Juan Francisco Gómez Cerchar, más conocido como Kiko Gómez, fue un poderoso político de La Guajira que llegó a ser gobernador de ese departamento entre 2012 y 2013. Sin embargo, su carrera se vio truncada por graves acusaciones de corrupción, paramilitarismo y homicidio, que lo llevaron a la cárcel y a enfrentar varias condenas que suman 95 años de prisión.
Entre los crímenes que se le atribuyen a Kiko Gómez están los asesinatos de la alcaldesa de Barrancas, Yandra Brito; su esposo, Henry Ustáriz; y su conductor, Wilfredo Fonseca; ocurridos en 2012. También se le responsabiliza de los homicidios del concejal de Barrancas, Luis López Peralta; y de Luis Rodríguez Frías y Rosa Mercedes Cabrera; cometidos en 1997 y 2000, respectivamente.
Según las investigaciones, Kiko Gómez habría sido el determinador de estos crímenes, dando órdenes directas a la banda criminal de Marquitos Figueroa, un reconocido narcotraficante y paramilitar de la región. Además, se le señala de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de desviar recursos públicos para beneficio propio y de sus aliados.
Sin embargo, en enero de 2023, Kiko Gómez fue trasladado desde Bogotá a Barranquilla, bajo un fuerte operativo de seguridad. El motivo del traslado fue una solicitud de su defensa, que argumentó problemas de salud del exgobernador y la necesidad de estar cerca de su familia.
Así, Kiko Gómez fue recluido en el centro penitenciario El Bosque, en Barranquilla, donde continuó bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Pero su estadía en esa prisión no duró mucho tiempo.
El 11 de marzo de 2023, Kiko Gómez presentó un supuesto cuadro de vómito que requirió su traslado de urgencia a la clínica Iberoamericana, ubicada en el norte de Barranquilla. Allí fue ingresado a la sala de observación médica, donde se le practicaron varios exámenes para determinar la causa de su malestar.
El periodista colombiano Gonzalo Guillén, ahora ha señalado que, desde el 12 de marzo de 202, Gómez está “vacacionando” en la clínica Iberoamericana de Barranquilla, y ha negociado con el Inpec su traslado a una mansión, igual que lo ha hecho el convicto empresario Carlos Mattos.
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