El gobierno de Nicolás Maduro estaría utilizando a una empresa registrada en Curazao para eludir las sanciones del Departamento del Tesoro y preservar el acceso al sistema financiero estadounidense.
Esta información forma parte de los alegatos consignados en una demanda que se ventila en la Corte del Distrito Sur de Miami. Las partes son Bancor Group Inc junto a Stitching Particulier Fonds Franeker, ambos caracterizados como accionistas minoritarios del Eastern National Bank de Florida, quienes emprendieron una acción legal contra miembros del directorio de esa misma entidad financiera: Gabina Rodríguez, Louis Ferreira, César Gómez Valero, Keith Parker, Carlos Rodríguez y Gustavo Macías.
Tanto Rodríguez como Gómez Valero estarían residenciados en Venezuela. La primera, de hecho, se ha desempeñado en varios cargos de la administración de Nicolás Maduro.
Bancor fue una de las entidades financieras intervenidas durante la crisis bancaria del segundo gobierno de Rafael Caldera. Contra su presidente, Juan Santaella, fue emitido un auto de detención en 1995, lo que actualmente sería una orden de captura.
A pesar de la quiebra en Venezuela, Bancor continuó operando en EE.UU., en este caso como titular de acciones del Eastern National Bank (ENB). La otra empresa, Franeker, se dedica a las inversiones. Ambas compañías suman 85 acciones del capital de ENB.
La demanda revela que 99% de las acciones del ENB pertenecen a Mercorp NV, una corporación inscrita en Curazao. Esta, a su vez, es propiedad de Corpofin CA, una compañía registrada en Venezuela cuyo control fue asumido por el Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) en 1994. Desde entonces, no ha dejado de estar bajo la tutela gubernamental.
En virtud de esta situación, el gobierno venezolano es el verdadero propietario del ENB desde finales del siglo pasado.
Preservar el control
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro en contra del gobierno venezolano plantean un riesgo para la administración del ENB.
La demanda indica que las máximas autoridades del Ministerio de Finanzas fueron Rodolfo Marco Torres (2014 a 2017) y Simón Zerpa (2017 a 2020). Ambos funcionarios fueron objeto de medidas personales por el gobierno estadounidense. A través de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), avalaron la permanencia de Gabina Rodríguez, una de las demandadas, como máxima autoridad de Corpofin y, por lo tanto, de la empresa que maneja el banco ENB de Florida.
Toda esta cadena de nombramientos ocasiona que la máxima autoridad de la entidad financiera que opera en Florida fuese “una agente del gobierno venezolano”. Esta condición se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando Rodríguez y Gómez Valero fueron “removidos” del directorio del banco.
Sin embargo, la primera continúa como máxima autoridad de Corpofin y Mercorp NV. De allí que, según la demanda, todavía ejerza un “control incontestable” sobre las decisiones del directorio de ENB.
“Mientras ella (Gabina Rodríguez) permanezca en completo control del ENB, el régimen de Maduro tendrá acceso al sistema financiero estadounidense”, advirtió la demanda de los accionistas minoritarios.
A partir de 2018, este grupo planteó en asambleas la necesidad de adaptar las prácticas y la estructura del ENB a las exigencias planteadas por las sanciones del Tesoro. La demanda indica que el directorio del ENB ofreció un pleno cumplimiento de estos requisitos. Pero hasta el momento del litigio no existía una prueba documentada al respecto.
La demanda finaliza con un listado de solicitudes al juez. Entre ellas, que sea anulada la asamblea de accionistas de diciembre de 2021, en la que se renovó la plantilla de directores.
Javier Ignacio Mayorca
Crónicas del Caribe
