El lunes 18 de octubre ha empezado en el sur de Florida el periplo judicial de Alex Saab, el gran operador de negocios del chavismo de los últimos años y el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El chavismo contiene la respiración ante uno de sus episodios más difíciles. El Gobierno trató por todos los medios de impedir que el empresario colombiano, conocedor de primera mano del entramado financiero del Ejecutivo, pusiera un pie en Estados Unidos. No lo logró. Saab voló desde Cabo Verde hasta Miami este sábado después de 16 meses detenido en el país africano. La extradición da comienzo ahora a un proceso judicial de final incierto. La colaboración o no del empresario será clave para ver si la investigación llega hasta el mismo Palacio de Miraflores, reseñaron, Florantonia Singer e Inés Santaeulalia en EL PAÍS.
A primera hora de la tarde del lunes 18 de octubre, cientos de personas fueron testigos a través de una retransmisión de Zoom de una imagen que la oposición venezolana esperaba desde hace años. Saab apareció esposado y vistiendo un mono naranja para responder por sus acciones ante la justicia estadounidense, informa Antonia Laborde. En una breve vista oral, el juez federal le leyó sus derechos y los ocho cargos en su contra, mientras Saab, visiblemente nervioso, los escuchaba solo desde una sala de la prisión. El abogado del acusado solicitó al juez aplazar la comparecencia para preparar la defensa. El juez fijó la próxima audiencia para el 1 de noviembre, pero le negó la libertad bajo fianza.
Saab, además de en multimillonario, se convirtió en el mayor operador de un Ejecutivo asfixiado por las sanciones internacionales. Ahora podría volverse la mayor garganta profunda del chavismo. Hasta dónde lleguen las conexiones de la investigación es impredecible. Las autoridades estadounidenses sospechan que tiene la llave de dónde Maduro y su entorno esconden su fortuna. Pero sus conexiones van más allá de Venezuela. Países como Irán, Turquía, China o Chipre tejen la estela del dinero que la corrupción venezolana tapó bajo programas sociales creados por el chavismo.
El temor del Gobierno de Venezuela es notorio estos días. Bajo el argumento de que Saab está secuestrado, tratan de presentarlo como un diplomático del país, título que le concedió Maduro una vez fue detenido en Cabo Verde. El Gobierno respondió a la extradición levantándose de la mesa de diálogo que mantenía con la oposición en México. Una medida de presión de corto recorrido en Estados Unidos, pero que muestra el nerviosismo que reina en Caracas.
Una de las puntas de la madeja de negocios que tejió Saab, en la mira de la justicia de Estados Unidos, es el blanqueo de 350 millones de dólares producto de las transacciones hechas en 2011 a través del Sucre para la compra de materiales en Ecuador con el fin de construir viviendas en Venezuela. Esta operación, con contratos ficticios y empresas fantasma, en la que ninguna vivienda fue edificada, fue la primera pista que empezó a seguir la justicia estadounidense. El día que Alex Saab hizo una transferencia por este negocio a cuentas en bancos estadounidenses saltó la primera alerta que lo ha llevado a estar preso hoy en Florida.
De este primer contrato internacional de Saab, la Fiscalía de Ecuador calculó en 156 millones de dólares el valor de las exportaciones ficticias y sobrevaloradas, aunque informes de ese país señalan que el puente de corrupción que levantaron Saab y su socio Alvaro Pulido entre Venezuela y Ecuador está hecho de casi 2.000 millones de dólares. Durante el Gobierno de Rafael Correa, el fiscal archivó estos expedientes y retiró las imputaciones. Para entonces, sin embargo, la justicia estadounidense ya los tenía en el punto de mira.
Saab, consciente de su error al haber pasado dinero por el sistema financiero estadounidense, decidió entonces crear un complejo esquema de empresas en todo el mundo para drenar dinero de la corrupción con contratos para las principales necesidades de los venezolanos: alimentos, medicinas y viviendas.
Para el exfiscal venezolano Zair Mundaray, hoy exiliado en Colombia, Saab “abrió al Gobierno de Nicolás Maduro nuevos espacios para el lavado”. Chipre, China y Hong Kong, donde se constituyó la empresa para dar suministro a los CLAP, el programa de alimentos subsidiados que también ha dejado rastros de corrupción, fueron las nuevas jurisdicciones en las que Saab comenzó a abrir empresas y cuentas lejos del escrutinio del Fincen, el regulador financiero estadounidense. “Son espacios que le han sido muy útiles. Los ingresos que tiene hoy Venezuela son producto de una economía oscura, que también necesita sus mercados oscuros”, dice Mundaray.
Oficiales, gerentes de bancos y de cuentas, ministros y órganos de control de los países por los que ha pasado el dinero del empresario colombiano pueden salir salpicados de la información que pueda aportar ei decide cooperar. “Todo este esquema no se puede hacer sin complicidad de todo el sistema, por ello la información de primera mano que pueda dar será valiosa”, apunta el exfiscal, que señala que el caso de Saab devela cómo “el sistema financiero internacional le falló a Venezuela”.
Cuando Saab fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020, Caracas reveló el rol que Saab había cumplido desde hace varios años en Venezuela, donde siempre operó en las sombras. Lo llamaron enviado especial, representante especial de Venezuela ante Rusia e Irán y luego lo nombraron diplomático. A través del canciller Jorge Arreaza, apenas dos semanas después de ser encarcelado en la nación insular africana, Maduro le reiteró en una carta el carácter secreto y confidencial de la información que manejaba y le advirtió de que cualquier delación pondría en riesgo la seguridad de Venezuela.
Este fin de semana la esposa de Saab, Camila Fabri, habló en un acto en Caracas sobre la situación de su pareja, rodeada de los funcionarios del Gobierno que han hecho una férrea defensa del empresario colombiano. Fabri relató las supuestas dificultades para verlo durante la prisión domiciliaria y leyó una carta de Saab en la que insistía en que “nada lo doblegaría”.
El grueso de la información que maneja tiene que ver con su rol de enviado exterior de un Gobierno sancionado internacionalmente. Estados Unidos tiene especial interés en desentrañar las estrategias para la evasión de las sanciones que trianguló con Rusia, Irán y Turquía para comerciar petróleo, gasolina y oro por alimentos y dinero en efectivo. El gobierno chavista se refugió en el oro con la merma de los ingresos petroleros por la brutal caída de la producción tras la crisis de la estatal petrolera PDVSA. El papel de Ankara y del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en estas operaciones pueden quedar al descubierto si Saab decide hablar.
Un análisis de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), con sede en Washington, señalaba en septiembre que una empresa de Estambul establecida poco después de una reunión de Maduro con Erdogan en Ankara en octubre de 2017 ayudó al régimen venezolano a mover 900 millones de dólares en oro a Turquía. Venezuela ha reconocido públicamente que están refinando en Turquía el oro que vorazmente se explota sin ningún tipo de control y rendición de cuentas en el Arco Minero del Orinoco, una extensa región del país –que abarca 12% del territorio nacional– entregada a empresas, particulares y grupos irregulares para la extracción de minerales, con cuestionables sistemas de explotación laboral.
A cambio de este intercambio, las cajas de los CLAP y los supermercados venezolanos se han llenado de productos turcos y una incalculable cantidad de euros en efectivo se inyectaron en la economía en los últimos años.
“El intercambio de oro por alimentos se asemeja al anterior esquema de gas por oro de Erdogan que permitió a Teherán eludir las sanciones de Estados Unidos en el apogeo de los esfuerzos de Washington para frustrar las ambiciones nucleares de la República Islámica”, advierte la FDD. En 2019, el entonces secretario adjunto del Tesoro, Marshall Billingslea, advirtió de que iban a poner bajo la lupa los acuerdos comerciales de Turquía con Venezuela. Lo mismo ha ocurrido con los buques de gasolina que ha enviado Irán desde junio de 2020 a Venezuela para cubrir la demanda interna y sobre los que Washington también ha hecho advertencias.
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