Por Isabel Guerrero
Pasó sin pena ni gloria por tres cargos de media y alta relevancia dentro del cuestionado sistema de distribución de alimentos creado por la autodenominada Revolución Bolivariana, pero con una idea para reinventarse. La cercanía de Juan Carlos Salazar Labana con esa estructura de contrataciones públicas le sirvió de trampolín para una carrera empresarial entre las aguas del Estado Zulia y la cosmopolita costa de Miami Beach gracias a un exclusivo y raro producto, el cangrejo azul.
Durante la autodenominada Revolución Bolivariana, el sector oficial de la alimentación ha sido fuente de innumerables escándalos en torno a contratos incumplidos, putrefacción de cargamentos, importaciones sobrevaloradas o ficticias y pérdidas millonarias. Pero esa relación de fracasos para la colectividad vino como un período de aprendizajes para funcionarios individuales que llegaron a sus cargos sin mayor experiencia. Fue el caso de Juan Carlos Salazar Labana, que pasó de burócrata a empresario privado, con un pie en Venezuela y otro en Miami.
A los pocos meses de irse de la administración pública, en 2015, Salazar Labana despegó su carrera empresarial en Venezuela con Alimentos Salaba C.A. que dos años después cambió de nombre a Corporación Salaba C.A. con representación en Florida. Su nombre es parte de los hallazgos de Miami Nostro, una investigación conjunta entre Armando.info y el Miami Herald donde se sistematizaron los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos adjudicados con cargos públicos entre 2007 y junio de 2022, y luego cruzados con los registros de la División de Corporaciones de Florida.
Los primeros nombramientos en la Gaceta Oficial revelan a Salazar Labana en los convulsionados años de transición política cuando Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, luego del fallecimiento de Hugo Chávez. El funcionario fue miembro del comité de contrataciones públicas de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (Pdval). Luego formó parte de la directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA, también llamada CASA) y, finalmente, ocupó el cargo de vicepresidente de Comercialización de la Red de Abastos Bicentenario S.A., otra cadena de establecimientos al detal del gobierno socialista que fracasó y que se privatizó de la noche a la mañana, reconvertida en las Tiendas CLAP.
Tuvo el tino de no salir retratado en público y cuidó sus pasos en un campo minado por los escandalosos contratos incumplidos, además, de pérdidas multimillonarias en dólares que por años golpearon a la administración oficialista. Salazar Labana confirmó a Armando.info su paso por el complejo sistema de contrataciones del Estado venezolano y la creación de su propia empresa bajo la marca Salaba “en diciembre de ese año [2015]”.
Esta pronto reflejó en los nombres de sus clientes -el Banco del Tesoro, Pdvsa Gas Comunal y la red de Mercados de Alimentos (Mercal)- la importancia de mantener buenos contactos en el gobierno, aunque el empresario asegura que “nunca trabajé con el Ministerio de Alimentación” tras su salida de la institución.
Un pequeño puerto, dos grandes contratos
Aunque su relación con el Estado amainó temporalmente, luego adquirió otras formas. Salazar Labana construyó un pequeño holding de cuatro compañías: Corporación Salaba C.A., Inversiones Salaba C.A., Salaba C.A. Corporation y Salaba Corporation, estas dos últimas registradas en Miami.
En 2019, el exfuncionario firmó dos contratos con el municipio Francisco Javier Pulgar -entonces liderado por el alcalde oficialista Luis Roberto Urbina-, del sur del Lago de Maracaibo, para negociar la carne del cangrejo azul local a través de Corporación Salaba C.A., (registrada en 2015). Esta empresa, junto a Inversiones Salaba C.A., (registrada en 2018), aparecen inscritas con el objeto de dedicarse a la importación, exportación, logística y comercialización de productos agrícolas. Ambas están habilitadas como contratistas del Estado, aunque tienen un objeto tan amplio que pueden hacer casi cualquier actividad económica sin limitaciones.
Desde el pivote del emprendimiento, la venezolana Corporación Salaba C.A. mudó sus operaciones a ese abandonado sector agrícola y pesquero del estado Zulia, una minúscula zona del occidente del país que registra alrededor de 40.000 habitantes, con comunidades rurales que se dedican principalmente a la siembra de plátano, pero ven en la pesca una oportunidad de trabajo que nunca cristaliza, ni siquiera en los momentos de promesas eufóricas que hizo el chavismo. El rescate del pequeño muelle del caserío conocido como Puerto de Santa Rosa, es de vez en cuando un leitmotiv para los políticos que buscan ganar votos en la zona.
Sobre ese horizonte la empresa privada de Salazar Labana ha aparecido como gran benefactor, comprometido con la recuperación económica de la zona a través de una alianza estratégica con el gobierno municipal. El exfuncionario firmó dos contratos con el alcalde Urbina, quien dejó el cargo por motivos de salud en febrero de 2021.
Contratos entre Corporación… by ArmandoInfo
Fue en agosto de 2019 cuando Corporación Salaba C.A. recibió la concesión para la prestación de servicios turísticos, transporte lacustre de pasajeros, de carga, de pesca y comercialización de las especies piscícolas. Un mes después, también obtuvo el permiso de 20 años para operar en la captura del cangrejo azul y comercializarlo “con las empresas especializadas en su procesamiento industrial”, según especifica el contrato de concesión legal. Este documento dejaba abierta la oportunidad de ampliarse a la pesca de otras especies y dedicarse a diversas actividades en el municipio, porque, además, recibió en comodato un galpón de acopio, un parque de atracciones, la sede del Consejo de Pescadores y los muelles de carga.
Al respecto, Salazar Labana confirmó que en el contrato de concesión del Puerto Santa Rosa de Lima se comprometió como empresa “a realizar inversiones correspondientes para recuperar dicho muelle y ponerlo operativo con la pesca de cangrejos, en alianza con los pescadores de la zona que se encontraban en total abandono desde hace más de cinco años”. Además de las mejoras en infraestructura general y reactivar la economía pesquera del lugar, la empresa de Salazar Labana se comprometía a entregar a la alcaldía 2% de las ganancias por la comercialización del producto pesquero y de los diferentes servicios contratados.
Un detallado plan de negocios al que tuvo acceso Armando.info describió la operación comercial de la Corporación Salaba C.A. en el sur del Lago tras la firma de los contratos de concesión. El primer paso fue la construcción de una infraestructura de base a través de los consejos comunales y de pescadores de la zona, ejecutada cuando financió la recuperación de un galpón para almacenar las especies capturadas y la dotación a los lancheros con cuatro motores para sus embarcaciones, según reseñó El Pitazo.
Salazar Labana propuso equipar una flota de 30 lanchas, con dos personas en cada una y centros de almacenamiento para el cangrejo azul. Oscar Pantaleón, representante del Consejo de Pescadores del lugar, comentó en esa noticia local que la carga de la especie sería trasladada desde el galpón recuperado “hasta Puerto Concha, en el municipio Colón, [sur del Lago] donde otra empresa privada se ocuparía de descarnar”.
Esta otra empresa es AQA Mar, señalada en el plan de negocios de Salazar Labana de ser una de las plantas con la que trabajaría como proveedor.
El mecanismo propuesto por Corporación Salaba C.A. resultó ser atractivo para los pescadores. De vivir en condiciones empobrecidas, sin gasolina para echar a andar sus motores, actividad productiva o seguridad, podrían pasar a cobrar 800 dólares mensuales cada uno. En estos momentos en Venezuela esa cantidad representa cerca de 50 salarios mínimos.
Un crustáceo estratégico
Con la lógica extractivista del régimen venezolano, sediento de divisas, la especie acuática no podía pasar inadvertida. A principios de 2022, Nicolás Maduro comentó durante una transmisión en la televisora oficial que “el mejor cangrejo azul del mundo se produce en Venezuela, en el Zulia ¡Es una exquisitez!”. En esa emisión entrevistaron a un representante de AQA Mar, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras que tiene su planta en Puerto Concha, estado Zulia, otra localidad del sur del Lago con mejor pronóstico económico que los caseríos vecinos y un atractivo impulsado por el turismo, así como la pesca.
Salazar Labana propuso equipar una flota de 30 lanchas, con dos personas en cada una y centros de almacenamiento para el cangrejo azul. Oscar Pantaleón, representante del Consejo de Pescadores del lugar, comentó en esa noticia local que la carga de la especie sería trasladada desde el galpón recuperado “hasta Puerto Concha, en el municipio Colón, [sur del Lago] donde otra empresa privada se ocuparía de descarnar”.
Esta otra empresa es AQA Mar, señalada en el plan de negocios de Salazar Labana de ser una de las plantas con la que trabajaría como proveedor.
El mecanismo propuesto por Corporación Salaba C.A. resultó ser atractivo para los pescadores. De vivir en condiciones empobrecidas, sin gasolina para echar a andar sus motores, actividad productiva o seguridad, podrían pasar a cobrar 800 dólares mensuales cada uno. En estos momentos en Venezuela esa cantidad representa cerca de 50 salarios mínimos.
Un crustáceo estratégico
Con la lógica extractivista del régimen venezolano, sediento de divisas, la especie acuática no podía pasar inadvertida. A principios de 2022, Nicolás Maduro comentó durante una transmisión en la televisora oficial que “el mejor cangrejo azul del mundo se produce en Venezuela, en el Zulia ¡Es una exquisitez!”. En esa emisión entrevistaron a un representante de AQA Mar, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras que tiene su planta en Puerto Concha, estado Zulia, otra localidad del sur del Lago con mejor pronóstico económico que los caseríos vecinos y un atractivo impulsado por el turismo, así como la pesca.
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