La figura de Hugo “El Pollo” Carvajal suele estar relacionada con hechos de inmensa turbidez, negociados extraños, corruptelas y hasta narcotráfico. Tal es el caso de la refinería de CITGO en Aruba —hoy desmantelada— cuya negociación al parecer significaba inicialmente una jugada altamente provechosa para el expresidente de la empresa, Alejandro Granados y el empresario —hoy tras las rejas en estados Unidos— Roberto Rincón. Allí, en los negociados, Carvajal al parecer se remoja las manos pues, para ese entonces fungía como Cónsul de Venezuela en la isla antillana.
Un hecho que se vio obstruido por el asesinato en el Hotel Eurobuilding de Caracas, del empresario alemán, Christoforns Wilhem Deuts Keuters, poco después de llegar a Venezuela de la mano de Rincón y de allí partir a Aruba a presentar formalmente ante el gobierno de esa nación una oferta por la refinería.
Se dice que Deuts Keuters traía consigo una fortísima cantidad de dinero en efectivo que iba a entregar al empresario zuliano con el objetivo de cerrar el negocio con el Primer Ministro de Aruba, Mike Eman.
Otro inconveniente para concreción del negocio en esos momentos, fue la detención de Hugo Carvajal en Aruba por solicitud de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA, lo cual devino en un escándalo internacional que entre otras consecuencias, trajo en empantanamiento del acuerdo con CITGO.
Es importante reiterar que la refinería se encuentra absolutamente desmantelada y ya alcanza cuatro años cerrada en virtud de su inviabilidad financiera. Su puesta en funcionamiento ameritaría una inversión de mil millones de dólares de los cuales CITGO no dispone.
Para Aruba la reactivación de la referida refinería es sumamente importante pues su contrato de venta significaría una importante entrada de dinero. De allí que el gobierno de la nación antillana evitara a toda costa la detención de Hugo Carvajal. Era necesario que nada interfiriera en la concreción del acuerdo con el gobierno venezolano. Fue entonces cuando, en virtud de los acontecimientos, la gerencia de Petróleos de Venezuela, PDVSA, puso en las manos de CITGO la continuación de las negociaciones.
Se desconoce por completo cuánto ha significado para el erario nacional el trabajo de lobby, viajes y viáticos para finiquitar el acuerdo. Lo que sí se conoce es que para tal fin encargaron a un joven abogado venezolano propietario de una empresa que tiene un solo empleado, registrada en una dirección en Texas que, al indagar en web, sencillamente es inexistente. En las negociaciones también estaría involucrada —según se afirma— una empresa especializada en consultoría radicada en Panamá que pertenece a un contratista de Petroleros de Venezuela, PDVSA, muy ligado a un gobernador rojo-rojito.
Pero aparte de lo enrevesado del negociado, otras voces se han levantado para advertir que técnica y financieramente es un acuerdo que en nada conviene a los intereses nacionales. En la misma CITGO existe mucha oposición, puesto que la firma de este acuerdo endeudaría peligrosamente a la empresa.
Y es que oficialmente se habla de mil millones de dólares de inversión que se necesitarían para reactivar la refinaría, una suma que ni PDVSA ni CITGO poseen.
Del mismo modo, en Estados Unidos, donde CITGO tiene su asiento, profesionales de la empresa objetan el que las negociaciones se hayan hecho a nombre de la compañía por un grupo externo que actúa bajo la coordinación del abogado anteriormente señalado. Cabe destacar como dato, que el leguleyo en cuestión fue secretario de la Junta Directiva de CITGO en tiempos en que Alejandro Granados estaba al frente de la empresa.
Por todo lo expuesto, por estarse comprometiéndose riesgosamente a la República de Venezuela y por comprometerse en futuro de CITGO por los próximos 25 años, es que desde varios frentes se formula un llamado a la Asamblea Nacional —órgano del Poder Público que debe avalar todo contrato para que tenga validez— a objeto de que investigue estos hechos. Un llamado que se hace con eco a las autoridades federales de Estados Unidos en virtud de que CITGO es una empresa norteamericana y, por supuesto, a las autoridades de Aruba, nación que corre un alto riesgo si acepta un contrato que no tenga el visto bueno del Poder Legislativo venezolano.
Conm información de PanCaliente.info