José Trinidad Márquez es un venezolano inmerso en la corte corrupta del Banco Espírito Santo.
Durante más de dos décadas, José Trinidad Márquez se ha hecho pasar por un alto ejecutivo de Pdvsa para convencer a empresas transnacionales de poderles conseguirles contratos con la estatal petrolera venezolana por vías irregulares, obteniendo así comisiones millonarias.
Durante dos décadas llevó a cabo esas estafas por medio del Banco Espírito Santo.
Debido a esas estafas, ha estado detenido y le han sido abierto juicios en Estados Unidos, España y en Venezuela. En este último país permaneció durante año y medio preso en el retén del Junquito, según un reporte de expresa.se.
Trinidad Márquez fue reclutado por el Banco Espírito Santo para ejecutar la rutina de la estafa. Se trataba del mayor banco de Portugal, el cual tenía problemas de liquidez. La insolvencia del banco se agravó hasta que en el año 2014 la entidad quebró fue intervenida por el Estado portugués.
Previo a la quiebra la entidad lusa había permanecido a flote gracias a fondos venezolanos.
En los años de crisis de la entidad, se aseguraba que Rafael Ramírez Carreño, quien entonces era presidente de Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa), había logrado evitar la quiebra del banco.
Espíritu Santo logró convencer a muchos funcionarios venezolanos, Se presume que mediante sobornos, para qué trasladaran fondos a la entidad y poder así aumentar su liquidez.
Al menos hasta el año 2020 se aseguraba que José Trinidad Márquez permanecía en España.
Frente al telón del colapso en 2014 del mayor grupo financiero de Portugal, el caraqueño José Trinidad Márquez ofreció la actuación cumbre de toda una carrera de estafador. Después de timar a la alta gerencia del banco, permanece fugitivo. En España la prensa lo ha bautizado bautizó como ‘el intermediario de oro’ o ‘el hombre de las mil caras’. Con su rutina del experto petrolero que se ofrece para arreglar negocios con Pdvsa, perfeccionada a lo largo de más de dos décadas, se ha ganado millones de dólares, así como acusaciones penales en varios países.
José Trinidad Márquez no vive aquí: al apenas llamar por el intercomunicador al apartamento que habitaba, una voz responde con eso. También sale el portero al notar que se hacen fotos de la entrada del edificio, el número 77 de la calle de Núñez de Balboa, en Madrid. Con la parquedad que se reserva a quien se desea ahuyentar, asegura que ya hace algo más de un año que se fue.
Núñez de Balboa 77 del barrio de Salamanca en Madrid
Núñez de Balboa 77 del barrio de Salamanca en Madrid
La calle de Núñez de Balboa corre paralela a la lujosa Serrano, la Champs Elysees de la capital española, a apenas cuatro cuadras de distancia. Es el corazón de Salamanca, el barrio céntrico de Madrid que una oleada de inmigrantes venezolanos con dinero ha contribuido a gentrificar de nuevo en los últimos años. Hasta la llegada de la pandemia del coronavirus, un apartamento del edificio de Núñez de Balboa 77 se transaba por dos millones de euros.
Pero José Trinidad Márquez se ha ido de ese sector de la ciudad donde brotan los venezolanos pudientes y las marcas más exclusivas. Se puede conjeturar que contó con buenos incentivos para dejar una ubicación tan privilegiada: dinero fresco para gastar y una solicitud de la justicia. De hecho, su apartamento en Núñez de Balboa llegó a ser allanado por petición de las autoridades judiciales de Portugal, según un reporte de Ewald Scharfenberg para la web Armando.info.
De la noche a la mañana, el sexagenario caraqueño se ha convertido, tanto para los tribunales como para la prensa en Lisboa, en el más colorido del elenco de personajes implicados en la trama de la quiebra e intervención en 2014 de la mayor entidad financiera portuguesa, el Banco Espírito Santo (BES).
El 15 de julio de 2020, después de seis años de averiguaciones, la Fiscalía portuguesa presentó finalmente su documento de acusación sobre el caso. El legajo se toma más de 4.000 folios para descifrar la complejidad del tejido fraudulento que la alta gerencia del BES, con su presidente, Ricardo Salgado -hasta entonces conocido en Portugal por las siglas DDT, para decir el Dueño De Todo-, al frente, fue hilando por años para tapar los huecos en los balances. Los hechos que el Ministerio Público reportó son suculentos, pero la narración se puede hacer tediosa entre detalles de ingeniería financiera, operaciones con papeles de deuda y entes de gobernanza corporativa.
Para los legos, sin embargo, el voluminoso legajo guarda ocho cuartillas de picaresca: la historia rocambolesca por la que Salgado recluta, a través de un intermediario, a un impostor profesional, José Trinidad Márquez, para que ante algunos de sus colegas ejecutivos del BES se haga pasar por un alto funcionario de Pdvsa que desde Caracas viene a ofrecer a la gerencia del atribulado banco -ya para ese entonces, marzo de 2014, corrían los últimos días antes de la quiebra y la búsqueda de liquidez era frenética- el amaño de una licitación de un fondo de inversión de la petrolera estatal venezolana, a cambio del pago de algunos gastos. Márquez hizo su papel a la perfección y del lance salió con una recompensa de 4,5 millones de euros, mientras el Espírito Santo no tardaría en colapsar definitivamente, en agosto de 2014.
Más que al alcance de cualquiera sin conocimientos financieros, parece el borrador del guión de una película hollywoodense de estafadores clásicos, como El Golpe (The Sting, 1973) o Escándalo Americano (American Hustle, 2013), en la que el donaire y la astucia que los timadores ponen en juego para hacer que sus víctimas incautas muerdan el anzuelo, conquistan por igual la simpatía de los espectadores.
Lo que los medios portugueses pasaron por alto es que Márquez no solo es un artista de la estafa que ha hecho del engatusamiento del prójimo un modo de vida. En realidad, acumula desde los años 90 un prontuario internacional que ahora también abarca Portugal: ha enfrentado juicios en Estados Unidos, España y Venezuela, al menos. En todas esas jurisdicciones recibió sentencia, con pena de prisión en las dos últimas. Ha vuelto siempre a las andadas, en cualquier caso. Cómo se las arregla para cumplir condenas cortas, reincidir, y alimentar así un estilo de vida de ricos y famosos, solo con fingir que es un experto petrolero, constituye una aventura de más de dos décadas que apenas se explica por una resiliencia fundada en una probable inclinación patológica.
En enero de 1998 el diario El País de Madrid recogía en su sección de Locales una información firmada bajo el titular: “Detenido cuando pretendía estafar 250.000 millones a Astilleros Españoles”. El entonces reportero del periódico español, Jan Martínez Ahrens, con un dejo que trasluce admiración, reseña la peripecia y final captura del “hombre de mil caras” que “sin bachillerato, había burlado supuestamente a compañías como Cooper Rolls, de Ohio; Icec, de Nueva York; Intel Chemical Co., de Tulsa, y Lewag, de Viena”. Lo bautiza de entrada como el Intermediario de Oro y cuando por fin lo identifica como el venezolano José Trinidad Márquez, asegura que “por encima de las órdenes de búsqueda y captura, volaba de capital en capital ofreciendo el gran negocio”.
Por esos días Márquez se hacía pasar o bien por el vicepresidente de Pdvsa, Pablo Reimpell, segundo a bordo de Luis Giusti, o como emisario del mismo Reimpell. Así caracterizado, con el apoyo de documentación forjada -tras su arresto, al allanar la habitación en la que se hospedaba del tradicional hotel Plaza Princesa, cerca de La Moncloa, le incautarían papelería y sellos de Pdvsa y del ministerio venezolano de Energía y Minas-, consiguió persuadir a la empresa Astilleros Españoles, entonces una empresa mixta especializada en la construcción de tanqueros, de que diligenciaba la compra de 26 buques por valor de 1.650 millones de dólares: un contrato soñado. Para asegurar la asignación a la empresa española, Márquez exigió una comisión de 800.000 dólares.
Márquez presentó a sus interlocutores españoles un cheque falsificado del banco suizo UBS, o 30% del total del contrato como garantía, y la operación se cerró en palabras.
Para la ocasión los ejecutivos de Astilleros Españoles no habían encomendado a nadie una labor de due dilligence que investigara a su contraparte, lo que quizás les habría permitido comprobar que, tan solo un par de meses antes, en octubre de 1997, Vitol, la mayor comercializadora independiente de petróleo en los mercados globales fuera de las estatales y de las míticas siete hermanas, acababa de introducir una demanda contra José Trinidad Márquez en un tribunal de Miami. La empresa de origen holandés, pero con personalidad jurídica en Suiza, reclamaba a Márquez una indemnización de 3,75 millones de dólares por “incumplimiento de contrato”.
De acuerdo a la demanda introducida ante el Tribunal 11 en lo Civil del Condado de Miami-Dade, en Florida, entre mayo y junio de 1996 Márquez había desplegado un modus operandi que a la larga consagraría como la marca de agua de sus montajes subsecuentes: dijo que, gracias a sus contactos en la petrolera venezolana, estaba en posición de negociar un contrato para que Pdvsa despachara de manera estable y en condiciones ventajosas 120.000 barriles diarios de crudo a Vitol. Mostró credenciales de Pdvsa y hasta acudió a algunas reuniones en compañía de supuestos ejecutivos de la compañía venezolana, lo que conquistó la confianza de Vitol. Esta accedió a firmar el contrato con Márquez y a pagarle una comisión de cinco millones de dólares. El 5 de junio de 1996, Vitol transfirió 3,75 millones de dólares a una cuenta a nombre de José Trinidad Márquez en el banco suizo Vonbotel, entidad que curiosamente sería mencionada años después en versiones de prensa como uno de los ductos de lavado de dinero negro del chavismo. Esa cantidad era la primera cuota del fee prometido a Márquez, cuyo monto total se completaría cuando Vitol recibiera el primer embarque, algo que, desde luego, nunca sucedió.
Para entonces Márquez mantenía amarrado en una marina de Miami su yate La Marquesita, mismo nombre de la quinta donde había vivido por años en la exclusiva urbanización Cerro Verde del sureste de Caracas. Esa y otras relaciones de Márquez con Florida motivaron a Vitol a interponer la demanda en esa jurisdicción, en la que el proceso ascendió por solicitud de la defensa hasta la Corte Federal del Distrito Sur. Sin embargo, para la fecha Márquez tenía su residencia en Houston, Texas. Unas oficinas a todo dar en el edificio del NationsBank en esa ciudad formaban parte de la parafernalia que José Trinidad Márquez había construido para dar una pátina de credibilidad a su fachada de trader petrolero.
Demanda de Vitol contra Jos… by ArmandoInfo
Nada de esto era del conocimiento de las autoridades de Astilleros Españoles a la hora de pactar el pago de una comisión de 800.000 dólares para Márquez, a cambio de que este les asegurara un pedido de 26 tanqueros para Pdvsa. Pero la suspicacia no les dejó en la estacada. Notaron en Márquez cierta prisa por firmar y algunos “comentarios sospechosos”, según relataba entonces El País. Contactaron a los jerarcas de Pdvsa, empresa para la que, con anterioridad, ya habían armado cuatro tanqueros.
Por poco Márquez se salía con la suya. Capturado y puesto a la orden de la fiscalía el 23 de enero de 1998, aún tenía a su favor algunos atenuantes que frente a la justicia española presagiaban una condena leve para él: no había cobrado la comisión para completar el delito y tampoco presentaba antecedentes criminales. España decidió deportarlo a Venezuela, donde le esperaban otras cuentas con la justicia.
La única fotografía que hasta ahora se conoce públicamente de José Trinidad Márquez apareció publicada en la segunda página del suplemento dominical Siete Días del diario El Nacional de Caracas, en su edición del 23 de agosto de 1998. Se le ve en lo que pudieran ser las inmediaciones del edificio sede de la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ; hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC; equivalente en otros países a la policía auxiliar de la fiscalía), en la céntrica Plaza Carabobo de la capital venezolana. Bigote negro tupido, lentes de montura fina y redonda, saco cruzado con tela de color oscuro que podría ser lino: cualquiera lo tomaría por un funcionario de la alta gerencia de las empresas del Estado. Le rodea una empalizada de micrófonos de noticiarios de TV y grabadoras de cassette con que los reporteros recogen sus declaraciones. Aunque su nombre volverá otras veces a los medios, tal vez sea esta la única en que su rostro alcance el prime time de las pantallas televisivas (algo sin duda inconveniente para su oficio de embaucador).
Sucedió que cuando Astilleros Españoles consultó con Pdvsa acerca de las credenciales de Márquez a principios de ese año, saltaron a relucir otras historias del personaje. La más importante: en Venezuela se le buscaba para responder ante la justicia por acusaciones de emisión de cheques sin fondos, valimiento con funcionarios -tal el tipo penal- y uso de sellos falsos.
En un caso, Márquez, suplantando en el engaño a Pablo Reimpell, había defraudado a Linde AG, una empresa alemana de gases industriales derivados del petróleo, cantidades por 3,5 millones de marcos alemanes y 3,5 millones de dólares. Ambos montos formaban parte del pago de comisiones para Márquez-Reimpell que los alemanes le habían prometido a cambio de que se les concediera el proyecto multimillonario para construir una planta de etileno en el entonces embrionario Complejo Criogénico de Jose, sobre las costas del estado Anzoátegui, nororiente de Venezuela.
En un segundo caso, Márquez se hizo pasar por un emisario de Frank Alcock y Claus Graf, para la fecha vicepresidente y director de Pdvsa, respectivamente. En tal calidad, Márquez convenció a los directivos de la estadounidense Stone & Webster, una firma de proyectos de ingeniería civil con sede en Massachussets y que a la postre sería absorbida por Westinghouse, de que podría obtener el contrato para la construcción de la planta de olefinas del mismo complejo en Anzoátegui. Stone & Webster acordó pagar la intermediación de Márquez con una comisión de 1,2 millones de dólares. La osadía de Márquez llegó a tal punto que a mediados de 1994 no tuvo empacho en acompañar a dos representantes de la empresa norteamericana, Michael Pears y James Holt, en una presentación de su catálogo de servicios realizada en el propio despacho de Claus Graf en los cuarteles generales de Pdvsa en la urbanización La Campiña, en el norte de Caracas. Solo fue unos meses después, cuando los ejecutivos norteamericanos enseñaron a Graf un contrato -forjado- de construcción de la planta de olefinas con su firma -apócrifa-, que se hizo claro para todas las partes que habían sido víctimas de una costosa tomadura de pelo.
Al regresar a Caracas en febrero de 1998, deportado desde España, José Trinidad Márquez tuvo un juicio rápido. Quizás demasiado rápido. También demasiado laxo.
La jueza titular del Tribunal 43 en lo Penal, Norma Hernández de Arteaga, lo sentenció a un año, cinco meses y diez días de prisión. A la luz de la gravedad de los delitos cometidos, la pena lucía ligera. Quizás haciéndose eco de sus fuentes expertas, la reportera que firmaba la nota en El Nacional de ese domingo de agosto de 1998, Albor Rodríguez, enumeraba todos los sustraendos de pena y los beneficios procesales que la jueza había aplicado para acortar la condena.
La periodista denunciaba además los privilegios de los que gozaba Márquez en el centro donde cumplía su pena, el llamado Retén Judicial de El Junquito, a las afueras de Caracas. Por un tiempo se le recluyó en una habitación del edificio administrativo del penitenciario, donde contaba con una cama matrimonial, computadora, horno de microondas, dos líneas telefónicas fijas y refrigerador. Recibía visitas casi a cualquier hora y cualquier día, a las que atendía en la terraza del director del retén. Cuando el director fue destituido y se quiso disciplinar a Márquez, se le mudó a la mejor celda del Pabellón H, un recinto VIP en el que hasta no mucho antes se había alojado Ramiro Helmeyer, el financiero yuppie que había dirigido una breve campaña de sobres-bomba en 1993, durante el gobierno provisional del historiador Ramón J. Velásquez.
Parecía que Márquez tenía los modos para comprarse favores. Con influencias o sin ellas, lo cierto fue que pudo dejar el cautiverio venezolano para reaparecer en 2003 en Texas. Entonces solicitaba la protección de un tribunal de la ciudad de Austin, la capital estatal, para declararse en bancarrota, amparo que duró hasta 2008. Debió ser un tramo oscuro de su carrera. Pero si entonces vivió derrotas o estrecheces, no faltaba mucho para que se desquitara de ellas.
En marzo de 2009 se presentó en las oficinas centrales en Madrid de Técnicas Reunidas -una corporación especializada en la construcción de infraestructura para la industria de los hidrocarburos, parte del índice IBEX de las 35 mayores empresas españolas- un hombre que decía ser emisario de Rafael Ramírez Carreño, el todopoderoso presidente de Pdvsa y ministro de Energía en el gabinete de Hugo Chávez. El personaje, acompañado de otros individuos, afirmaba que el ministerio, en medio de la sequía pertinaz que entonces azotaba a Venezuela y que un año más tarde llevaría al comandante revolucionario a decretar la emergencia eléctrica, se disponía a levantar una central termoeléctrica de ciclo combinado en la región costera. Según el visitante, el Estado venezolano había dispuesto una inversión de 210 millones de euros para la obra. A nombre de Rafael Ramírez, podía asegurar que el cuantioso contrato sería asignado a Técnicas Reunidas. A cambio, relataría después el diario El País, “solicitó distintas cantidades de dinero en la moneda venezolana (bolívar) y en euros para organizar el viaje a España, el alquiler de vehículos y su estancia en Madrid”.
Ni qué decir que se trataba de José Trinidad Márquez.
Hizo que un tercero llamara al embajador para el momento de España en Caracas, Dámaso de Lario Ramírez, y, haciéndose pasar por Rafael Ramírez, le confiara que había delegado en Márquez su representación y las facultades para decidir la adjudicación. Eso sí: la transacción debía ser confidencial y ningún otro ejecutivo de Pdvsa o del Gobierno de Venezuela debía tener conocimiento de ella.
Con la argucia, José Trinidad Márquez obtuvo de Técnicas Reunidas una primera consignación de 350.000 euros, y luego un cheque por 1,3 millones de euros, ambos pagos en la primavera septentrional de 2009. Pero cuando los directivos de la empresa española cayeron en cuenta de que el prometido abono de 210 millones de euros no les llegaba de Venezuela, procedieron a denunciar a Márquez. El juez de instrucción logró congelar una cuenta bancaria del venezolano con depósitos por 350.000 euros, y actuó con la celeridad suficiente como para que Márquez no alcanzara a cobrar el cheque.
El juicio se inició en octubre de 2011 en la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque la fiscalía pedía cuatro años de prisión para el reo, el veredicto, que llegó en abril de 2012, ordenó cárcel por dos años para el acusado por los delitos de estafa y falsedad de documento privado. Los atenuantes habían acudido otra vez en auxilio de Márquez: carecía de antecedentes penales en España -no fue juzgado por el engaño de 1998 a Astilleros Españoles- y aceptó su culpa sin chistar.
En marzo de 2016 obtuvo de un Tribunal de Caracas su divorcio de Bety Haydee Jakson, quien había sido su esposa desde 1979. La sentencia cita un poder notariado de octubre de 2014 que certificaba que para la fecha Márquez tenía residencia en Madrid. Por lo que se sabe también había tenido libertad ese año para viajar al extranjero. Pues entre abril y mayo de 2014, cuando apenas se completaban los dos años desde la condena del tribunal por la estafa a Técnicas Reunidas, Márquez estuvo en Lisboa al menos dos veces para consumar su golpe maestro.
José Trinidad Márquez no es el único venezolano que se menciona en la nómina de protagonistas del llamado Caso Espírito Santo, una denominación demasiado escueta para comprender el sofisticado esquema de maniobras y productos financieros que Ricardo Salgado y su equipo, con la venia de los principales accionistas, implementaron por años desde la alta gerencia de la entidad para cubrir sus insolvencias sin dejar de redituar personalmente. Resulta llamativo que el documento de la fiscalía lusa presentado en el mes de julio del año 2020, que desemboca en la imputación de doce individuos y cinco organizaciones por diversos crímenes, incluya dos segmentos dedicados por entero a las relaciones del grupo financiero con Venezuela.
Esas relaciones se remontan a 2008 cuando -como se ocupa en relatar la acusación- una delegación de empresarios portugueses acompañó al primer ministro José Sócrates durante una visita de Estado a Caracas. En el grupo viajó Ricardo Salgado. Si bien hasta entonces el Espírito Santo había fungido como financista para empresas portuguesas que empezaban a hacer negocios en Venezuela, como la petrolera GALP o la Caixa Geral de Depósitos, a partir de esa fecha encontró en la administración chavista la solución para los crónicos problemas de iliquidez causados por su desacertada gerencia.
Si entre 2009 y 2014 el Espírito Santo y su inmensa armada de subsidiarias se mantuvieron a flote, fue en buena parte gracias a que taponearon con fajos de petrodólares venezolanos las vías por las que sus balances hacían agua. La gerencia de Salgado logró persuadir a diversos organismos del Estado venezolano -notoriamente, Pdvsa, pero también el Fonden o el banco de desarrollo Bandes, entre otros- para que, primero, confiaran al BES funciones de Tesorería; luego, para que invirtieran en papeles de deuda emitidos por el grupo; casi simultáneamente, para hacer del BES el garante de pago de las compras venezolanas de bienes y servicios en el exterior, sobre todo a través de Bariven.
Cada una de esas funciones implicaba una inyección de dinero líquido en las arcas del BES. Por ejemplo, de acuerdo a datos del Ministerio Público portugués, entre 2008 y 2014 las diversas entidades del Estado venezolano invirtieron algo más de 3.100 millones de dólares en papeles-valores del grupo financiero.
Desde luego, esas inversiones masivas ocurrieron no por cuenta de la calidad del servicio al cliente del Espírito Santo. Además de una cierta dosis de ingenuidad y displicencia de parte de las autoridades venezolanas, el pago sistemático de sobornos resultó determinante para que los jerarcas de la administración chavista desviaran ese caudal hacia el banco portugués. Las coimas circulaban a través de una intrincada capilaridad de empresas offshore que los fiscales llevan años estudiando y que finalmente decidieron apartar del proceso principal, para empaquetarla bajo el nombre de Investigación GES/Venezuela/Suiza/Dubái/Macao. De esa investigación también se espera que surja pronto una nueva acusación, que señalaría a diversos ejecutivos del banco y a ciudadanos venezolanos como Nervis Villalobos, Rafael Reiter, Rita González, Luis Carlos de León, Abraham Shiera, Roberto Rincón y César Rincón, bajo la presunción de haber cometido delitos como “asociación criminal, corrupción en perjuicio del comercio internacional, corrupción en el sector privado, falsificación de documentos y blanqueo de capitales”.
Aún así, en el caso principal del BES, en el que la fiscalía concentró todas las evidencias sobre irregularidades administrativas, transgresiones a las normativas, y manipulación financiera recaudadas durante la investigación, se mantiene la historia de José Trinidad Márquez.
Antes de la acusación formal presentada por la fiscalía en Lisboa en julio de 2020, Márquez había sido mencionado en trascendidos de la prensa española como integrante de una red de blanqueo de fondos de Pdvsa denunciada penalmente ante un tribunal de Madrid por un bufete contratado por el Gobierno interino de Juan Guaidó, o como parte de un esquema de pago de sobornos del propio Banco Espírito Santo.
Pero la verdad es que Márquez se suma al caso a raíz de lo que podría verse como una verdadera labor de selección y reclutamiento de talentos.
A comienzos de 2014 , la situación del grupo Espírito Santo era desesperada. El hueco en los balances seguía ensanchándose y el maná venezolano empezaba a escasear. Y no solo eso: bajo la presión de su propia insolvencia y de los reguladores europeo y portugués, el BES había emprendido algunas iniciativas de reestructuración que, paradójicamente, sirvieron como un primer timbre de alarma para los tenedores de deuda en Caracas. No querían ver expuesta la lenidad con que habían manejado fondos públicos en caso de un colapso escandaloso del BES. Así que exigieron al banco el reembolso de algunos bonos que alcanzaban su madurez, y el reemplazo del resto de sus posiciones por papeles de otra de sus filiales, solo aparentemente más sólida.
Como Salgado no tenía dinero para cumplir la primera exigencia llegada desde Venezuela, se dispuso a atenderla en conjunto con la segunda mediante la emisión de nuevas obligaciones por valor de casi 300 millones de dólares a nombre de la subsidiaria Rioforte del Espírito Santo. Pero para ello se tropezó con un obstáculo inesperado: la resistencia de sus colegas de los órganos directivos de la subsidiaria, quienes sostenían que, dado el nivel de liquidez restringido de la empresa, no estaba en condiciones de generar más deuda. Se negaban a aprobar el nuevo compromiso.
Entonces Salgado concibió una puesta en escena que deberá pasar a los anales universales de las estafas corporativas. Instruyó al jefe de la oficina del BES en Madeira para negocios internacionales, Joao Alexandre Silva, a cargo desde mucho tiempo antes de los asuntos con Venezuela, para que hiciera de headhunter y reclutara a un impostor. El ganador del casting de embaucadores fue, por supuesto, José Trinidad Márquez.
Desde entonces y durante los meses de abril y mayo de 2014, a pedido de Salgado y Silva, el caraqueño Márquez pasó a llamarse Domingo Galán Macías, pretendido jefe de una inexistente División de Ingeniería de Pdvsa. Márquez-Galán aseguraba ser un ciudadano español con residencia en Caracas, titular del DNI 70030366X (que en efecto pertenece a un portero de edificio de Madrid, homónimo, quien denunció el robo de su documento de identidad ante las autoridades policiales).
Márquez, en el personaje de Galán, dijo a los ejecutivos de Rioforte / Espírito Santo que era emisario de Rafael Ramírez y que portaba una buena nueva para ellos: Pdvsa estaba a punto de poner a concurso la gestión de un fondo de inversión de 3.500 millones de dólares, cuyo resultado se podía manipular para que favoreciera al BES. Aún más: las cláusulas del fondo estarían diseñadas para que 20% del mismo, unos 700 millones de dólares, pudiera invertirse en deuda del banco, una opción milagrosa que, traducida, significaba la salvación del grupo. Solo había que pagar una comisión a Márquez para que ese sueño se convirtiera en realidad.
Aunque algunos de los ejecutivos participantes en las reuniones con José Trinidad Márquez, (a) Domingo Galán Macías, notaron con extrañeza que el intermediario venezolano mostraba escaso interés cuando se le presentaba información técnica, le concedieron credibilidad a su gestión. Al fin y al cabo, Venezuela había mostrado ser un paraíso de la corrupción durante el quinquenio que el Espírito Santo vivió de él, y en el que cualquier cosa podía pasar. El 11 de abril de 2014, animados por la inminente inyección de liquidez, aprobaron el aumento del límite de endeudamiento, tal como deseaba Salgado. El 30 de abril, para darle pie a esa alegría, Márquez, usando una cuenta de correo de hotmail, les envió el acta forjada de una asamblea extraordinaria -e imaginada- de Pdvsa en la que se aprobaba la adjudicación del fondo al BES por un período de seis años, en fiera competencia “frente a otras propuestas presentadas por entidades bancarias como UBS (Zúrich), BSI (Ginebra) y MITSUBISHI (UFJ) Tokio (Ginebra)”. Pero no hubo que esperar tanto para desengañar a los portugueses, no solo porque el dinero nunca se acreditó, sino porque tres meses después el banco quedó intervenido.
En cambio, como cuenta el documento de la fiscalía, Ricardo Salgado “habiendo logrado sus cometidos con el esquema montado (…) se esforzó por pagar las recompensas prometidas a José Trinidad Márquez”. Hizo transferir 4,5 millones de dólares a cuentas de Márquez en los bancos BSI de Suiza y Santander de España, así como a una cuenta corporativa abierta en el BES de Luxemburgo a nombre de Boddickron Overseas S.A., una compañía incorporada ad hoc en Panamá con Domingo Galán Macías como beneficiario.
En España se investiga a José Trinidad Márquez y su pareja, Katilin Miguelina Mijares, en relación a una investigación abierta en Portugal en la que se había detectado cómo elementos del gobierno del Banco Espirito Santo (BES) lograron obtener de entidades públicas venezolanas nuevas formas de financiación de entidades que se encontraban prácticamente en insolvencia.
Una de estas formas de financiación, fue la contratación de una entidad del citado grupo bancario, la ESAF, para la gestión de fondos de pensiones de entidades públicas venezolanas, con mandato para que tales fondos pudieran invertir en capital social del principal holding del Grupo Espíritu Santo, hasta un máximo de 700 millones de euros, explica la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
A cambio de esta contratación se pagaron comisiones a personas relacionadas con empresas públicas venezolanas y a los intermediarios. Así, aseguró la juez en 2021, «estaría comprobado el pago de una comisión de 2.9 millones de euros » a Trinidad, quien utilizó la identidad de Domingo Galán Macías para toda esta operación.
A ese nombre recibió en sendas cuentas bancarias abiertas en Suiza y España ingresos del BES y de origen ilícito, que supuestamente destinó a la adquisición de dos inmuebles a partes iguales con Katilin Mijares en Alicante.
