Por Carlos Crespo
armando.info
La circulación de una colección de cuadernos y útiles escolares con la imagen de un superhéroe de tiras cómicas que imita a Nicolás Maduro no era solo un gesto de adulación para el poder. Sirvió en los hechos como presentación en sociedad de un empresario de origen ecuatoriano e irónicamente lampiño, con vocación de bueno-para-todo, y los superpoderes necesarios para obtener desde 2016 contratos de toda índole con el Estado venezolano, desde servicios técnicos petroleros hasta la dotación de papel higiénico y tóner de impresoras.
“Una gran jodedera al imperialismo: si ellos tienen a Supermán, nosotros tenemos a Superbigote”, se ufanó Nicolás Maduro en una transmisión de medios oficiales durante la Expoferia Plan Escolar 2022 y 2023, celebrada en el Círculo Militar de Caracas.
Mientras hablaba ante las cámaras, el cuestionado mandatario enseñaba los cuadernos, morrales y útiles escolares estampados con una versión de su propia figura, en la que aparece con robustos músculos y con el famoso traje y capa (aunque con los colores invertidos) del superhéroe, quintaesencia de la cultura popular estadounidense, ideado en 1938 por el escritor Jerry Siegel y el dibujante canadiense Joe Shuster.
El nombre de uno de los fabricantes de ese merchandising trascendió por la publicidad que le dio un medio oficial: Corporación Trading Latinoamérica, C.A (CTL). “De estos cuadernos tenemos una capacidad de producción de entre 60.000 a 80.000 por día y con posibilidades de doblar esa producción”, señaló Eduardo Álvarez, representante de la empresa. La gama, cuyo diseño promete ser merecedor de un suculento contrato con instituciones públicas, también incluye un morral de Superbigote -el Nicolás Maduro puesto a la manera del universo de DC- y cuadernos con la figura del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, representado este último como Drácula, el personaje que el mandatario regional adoptó como su marca personal.
Pero detrás de este negocio, pintoresco solo a primera vista, se encuentra una trama más densa.
Como lo anunciaba la propia página web de Corporación Trading Latinoamérica –sitio que fue tumbado luego de que el reportero de la presente historia entregó un cuestionario en la sede de la empresa, el pasado 11 de noviembre-, la compañía también se dedica a la “comercialización de material ferroso y no ferroso, exportación e importación de petróleo, gas y sus productos derivados”. También desarrolla actividades relacionadas con las criptomonedas, “la intermediación financiera” y el suministro de materia prima y bienes terminados. De hecho, dice aceptar, como forma de pago, “material ferroso y no ferroso, crudo y/o productos derivados”. Un abanico de opciones amplio pero muy ajeno a la producción de material didáctico o de promoción.
Esta información, que la empresa se ocupaba de difundir antes en su propio portal, se ve confirmada en sus documentos mercantiles, donde el objeto de la compañía ocupa hasta seis páginas y detalla que también desarrollan “actividades conexas de maquinarias y equipos de perforación y exploración de petróleo y gas, (…) o las actividades conexas requeridas para la distribución a nivel nacional e internacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural no asociado y sus gases asociados”.
No era solo tinta sobre papel. Era un discurso autorizado. Tratándose del petróleo, un recurso estratégico del Estado venezolano, para comercializarlo se requiere de un permiso de altas autoridades de las empresas públicas. También ocurre con la chatarra, que desde 2021 ostenta la misma categoría oficial. CTL tenía ambos permisos desde 2020.
Los documentos de la empresa incluyen una carta del Ministerio del Petróleo, fechada el 19 de octubre de 2020, con la firma del director general de Mercado Nacional de Pdvsa, el coronel Marino José Lugo Aguilar, que autoriza a CTL a indicar como objeto de la compañía, ante el registro mercantil, el “expendio de los productos derivados del petróleo”.
También una comunicación del 8 de diciembre de 2020, del entonces presidente de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), el general de división Irwin José Ascanio Escalona -ahora presidente de Bolipuertos-, quien autorizó a CTL para que en su oferta de servicios indicara que se dedica a la “compra, venta, importación, exportación (…) y transporte de chatarra ferrosa y no ferrosa”, así como a la comercialización nacional, exportación y transporte de “materiales estratégicos, residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel”, productos del reciclaje de papel, entre otros.
Con la debacle de la industria petrolera venezolana, que actualmente produce menos de un tercio del crudo que hace 20 años, la autodenominada Revolución Bolivariana ha tenido que recurrir a nuevas fórmulas para obtener divisas. Entre ellas está la exportación de chatarra, que literalmente se arranca de las desvencijadas instalaciones de la propia Pdvsa y otras empresas públicas en ruinas.
Un decreto presidencial de enero de 2018 autorizó a Corpoez para centralizar la exportación de chatarra ferrosa y no ferrosa en el Estado. Mientras, otro decreto de febrero de 2021 declaró la chatarra como un material de “carácter estratégico”.
No hay duda de que CTL tiene acceso a altas esferas del chavismo gobernante. Pero, ¿quién fue la persona que logró, en tan corto tiempo, estos permisos tan exclusivos otorgados por militares del régimen de Maduro?
La hora loca llegó a Pdvsa
Kelver Rodolfo Mendoza Valencia no es Superbigote, pero de que tiene superpoderes, los tiene: por ejemplo, el de convertir una pequeña piñatería en una corporación que comercia petróleo y chatarra, que puede construir drenajes, distribuir gasolina, gasoil, diésel y jet fuel, y, por supuesto, vender los cuadernos escolares con la figura de Superbigote.
Mendoza es de nacionalidad ecuatoriana, tiene mucho tiempo radicado en Venezuela, y se graduó como abogado en la Universidad Santa María de Caracas. En 2007, apenas un año antes de fundar su emprendimiento, las perspectivas lucían muy distintas para Mendoza, quien afrontaba un juicio de desalojo de un apartamento en la urbanización San Bernardino, en el centro de Caracas. Hoy la sede de CTL se ubica en la Torre Provincial de Chacao, sobre la avenida Francisco de Miranda, donde se encuentran las sedes de un buen número de bancos y grandes corporaciones de la colapsada economía venezolana.
La cuenta de la red social Instagram de CTL asegura que esta nació “en el año 2008 producto de la unión de talentos que dieron lugar a una organización multifuncional”. Lo que no revela es que en aquel momento la empresa se denominaba Esquina de la Hora Loca, C.A. y que su objeto, de apenas unas líneas, era el de comercializar productos de piñatería o relacionados con eventos festivos. Antes de su actual oficina, tuvo una mucho más modesta, ubicada en un local de La Candelaria, una zona de clase media en el centro de Caracas.
Mendoza y una mujer de nombre Yulimar Sabrina Colina Moreno compartían a partes iguales las acciones de la compañía. La empresa no registró casi ningún movimiento hasta febrero de 2015 cuando Mendoza se hizo con todo el capital accionario. El 11 de diciembre de 2016, la compañía cambió su denominación a la actual y a partir de esa fecha comenzó a crecer aceleradamente en actividad y recursos.
Fue en ese 2016 que la empresa inició sus ofertas para el sector gubernamental. Entre ellas, la de vender “todo tipo de suministros para organismos públicos como alcaldías y gobernaciones, instituciones autónomas y empresas del Estado” y la de fabricar “uniformes para todos los cuerpos de seguridad nacionales existentes, así como los equipos, materiales, accesorios de seguridad utilizados por los mismos”.
Sin duda fue un año de inflexión para el negocio. De 2016 datan los primeros contratos con organismos oficiales que muestra el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Por ejemplo, uno con Inversora Ipsfa -estas últimas son las siglas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada de Venezuela- para “la venta de bienes y servicios”. En julio de 2018, en un ambiente de hiperinflación y crisis económica, la compañía contaba con un capital de dos billones de bolívares que, al cambio del dólar negro de la época, equivalía a unos 500.000 dólares.
El RNC también detalla que, entre 2018 y 2021, CTL obtuvo 11 contratos con Pdvsa o empresas filiales del holding petrolero, como Bariven, Pdvsa Gas y Sinovensa. La mayoría de estos acuerdos comportaban la venta de útiles escolares para los hijos de los trabajadores petroleros en 2019-2020, servicios de comida para el personal, suministro de papel higiénico o de tóner para las impresoras de la petrolera.
Entre estos acuerdos destaca uno de carácter más técnico, de enero de 2021, con Pdvsa Petróleos S.A. e identificado como AC-REP-2021-022. Este encarga a la corporación del “mantenimiento, suministro e instalación de equipos rotativos, estáticos, eléctricos, instrumentación, infraestructuras, áreas perimetrales, subestaciones eléctricas, estaciones de servicios de combustibles, y saneamiento de pasivos ambientales de la refinería El Palito”. Esta contratación en uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Venezuela, sobre las costas del estado Carabobo, se dio apenas tres meses después de que la empresa añadió a su objeto la dedicación a servicios petroleros.
El cuento del fondo chino
El relato de éxito súbito de Mendoza también tiene un apartado chino. En su cuenta de Instagram, Mendoza dice que además de ser el CEO (siglas de Chief Executive Officer, equivalente en inglés a presidente ejecutivo) de Corporación Trading Latinoamérica (CTL) también lo es de una compañía china, cuyo nombre es Hanzhou Latin America Trading Co.
China es uno de los principales destinos del crudo venezolano, bien para pagar los colosales préstamos que Beijing otorgó al régimen de Caracas, o bien en su rol de comprador, sobre todo después de que Estados Unidos diera inicio a su política de sanciones financieras, comerciales y migratorias.
Con el apoyo de Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), Armando.info pudo confirmar que la compañía fue inscrita en China en agosto de 2019 y disuelta en noviembre de 2021. Como único accionista aparece Mendoza Valencia y, como directivo de la empresa, un venezolano de nombre Moritz Phillipe Garroz Borelly.
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