23-07-2015 01:56:22 p.m. | Sharay Angulo.- En el sector agroalimentario esperaban y celebran la reversión de la medida de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) de redireccionar entre 30% y 100% de la producción de alimentos a las redes estatales de comercialización: Mercal, Pdval y Bicentenario.
En su página en Internet, la Sunagro publicó este jueves que quedó “sin efecto” la orden mediante la cual la industrias de alimentos tenían que redireccionar parte de su producción a la red de distribución pública, en uso de sus atribuciones, conferidas mediante el Decreto con Rango Valor y fuerza de Ley del sistema Nacional Integral de Gestión Agroalimentaria.
Roger Figueroa, presidente de Caviilac, calificó este miércoles como “un error” que los productos vayan en su totalidad al sector público, ya que este cuenta con menos de 20% del total de puntos de venta, por lo que esperaba que la medida quedara sin efecto en los próximos días.
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) advirtió el lunes que redespachar “altos porcentajes” de la producción de alimentos a los establecimientos oficiales generaría más desabastecimiento en la red comercial privada, colas más largas e, incluso, “bachaqueo” en rubros como leche, pasta, aceite, arroz, azúcar, harina panadera y harina de maíz precocida, según explicó su presidente, Pablo Baraybar. El gremio advirtió sobre la inoperatividad de la medida, debido a que la red comercial privada cuenta con más de 113 mil puntos de venta, mientras que la oficial es de apenas 7.245 locales.
Rodrigo Agudo, asesor de la Asociación de Productores Lácteos (Asoprole), celebró la rectificación oficial. “Ciertamente, el Gobierno interpretó correctamente la solicitud expuesta por el sector productivo, entendió la angustia y los argumentos de la industria.
Celebro esta rectificación porque va en beneficio de los consumidores y aspiro a que la misma implique también una rectificación en el modelo de intervención estatal actual en pro de un mayor diálogo y un gran acuerdo nacional entre el Gobierno, los privados y los consumidores”.