Por Carlos Crespo
armando.info
El de Jorge Amílcar González Vásquez es un nombre que se ha hecho familiar para las autoridades de tránsito en Florida después de una racha de infracciones. Así como los semáforos le tienen sin cuidado, este exoficial de la aviación militar chavista tampoco dio importancia a otras restricciones, a juzgar por los señalamientos por presuntas irregularidades que le apuntan tras su paso como director de la estatal Corpovex, entre otros organismos. Pero nada de esto le impide ahora vivir su “sueño americano”.
El 23 de mayo de 2022, una de las cámaras de seguridad de la ciudad de Doral captó cuando un vehículo no detuvo su marcha ante la luz roja de un semáforo de esa localidad, predominantemente venezolana, en el occidente del condado de Miami-Dade.
Como luego se sabría, el carro lo conducía Jorge Amílcar González Vásquez, ciudadano venezolano de 57 años de edad y oriundo del petrolero y occidental estado Zulia. Con esa de mayo, González Vásquez pasaba a acumular seis infracciones de tránsito en apenas diez meses en jurisdicción de cinco municipios del estado de Florida.
El monto de las multas suma más de 1.000 dólares, por la reincidencia: una pequeñez, en realidad, frente a las cifras que a González Vásquez le había tocado manejar cuando trabajó en el despacho del mayor general Giuseppe Yoffreda, durante la gestión de este como presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).
Oficial de la Fuerza Aérea, como el propio Yoffreda, González Vásquez egresó como piloto en la promoción Sub-teniente (F) Juan Crisóstomo Ledezma Santaella (1986) de la Academia de la Aviación Militar, a las afueras de Maracay, capital del estado Aragua. Con Yoffreda también compartió otra distinción: un señalamiento de irregularidades administrativas.
González Vásquez y Yoffreda fueron señalados por presuntas irregularidades en la asignación de 125 millones de dólares preferenciales para la importación de artículos de higiene a través de Corpovex. Un informe de organismos de seguridad indica que las divisas fueron otorgadas a empresas de maletín y que hubo sobreprecios en las transacciones, según lo reseñó El Nuevo Herald.
El de González es uno de los nombres detectados e investigados por Armando.info y el The Miami Herald dentro un listado de más de 128.082 funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción y cuyos datos fueron cruzados con todas las firmas registradas en la División de Corporaciones del estado de Florida, esto como parte del seriado denominado Miami Nostro.
González Vásquez hoy es dueño de una casa valorada en más de medio millón de dólares en Las Ramblas, una urbanización cerrada de Doral, la misma ciudad en la que se le multó por su más reciente infracción de tránsito.
La casa abarca casi 500 metros cuadrados y su porche y jardín con parrillera incluida pueden tomarse por una clara representación del “sueño americano”, ese del que el fallecido presidente Hugo Chávez tanto denostó, pero que muchos de sus altos funcionarios terminaron por perseguir.
El nombre de González Vásquez también figura en cuatro empresas de Florida. Estas son: Exports Express, LLC; Universe Logistics, LLC; Risetop LLC y Vertu Style LLC. Entre ellas, las dos últimas permanecen activas.
‘Jalado’ de los Cabello(s)
El primer nombramiento de González Vásquez del que se encontró registro se remonta a 2006, cuando el entonces superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José Gregorio Vielma Mora, lo designó como gerente de la Aduana Subalterna Aérea La Chinita de la Aduana Principal de Maracaibo, por donde debe transitar toda la mercancía que se importe o exporte por avión en el Zulia.
Sin embargo -y es otro rasgo que comparte con su mentor y superior, Yoffreda- González Vásquez se convertiría en una ficha dentro de la burocracia chavista de Diosdado Cabello, hasta hace poco considerado como el número dos del régimen chavista.
De hecho, el ascenso inicial de este piloto por el aparataje de la administración pública tuvo su primer despegue gracias a la ayuda de José David Cabello, el sucesor de Vielma en el Seniat, y hermano de Diosdado.
Los rastros de los contactos entre González y José David Cabello se inician en 2008. La Gaceta Oficial 38.858 de ese año deja constancia de que González, como presidente del Instituto Nacional de Promoción y Capacitación Turística (Inatur), controlaba 20% de las acciones de la aerolínea estatal Conviasa, mientras que Cabello, como ministro de Infraestructura de la época, controlaba el 80% restante. En esa misma gaceta se designó a González como director principal de Conviasa, un nombramiento hecho por el propio Cabello.
Ahí no se detienen las coincidencias con uno de los hombres fuertes de la revolución. En abril de 2008 ambos figuran como integrantes del consejo directivo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y, en enero de 2010, González Vásquez fue designado como responsable de la Gerencia Regional de Tributos Internos en Zulia por el superintendente José David Cabello. Además de encargarse de la recaudación de impuestos del estado más poblado del país, en este cargo tenía la facultad para ordenar compromisos y pagos de esa institución.
Mientras todavía estaba ocupando cargos en la revolución chavista, González Vásquez compró su vivienda en Florida. Los registros inmobiliarios del condado de Miami-Dade muestran que él y su esposa, Karen Cecilia Atencio García, se hicieron con la propiedad ubicada en Doral el 4 de diciembre de 2012, por un monto de 435.000 dólares. Hoy el valor de la propiedad en el mercado supera los 500.000 dólares.
Poco antes, un tal “Jorge A. González Vásquez” se había registrado como directivo en la empresa GSI Exports Express LLC, constituida en Florida en febrero de 2011 y disuelta en septiembre de 2014. Los González Vásquez son, al menos, dos hermanos: Jorge Amílcar de 57 años y Jorge Álvaro de 43 años. Sin embargo, la dirección de residencia que pone este “Jorge A.” es la casa que está a nombre de Jorge Amílcar.
Dilson Santos Urribarri Navarro también fue directivo de la compañía hasta septiembre de 2013. Los registros del Consejo Nacional Electoral indican que ejerce su derecho al voto en el estado Zulia. Santos Urribarri ha sido dueño de varias propiedades en el estado de Florida. Una casa en el condado de Santa Lucía, valorada en más de 500.000 dólares, aparece a su nombre en los registros inmobiliarios de ese condado. También figura como directivo de otras cinco empresas en Florida. Entre ellas está Suministros Internacionales Incorporated, inscrita en 2013 y disuelta en 2014. El otro directivo de esta compañía es un “Jorge González”, del que no queda claro si se trata de González Vásquez.
¿Y dónde están los dólares preferenciales?
En 2014 se creó Corpovex con el objetivo de centralizar las importaciones del Estado y la asignación de divisas, en sustitución de la desprestigiada y casi inoperante Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Ese año entraron Yoffreda, como presidente, y González Vasquez, como director ejecutivo del ente estatal.
Aunque ya no se trataba de Cadivi, cuyo historial de ineficiencia y discrecionalidad el gobierno de Nicolás Maduro decía que deseaba superar, durante la gestión de Yoffreda -hoy embajador en Beijing del chavismo- las denuncias de irregularidades también se hicieron constantes en Corpovex.
En septiembre de 2017, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que Corpovex aprobaba contratos a compañías, a menudo domiciliadas en el extranjero, pertenecientes a personas cercanas a altos jerarcas del chavismo. Entre quienes fueron beneficiados destacan Samark López, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero de 2017, que lo acusó de ser el “testaferro” del entonces vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, y Alex Saab, el contratista predilecto de Nicolás Maduro, quien hoy espera en prisión el posible inicio de un juicio por delitos relacionados con lavado de dinero en Estados Unidos.
Los informes policiales que reseñó El Nuevo Herald registraron un capítulo de estas acusaciones con el otorgamiento de 125 millones de dólares a un tipo de cambio preferencial a “tres empresas de maletín”. La asignación se hizo a través de una orden presidencial en julio de 2014, que autorizó a Corpovex a adquirir productos de higiene personal, con un presunto sobreprecio de 30%, a una tasa de cambio de 6,30 bolívares por dólar. En aquel entonces los dólares en el mercado negro podían venderse hasta por 188 bolívares; esa brecha de hasta 3.000 por ciento representó un gran negocio para quienes revendían los dólares oficiales asignados por el Estado, en vez de hacer las importaciones para las que habían sido aprobados.
En los documentos se pedía que por el caso se procesara a Yoffreda, a quien los investigadores consideraban el “cerebro” de la operación; a Alejandro Fleming, entonces presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex); y a González Vásquez, como directivo de Corpovex. La investigación añadía que, en el caso de González Vásquez, existían “antecedentes judiciales” en relación con una empresa extranjera en Venezuela.
La referencia hace alusión a que González Vásquez se constituyó como contragarante de una empresa registrada en Florida, de nombre C.R. Aviation INC. En abril de 2011 esta empresa firmó un contrato con el INAC para la reparación de la aeronave Gulfstream Aerospace, modelo G1159A GIII, serial 493, matrícula N7513H, a cambio de un pago de 2,9 millones de dólares, calculados a la tasa de cambio oficial del momento de 4,30 bolívares. Aquí cabe recordar que, en 2008, González Vásquez se desempeñaba como integrante del consejo directivo del INAC.
Ante el incumplimiento del contrato, Seguros La Occidental demandó a C.R. Aviation (fiador) y a González Vásquez (contragarante) para que reembolsaran 1,46 millones de dólares del contrato, como establecía lo acordado. La sentencia del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del 18 de julio de 2013, ordenó la prohibición de enajenar y gravar una serie de propiedades de González, como garantía de que estas no fueran vendidas o traspasadas en el proceso.
Entre estas propiedades se contaban: una casa de 149 metros cuadrados en las Villas II de la urbanización Lago Country, una zona de clase media alta en Maracaibo, la capital del Zulia; un apartamento de 77 metros cuadrados en el Conjunto Residencial La Pequeña Europa, también ubicado en Maracaibo; así como un local comercial situado en la parroquia Catia La Mar, del estado Vargas, en el litoral central de Venezuela. El demandante también pidió que se extendiera la medida a otra casa ubicada en la lujosa urbanización Lago Country, pero el juzgado consideró que no se presentaron pruebas suficientes de que González era el dueño.
Para la fecha de la demanda, González ya se había desempeñado como presidente de Inatur, miembro de la junta directiva de Conviasa, presidente de Venezolana de Turismo (Venetur), miembro principal de la junta directiva de Venezolana de Teleféricos (Ventel) y responsable de la gerencia regional de tributos internos de la región zuliana.
El pasado 25 de octubre, Armando.info llamó a un número telefónico que aparece como contacto del exfuncionario en el Registro Nacional de Contratistas (RNC). La persona que atendió confirmó que él era Jorge Amílcar González, luego se excusó y dijo que devolvería la llamada. Ante el incumplimiento de lo prometido, el periodista volvió a llamar el 27 de octubre. Esta vez la persona, también de acento zuliano, aseguró que él no era González, sino que era un “mesonero” y que un “amigo” había contestado el teléfono en la ocasión anterior, haciéndose pasar por González Vásquez. En la foto de perfil de WhatsApp del número al que se llamó, figura un avión de combate de la Aviación Militar Venezolana.
Entre el 27 y el 28 de octubre, Armando.info también envió cuestionarios a cuatro correos corporativos y dos personales, asociados a González, sin obtener respuesta hasta la fecha de publicación de esta nota. El 2 de noviembre se envió un mensaje por WhatsApp a un número telefónico de Yoffreda, para solicitar su respuesta a estas denuncias, pero tampoco se obtuvo reacción alguna.
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