25/09/2012 07:10:44 a.m. | Vanessa Moreno Losada.- Expropiaciones, invasiones, modificaciones de ley sin aviso y dificultad para encontrar suministros mantienen al margen del crecimiento económico a los pequeños y medianos empresarios del país.
«Crear un negocio formal se ha vuelto sumamente caro y burocrático, ocasionando que la producción nacional disminuya poco a poco», dijo el empresario.
Botti agregó que la preferencia de los proveedores hacia las empresas socialistas dificulta el abastecimiento de los locales comerciales pequeños.
«Las grandes empresas del Estado han comenzado a abastecer a los negocios populares y dejan de lado las necesidades de los demás. Con esta política se está fomentando las economías oligopólicas y monopólicas, causando la desaparición de 60.000 empresas», explicó el dirigente de los empresarios.
Werner Corrales, coordinador de La Venezuela que Queremos Todos, coincidió con Botti y agregó que desde hace dos años los empresarios de Catia han sido acosados por las expropiaciones de sus negocios.
«Lo que comenzó como un atropello contra las grandes propiedades privadas, comenzó a darse en Catia. Los comerciantes han sido víctimas de atropellos de la Guardia Nacional Bolivariana, desalojos e invasiones», aseguró.
Coincidiendo con la postura de los demás ponentes, Alfredo Padilla, director del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, indicó que las políticas del gobierno discriminan la economía popular privada.
«El Gobierno alienta la ocupación ilegal y genera un mensaje permanente en el que la propiedad privada es menos que la propiedad colectiva. Solo se están beneficiando de las facilidades de crédito y otras políticas las empresas comunales, cuyas ganancias deben ser reinvertidas en el negocio», expuso.
Padilla se refirió a las 28 invasiones que existen en la zona de La Candelaria, cuyos dirigentes se identifican como parte del Movimiento de Ocupantes, a la construcción inconclusa del Centro Comercial Sambil de la localidad y a los barrios verticales de la Torre David como el ejemplo del desorden y la anarquía permitida por las políticas públicas del Gobierno.
Acosados en Catia
A finales de mayo de este año, una oleada de expropiaciones fue llevada a cabo por el alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, para abrir terreno al Plan Catia, con el cual se pretende construir más de 1.000 viviendas en la parroquia.
Hasta la fecha, solo uno de los 15 comerciantes de Catia que fueron desalojados de sus negocios para ser demolidos, ha sido indemnizado. Así lo manifestó Juan Carlos Gorriño, presidente de la Asociación Única de Comerciantes Empresarios e Industriales de Catia, organismo que se inició a partir de las expropiaciones y agrupa a 150 empresarios de la zona.
El representante explicó que la discriminación gubernamental mantiene desinformados a los comerciantes y transportistas de la zona que han tenido que pagar multas de hasta 150.000 bolívares por incumplimiento de leyes que desconocían.
«Ahora se promulgan leyes y no se instruye a los pequeños empresarios, mandan a los funcionarios públicos, cierran el local y aplican una multa. Si les quitan la multa, se obliga a los comerciantes a pagar por el arreglo de las áreas comunes de Catia», aseguró Gorriño.
Según el gremialista, un día con las santamarías abajo genera pérdidas de hasta Bs. 2.000 por negocio, dependiendo de los productos y servicios que ofrezca. Puntualizó que hace dos meses cerraron 700 comercios en un día y actualmente existen 500 locales afectados.
Recalcó la necesidad de administrar «eficientemente» la producción nacional estatizada. «Es cierto que la nacionalización es buena cuando se sabe administrar los recursos para que se pueda abastecer al pequeño y mediano empresario, pero hemos visto que se están desviando hacia las empresas del Estado», dijo.