El día en que Carlos Eduardo Restrepo Gaviria fue capturado por el FBI, se hospedaba junto a su prometida en el Hotel Mayfair de Miami. Corría el verano 1987. La redada hizo parte de una operación encubierta denominada “Cashweb Expressway”, el caso de lavado de dinero más grande de esa agencia hasta entonces, según Edwin Meese, fiscal general de la época. Restrepo, de 37 años, fue calificado como uno de los mayores lavadores del Cartel de Medellín y fue detenido junto a su pareja María Mendoza, de 32 años, y seis personas. La investigación, que había comenzado en 1984, penetró los más altos niveles de las redes de blanqueo de dinero de ese cartel, de acuerdo con Meese. Tres años antes, el 21 de agosto de 1981, Álvaro Uribe, entonces director de la Aeronáutica Civil, le había otorgado un registro de propiedad de una avioneta privada a Carlos Restrepo Gaviria. Se trataba de un Learjet 25-D, de la compañía canadiense que lleva el mismo nombre y que fabrica aeronaves de lujo.
l avión, con capacidad aproximada de 8 a 10 pasajeros, fue registrado en el condado de Dade en la Florida, Estados Unidos, bajo la matrícula HK2624, según los registros de la Aerocivil en poder de Cuestión Pública. Este es el mismo condado en el que comenzó la operación Cashweb del FBI. Durante su juicio en New Haven, Connecticut, los fiscales acusaron a Restrepo de blanquear más de 10 millones de dólares provenientes de la venta de cocaína en Nueva York. El colombiano habría entregado el dinero en efectivo a agentes encubiertos de manera secreta en maletas, cajas y cestas, entre noviembre de 1986 y poco antes de que fuera arrestado. Restrepo se declaró inocente y dijo que solo era un hombre de negocios, reseñó Cuestión Pública.
Los agentes incautaron 21.5 millones de dólares de los 200 millones que habría lavado esta organización para Pablo Escobar, el clan Ochoa Vásquez, Carlos Ledher y Rigoberto Correa. Este último es hermano del fallecido capo Ramiro Arturo “Pablo” Correa Arroyave, cuyo clan pasó de batir récord de tráfico de cocaína en los ochenta a ser megacontratista del Estado en Antioquia, como reveló este medio en 2021.
Un año antes de que comenzara la operación Cashweb en Estados Unidos, en septiembre de 1983, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) le remitió una lista a la Aeronáutica Civil en la que suspendía la licencia de vuelo de “un centenar de avionetas y helicópteros”. El documento, que también abarcaba matrículas de personas no vinculadas al tráfico de drogas y que derivaron en varias demandas contra el Estado, incluía la de un jet ejecutivo registrado a nombre del señor Carlos Eduardo Restrepo Gaviria. Para entonces, la revista Semana aseguró que se trataba de una aeronave de dos turbinas en la que se transportaba Pablo Escobar. Restrepo demandó las resoluciones 0078 del 11 de diciembre de 1984 y 0104 de septiembre de 1985, por las cuales el CNE había suspendido la licencia de navegación de esta y otras dos de sus avionetas. Con estas resoluciones la entidad ratificaba la decisión que había iniciado un año antes.
Esta autoridad se había basado en reportes de la Policía Antinarcóticos que vinculaban dichos aviones con los narcotraficantes Fabio Ochoa y Pablo Escobar. El último de esta serie de informes, que fue entregado en mayo de 1985, señalaba que el propietario de esas tres aeronaves, es decir, Carlos Restrepo, figuraba como el responsable del transporte aéreo en Tranquilandia. Para entonces, el laboratorio de cocaína más grande controlado por el Cartel de Medellín, ubicado en los llanos del Yarí, entre Caquetá y Meta. La entonces magistrada Olga Inés Navarrete, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, anuló la suspensión de las licencias, reversando la orden del CNE. Argumentó que no había prueba contundente que vinculara a esos aviones con la mafia. También dijo que no existía un proceso penal contra Restrepo por actividades ilícitas, como registró El Tiempo en 1992. Con Restrepo Gaviria, serían tres las personas vinculadas a Pablo Escobar que recibieron registros de propiedad de la Aerocivil bajo la dirección de Álvaro Uribe entre 1980 y 1982. Como lo mencionamos en la primera historia de esta serie, Antonio Correa Molina y Alonso de Jesús Muñoz Restrepo, testaferro y socio del capo de Medellín, respectivamente, también recibieron registros de propiedad para dos helicópteros en 1981.
Aunque The New York Times registró el juicio de Restrepo Gaviria en 1987 y señaló que enfrentaba un máximo de 100 años de cárcel por 20 cargos vinculados al lavado de dinero, Cuestión Pública no encontró registros de su caso en el sistema judicial de Estados Unidos. Todo indica que regresó a Colombia y ha estado vinculado por lo menos a cuatro compañías, entre ellas Geotrazas (2009) y Cetelco S.A. en liquidación (2011), vinculadas a las comunicaciones.
Una de sus socias en esta última fue Andrea Vivian Scheuten Mendoza, quien también ha participado en al menos dos empresas con Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del expresidente, desde 2008: Ecoindustry S.A. y Yogur S.A. Esta última compañía cambió su razón social nueve años después a Desarrollo e Innovaciones Inmobiliarias S.A.S. Los caminos que conducen a los hijos de Uribe no terminan ahí. Inmaculada María Mendoza Gómez era la prometida de Carlos Restrepo Gaviria cuando fueron capturados por el FBI, pero el matrimonio solo se formalizó ante la Notaría 26 de Medellín hasta el 18 de diciembre de 2012. Cinco meses más tarde, Mendoza asumió el cargo de representante legal de la empresa Marcus S33. Después de cuatro años en el cargo, el 22 de agosto de 2017, fue remplazada por el empresario paisa Udo Johann Scheuten Mendoza, quien ha sido socio de Tomás y Jerónimo, y también de Daniel Quintero, actual alcalde de Medellín.
Un mes después, la junta directiva de Desarrollo e Innovaciones Inmobiliarias S.A.S., presidida por Tomás Uribe, decidió transferir $1.966 millones en activos de esa compañía a Marcus S33, según los registros de la Cámara de Comercio de Medellín. Para el 28 de diciembre de 2017, Marcus S33 entró en proceso de liquidación por no desarrollar “el objeto social para el cual fue constituida”.
Udo Scheuten y Tomás Uribe también compartieron asiento en la dirección de Residuos Ecoeficiencia S.A. Esta empresa fue creada el 29 de agosto de 2007 en Panamá, cuando Uribe cumplía su segundo periodo como presidente. La firma panameña que ayudó a constituir la sociedad, que ya está disuelta, fue Alemán, Cordero, Galindo & Lee, bufete que ha estado involucrado en la creación de compañías fachada para mover dinero a varios mandatarios y oligarcas rusos.
Cuestión Pública buscó al expresidente Uribe y a sus hijos en reiteradas oportunidades, pero no contestaron las preguntas. Sin embargo, en la primera entrega el exmandatario mencionó en su defensa el decreto 2303 expedido el 25 de agosto de 1981. Este establecía que, para adelantar algún trámite relacionado con aeronaves ante la Aerocivil u otra autoridad aeronáutica, también se debía presentar informes al CNE y al Comando de la Brigada Militar de la jurisdicción de su domicilio. Esto no impidió que fueran otorgados registros a personas vinculadas a narcotraficantes en su administración en la Aerocivil. Lo mismo ocurrió con el señor Restrepo Gaviria y María Mendoza, a quienes se intentó contactar por varios medios, y con los empresarios Udo y Andrea Vivian Scheuten Mendoza.
La historia de aviones vinculados al narcotráfico tuvo otro capítulo en la Aerocivil por los mismos años en que se le otorgó el registro a la avioneta de Carlos Restrepo. Esta vez, con la aerolínea carguera colombiana Tampa Cargo.
Eran las 6:30 de la tarde cuando el Consejo Superior de la Aerocivil se reunió en Bogotá el 22 de marzo de 1982. El encuentro estaba presidido por su director, Álvaro Uribe Vélez.
La sesión inició con la lectura de una carta enviada por Thomas D. Boyatt, embajador de Estados Unidos. El diplomático notificaba que las autoridades habían confiscado en su país un cargamento de 1.724 kilos de cocaína “presumiblemente” transportados por el avión carguero HK-2401, el 9 de marzo de 1982.
El avión pertenecía a la compañía aérea colombiana Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanos, Tampa Cargo S.A. a la cual le suspendieron sus operaciones hacia Estados Unidos mientras avanzaban las investigaciones. Cuando Uribe llevaba nueve meses en la dirección de la Aerocivil, en diciembre de 1980, la empresa había recibido un registro de explotación para otra aeronave, de matrícula HK-2600. Un año y tres meses después sería la incautación de cocaína.
Un mes después de la incautación, en abril de 1982, la asamblea general de accionistas de la compañía Tampa Cargo estaba conformada por los empresarios Jorge y Ricardo Coulson Rodríguez, y por la sociedad Sofico Ltda, representada por Jesús Ochoa López. También aparecía como socia Lucía Gaviria Jaramillo, mamá de la modelo Natalia París, quien representaba también a su hija menor de edad.
Siga leyendo en Cuestión Pública
Advertisement
