No solamente engañó a aspirantes a asilo, visas de inmigrante y tarjetas de residencia permanente legal, sino también a las autoridades estadounidenses. Se trata de José Gregorio Sosa Cardona el falso abogado venezolano que enfrenta cargos por fraude migratorio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois-División Este. El sujeto fue arrestado el 10 de marzo y tuvo audiencia de detención el 12 de marzo de 2025.
Sosa Cardona, a través de su empresa Delta Global Solutions Inc. ubicada en los suburbios de Chicago, prometía conseguir una serie de documentos que no estaba facultado legalmente para tramitar. Los servicios que brindaba a sus clientes extranjeros, eran el producto de información falsa y fraudulenta que presentaba a las autoridades de EE. UU. para obtener beneficios migratorios que ofertaba.
Las actividades fraudulentas de Sosa Cardona tuvieron lugar entre 2020 y 2024, cuando conspiró con dos empleados de su empresa y otros para tramitar ilegalmente ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), beneficios migratorios para extranjeros que aspiraban a obtener un estatus legal en EE. UU.
Durante la audiencia de presentación, la fiscalía dijo que Sosa reportó ganancias superiores a USD 1 000 000 en 2023 y de casi un millón de dólares en 2022.
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Esquema para defraudar a USCIS
José Gregorio Sosa Cardona fue acusado por Morris Pasqual, Fiscal Federal Interino para el Distrito Norte de Illinois a través del fiscal federal adjunto, Jeffrey Snell, conjuntamente con Matthew Scarpino, Agente Especial de las investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en Chicago; de Ramsey E. Covington, Agente Especial Interino de la Oficina Local de Investigación Criminal del IRS en Chicago; y Ruth Mendonça, Inspectora de la División de Chicago del Servicio de Inspección Postal de EE. UU.
El acusado está señalado de dirigir, a través de Delta Global Solutions, un esquema para defraudar a USCIS mediante solicitudes de inmigración fraudulentas, entre ellas peticiones de asilo y visas U.
Para obtener estos documentos, Sosa Cardona y sus socios se valían de crear narrativas ficticias y requerimientos falsificados, como informes policiales y cartas de partidos políticos, con los que apoyaban sus pedidos ante la ley.
A José Gregorio Sosa Cardona también se le acusa de falsificar información en su propia solicitud de naturalización y de presentarse falsamente como abogado.
Tribunal da entrada al expediente de Sosa Cardona
El 3 de abril de 2025, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois-División Este Oriental se dio entrada al expediente del caso de Estados Unidos contra José Gregorio Sosa Cardona durante una audiencia presencial sobre el estado de la causa. Asimismo, se estableció el cronograma por el cual se regirá el proceso y al tiempo de conceder la moción del Gobierno, sin oposición, para la emisión de una orden de protección.
La fiscalía precisó que presentó la prueba de descubrimiento y que se completará la prueba sustancial antes del 2 de junio de 2025.
Antes del 2 de junio de 2025 se presentarán las mociones previas al juicio, de conformidad con el Reglamento Federal de Procedimiento Penal 12(b).
Antes del 23 de junio de 2025, el gobierno entregará un borrador del acuerdo de culpabilidad a los acusados, en caso de que se quiera entablar negociaciones para la declaración de culpabilidad.
El acusado revisará con la defensa el borrador conjuntamente y responderán al gobierno a más tardar el 7 de julio de 2025.
Se programó una audiencia presencial para el 22 de julio de 2025 a las 10:00 a. m. Entonces, las partes deben estar preparadas para fijar la fecha del juicio, esto en caso de que el asunto no se resuelva antes de ello.
A solicitud del gobierno y sin objeción, el tribunal excluyó el tiempo de acuerdo con 18 U.S.C. 3161(h)(7)(A), (B) desde el 3 de abril de 2025 hasta el 22 de julio de 2025.
El Tribunal justificó la prórroga a “los fines de la justicia que se cumplen con el aplazamiento [pues] superan el interés público y del acusado en un juicio rápido, para la continuidad del abogado, para completar la revisión del descubrimiento, para la preparación efectiva del caso, y para concluir cualquier negociación de culpabilidad».
La acusación contra Sosa Cardona
El 6 de marzo de 2025, se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois-División Este la acusación contra José Gregorio Sosa Cardona por fraude migratorio y conspiración.
El acusado es señalado por un gran jurado especial en junio de 2024 en el Distrito Norte de Illinois de operar la empresa de asistencia migratoria denominada Delta Globale Solutions Inc. mediante la cual conspiró para defraudar a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
La acusación precisa que, a través de la presentación de información y documentos falsos en solicitudes de beneficios migratorios, incluyendo asilo y visas U, el acusado —quien no era abogado ni representante acreditado ante USCIS— creaba narrativas y documentos fraudulentos para sus clientes y se presentaba falsamente como abogado.
La acusación incluye cargos específicos de conspiración, presentación de documentos fraudulentos relacionados con asilo y visas U, así como por hacer declaraciones falsas a USCIS en su propia solicitud de naturalización y en un Formulario G-28.
Conspiración para defraudar a USCIS
José Gregorio Sosa Cardona con los empleados de su empresa, identificados en la acusación como Empleado A y Empleado B, conspiró para «impedir, perjudicar, obstruir y derrotar las funciones gubernamentales legales de USCIS». Entre los documentos tramitados fraudulentamente estaban Formularios I-94 y Visas U.
La acusación sostiene que Sosa Cardona y sus socios conspiradores presentaron «información falsa a USCIS a través de solicitudes fraudulentas de beneficios migratorios»; crearon narrativas ficticias para respaldar las solicitudes de asilo de los clientes».
También crearon documentos fraudulentos, entre ellos cartas de partidos políticos extranjeros, informes policiales extranjeros e informes médicos extranjeros, para corroborar dichas narrativas ficticias.
Refiere que Sosa Cardona creó «Formularios I-485 fraudulentos que contenían información falsa sobre las representaciones previas de los solicitantes a los Estados Unidos para obtener beneficios migratorios».
Igualmente, creó «Formularios I-918 fraudulentos para Visas U no inmigrantes que contenían supuestas firmas de oficiales de policía, incluyendo oficiales de policía reales que no habían firmado los formularios».
Señala la acusación que Sosa Cardona «alentó y causó que sus clientes firmaran Formularios I-485, I-589 e I-918, que él sabía que contenían información falsa», al tiempo que «alentó y causó que los clientes testificaran falsamente en entrevistas con Oficiales de Asilo».
La fiscalía acusa que José Gregorio Sosa Cardona “se representó falsamente a sí mismo como abogado ante clientes, empleados y ante USCIS».
La acusación refiere que Sosa Cardona operaba un negocio que asistía a personas con solicitudes migratorias a cambio de una tarifa, sin ser abogado con licencia ni ser un representante acreditado autorizado para representar a los solicitantes en asuntos de inmigración ante USCIS.
Se hace mención de varios casos de clientes —se les menciona como S.G., A.F., M.M., J.G., M.G.— así como de las acciones específicas llevadas a cabo por Sosa Cardona o sus empleados en cada caso, tales como:
Creación de documentos falsos (informes policiales, cartas de partidos políticos)
Presentación de Formularios I-589 fraudulentos con información y documentos de apoyo falsos.
Causar que los clientes presenten información falsa a los Oficiales de Asilo.
Presentación de un Formulario I-485 fraudulento que niega la presentación previa de documentos falsos o declaraciones falsas.
Presentación de un Formulario I-918 (Visa U) con una certificación de aplicación de la ley que contiene una firma falsificada.
Presentación de un Formulario G-28 a USCIS declarando falsamente ser un abogado con licencia y presentar una tarjeta de identificación fraudulenta de abogado.
Seis cargos adicionales
La acusación contra José Gregorio Sosa Cardona contempla, además, seis cargos adicionales, a saber:
Cargo dos (Violación del Título 18, USC, Sección 1546(a) ¶ 4)
Presentación a sabiendas de documentos con información falsa en apoyo de un Formulario I-589 (Cliente S.G.). Se trata específicamente de un informe policial y una carta de partido político venezolanos fraudulentos.
Cargo tres (Violación del Título 18, USC, Sección 1546(a) ¶ 4)
Presentación a sabiendas de un documento con información falsa en apoyo de un Formulario I-918 (Cliente A.F.). En este caso, se presentó una certificación de aplicación de la ley con una firma falsificada.
Cargo cuatro (Violación del Título 18, USC, Sección 1546(a) ¶ 4)
Presentación a sabiendas de un documento con información falsa en apoyo de un Formulario I-589 (Cliente M.G.). Aquí el acusado presentó una carta de partido político venezolano fraudulenta.
Cargo cinco (Violación del Título 18, USC, Sección 1546(a) ¶ 4)
Presentación a sabiendas de un documento con información falsa en apoyo de un Formulario I-589 (Cliente J.G.). En este caso, igualmente entregó una carta de partido político venezolano fraudulenta.
Cargo seis (Violación del Título 18, USC, Sección 1001(a)(3))
Hacer declaraciones falsas en su propia solicitud de naturalización (Formulario N-400). Sosa Cardona negó haber reclamado nunca ser ciudadano estadounidense, haber cometido un crimen no arrestado, haber estado casado con más de una persona y haber dado información falsa a funcionarios del gobierno de EE. UU.
Cargo siete (Violación del Título 18, USC, Sección 1001(a)(1))
Falsificar, ocultar y encubrir a sabiendas un hecho material al presentar un Formulario G-28 a USCIS declarando falsamente ser un abogado con licencia en Ohio y presentar una tarjeta de identificación de abogado fraudulenta.
Por cada cargo de falsificación de solicitudes de inmigración, José Gregorio Sosa Cardona enfrenta la posibilidad de ser castigado con hasta diez años de prisión federal. Entretanto, por los cargos de conspiración y falsa declaración, el acusado podría obtener una pena máxima de cinco años cada uno.
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