José Ramón Solórzano, abogado inmobiliario, explica que el Estado sí tiene la potestad de intervenir en caso de que la empresa que está encargada de la construcción no la lleve adelante, pero lo que no puede hacer es adjudicar la vivienda a otra persona. “La única manera en la que el Estado puede adjudicar uno de los apartamentos que se estuvieron construyendo en estos urbanismos es que estos apartamentos no hayan tenido dueños, es decir, que nadie los haya comprado en preventa. En muchas ocasiones las empresas constructoras se reservaban algunos inmuebles para venderlos al final. En estos casos de intervención el Estado eta el que los vendía o los adjudicaba, pero básicamente para hacer proselitismo político”.
No obstante, en un reportaje del medio digital El Estímulo, se deja en evidencia que algunos de los conjuntos intervenidos entre los años 2011 y 2012 para el año 2015 aún no habían sido terminados, fueron entregados con características distintas a las señaladas en el contrato o tienen fallas estructurales. La nota indica que durante 2011 y 2012 el Gobierno intervino 57 desarrollos habitacionales.
Solórzano indica que los grandes casos de estafa inmobiliaria ocurrieron dos años antes de que se dictara la Ley Contra las estafas inmobiliarias en 2012. “La mayor cantidad de casos se vieron en el área de Guarenas, Guatire, y en el sureste de Caracas. En esa época, en estos lugares se estaban haciendo los grandes proyectos habitacionales”.
El abogado señala que el término de estafa inmobiliaria nace porque algunas empresas se dedicaron a construir inmuebles, pero debido a la situación económica no pudieron cumplir con la culminación de las viviendas, y a raíz de eso se les empezó a catalogar de estafas. Solórzano continúa explicando que el ánimo no era estafar, sino construir. “A lo mejor eran empresas que no estaban solventes y terminaron en esta situación. Esa ley no ataca todo lo que tiene que ver con las estafas en las que esté involucrado un inmueble, solo se refiere a aquellos inmuebles que se están haciendo en preventa, no se refiere a inmuebles construidos”.
Después de la alocución de Chávez, la constructora Edivial se comprometió a culminar los apartamentos del conjunto residencial Terrazas de La Tahona. Amundaray explica que el ministerio entró al conjunto residencial bajo la figura de tutela y administración. “Se creó una junta interventora entre funcionarios del Ministerio de Vivienda y propietarios para que tomaran las riendas de la obra”.
Yurzelys Pérez, abogada inmobiliaria, explica que la atribución que puede tomar el ministerio al entrar bajo la figura de tutela y administración es la de garantizar el cumplimiento de la construcción de los apartamentos y que a cada persona se le sea entregada su vivienda.
En el año 2011 la constructora se va del país y la obra se paraliza. “El proyecto estuvo paralizado entre 3 y 4 años. En el año 2013, los vecinos nos reactivamos y fuimos al ministerio para que nos dieran una solución, ya que habían intervenido el conjunto residencial y no estaban haciendo nada. Protestamos y nos empezaron a tener en cuenta”, relata Velázquez.
Amundaray continúa explicando que la construcción se reactivó a mediados de 2014 y la nueva empresa encargada del proyecto se llamaba Constructora Viema. Señala que gracias al ministerio lograron conseguir créditos con el banco BOD para poder terminar de pagar por los apartamentos. “En 2015 firmamos un documento en donde nos comprometíamos con el banco a cancelar en una única cuota el total del préstamo cuando el conjunto residencial estuviese terminado. En 2017 la obra es culminada, firmamos los documentos y comienzan los trámites de compra del terreno y permisos de habitabilidad”.
Como estaba acordado con el banco, la pareja pagó el crédito dado por el BOD y en ese momento presentaron el pago ante el Ministerio de Vivienda. “Al conjunto residencial fue un grupo de la junta interventora a entregarnos las llaves del inmueble, así se estableció en un acta firmada de asamblea. El acta indica que a todos los propietarios que hayan cancelado la totalidad del crédito se le haría entrega de las llaves”, explica Amundaray.
En ese mismo año, la pareja es llamada a protocolizar, pero en ese momento Amundaray se encontraba atravesando por un momento delicado de salud y no pudo realizar el papeleo ni notificar de su condición o pedir alguna prórroga.
Pérez precisa que la protocolización es el paso donde se registra el inmueble, es el documento que da la última palabra. Sin embargo, acota que pese a que el registro tiene mucha más validez que un documento notariado, el documento notariado es una prueba que se tiene que se pagó por ese inmueble y que esa persona tiene derecho a la posesión, enajenación y goce de esa propiedad.
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CONSTRUCCIONES EDIVIAL
Los sueños de más de 1 mil familias distribuidas en más de siete proyectos inmobiliarios en Caracas, se vieron frustrados y sus ahorros afectados cuando los propietarios de Construcciones Edivial – Hermanos Padrón-Ontiveros – huyeron a Florida (EE.UU.). “Terrazas de la Tahona, Bosque Los Samanes, Plaza Jardín, Mercedes 711, Rosal 702, Rosal 801, Rosal 900, Tahona 900; son algunos de los proyectos cobrados no iniciados, no culminados; con terrenos cobrados que no les pertenecían, obras abandonadas con deudas y hasta invasiones, además muy retrasadas, o donde los predios no estaban a nombre de las asociaciones”, según pormenoriza una fuente al tanto, quien agrega que en el negocio se ahogaba financieramente a los asociados, inversionistas, contratistas y proveedores con el tiempo, “fabricando “cuotas especiales” duplicando el período de entrega y justificando su truco inmobiliario, con la entrega; pero con la mitad de los acabados ofrecidos, muy mala calidad de materiales y el doble del tiempo”.
HERMANOS PADRÓN-ONTIVEROS VS. EX MAGISTRADO MARCO TULIO DUGARTE
Construcciones Edivial entretanto, está en medio de una disputa que ha repicado en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, en donde los abogados de los Padrón y Ontiveros demandan el reconocimiento de sus derechos como dueños de la compañía y de los dividendos de la misma, asegurando que fueron usurpados por eL ciudadano César García Urbano Taylor y el exmagistrado del TSJ Marco Tulio Dugarte. “Nosotros tuvimos que dejar Venezuela por la intervención de nuestra empresa por parte del Gobierno durante el año 2010 en la campaña en contra de los constructores privados”, aseguró a un medio a principios de junio de 2016 Rafael Ontiveros. De acuerdo a Ontiveros, Cesar García se les acercó ofreciendo invertir en un proyecto en la calle París con Mucuchíes, en Las Mercedes, Caracas. “Con el tiempo [César García] nos informó que quien estaba detrás de él era el magistrado Marco Tulio Dugarte, ahora exmagistrado, asunto que no nos gustó, pero que supimos después de hacer el negocio con César”, explicó. De acuerdo con las palabras del accionista de la firma Edivial C.A., cuando el Gobierno interviene la empresa César García Urbano les solicitó a los socios dejarlo a cargo de un proyecto en ejecución, por lo que le dejaron la obra y le firmaron un documento entregándole las acciones de la empresa, transacción en la cual, según Ontiveros, García les entregó un contradocumento. Posteriormente no lograron fuera posible, cuando le exigieron a García reconocerlos nuevamente como accionistas.
PROTESTA LABORAL.
En marzo de 2014 54 trabajadores de la empresa Construcciones Edivial S.A, cuyos propietarios huyeron del país, denunciaron a la inmobiliaria ante el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) por la falta de pago de sus salarios y tickets de alimentación. Se trataba de los obreros que construyen el desarrollo urbanístico Asociación Civil 801, ubicado en El Rosal, Caracas, quienes manifestaron la irresponsabilidad de la constructora. Ángel Ochoa, vocero del grupo, ratificó que tenían cuatro meses sin cobrar el salario y los tickets de alimentación, debido a que los dueños de la empresa se fueron del país, dejando además la obra inconclusa, «queremos que el Indepabis haga justicia, necesitamos el pago porque de eso depende nuestras familias», dijeron entonces. Como medida de presión paralizaron la ejecución del complejo habitacional Asociación Civil 801, que ya en 2014 tenía un año de retraso, a fin de que la empresa respondiera por la deuda que tiene con sus trabajadores. Paralelamente, se dirigieron a las oficinas a buscar explicaciones, y los representantes administrativos así como los constructores a cargo de la obra no les dieron respuesta, por el contrario hicieron caso omiso de sus reclamos. Los afectados, quienes aseguraron haber sido estafados por la referida constructora, pidieron justicia ya que “se han burlado de muchos venezolanos”. El entonces presidente del Indepabis, Augusto Montiel, recibió a un grupo de trabajadores de la mencionada inmobiliaria, propiedad también de Humberto Padrón, que dejó en el limbo a 54 personas, sin el pago correspondiente de sus beneficios laborales y además estafó a cientos de familias. «Esta empresa se dedicó a engañar a las familias venezolanas diciendo que pronto iban a entregar las viviendas, lo cual es mentira porque huyeron del país», expresó entonces Montiel.