Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo de Venezuela, designado el 2 de septiembre de 2014 por el presidente Nicolás Maduro. También encabeza la Corporación Venezolana de Comercio Exterior Corpovex desde principios de 2014. Hasta mayo se desempeñó como comandante General de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana desde julio de 2013.
También fue presidente de la empresa Venezolana de Exportaciones e Importaciones CA (Veximca), adscrita a la Vicepresidencia de la República. Las gacetas oficiales dan cuenta de otros de sus cargos en la administración pública: en abril de 2004 asumió como presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Aviación Civil; en diciembre de 2003 integró el Consejo de Administración del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía; en mayo de 2003 fue designado presidente del Instituto Nacional de Aviación Civil; y para junio de 2002 fue nombrado director general del Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional, según la web Poderopedia.
El día miércoles 20 de abril de 2016 fue convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela para comparecer ante la sesión extraordinaria de ese día para que informara sobre las causas de la escasez de productos de la cesta básica, la asignación de divisas para importación de alimentos, la materia prima para su elaboración, irregularidades en el sistema de distribución de la cadenas del gobierno Mercal, Pdval y Casa y los casos de corrupción investigados en Abastos Bicentenario y la Corporación Venezolana de Alimentos, sin embargo, no asistió; razón por la cual fue sancionado por presunta responsabilidad política y hechos de corrupción en la distribución e importación de alimentos, según un reporte de expresa.se.
Giuseppe Yoffreda selló los contratos con Group Grand Limited, registrada en Hong Kong y detrás de la cual se esconden los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, así como otras sociedades fantasmales en paraísos fiscales.
Sobre esas operaciones ligadas a los Clap, la Fincen lanzó recientemente una nueva advertencia al considerarlas susceptibles de corrupción y hasta lavado de dinero. “Habiendo recibido el contrato sin licitación, las compañías contratadas obtienen la autorización requerida de Corpovex para importar alimentos a Venezuela. Con frecuencia, estas compañías reciben un pago por adelantado del contrato a través de Corpovex o del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes)”, refiere el documento fechado el 3 de mayo de 2019.
La de los Clap no es la única compra masiva de alimentos en la que ha estado involucrada Corpovex. A Giuseppe Yoffreda se le vio en la comitiva venezolana que en junio de 2015 viajó a Brasil para negociar con la familia Batista, dueña de la empresa JBS, un contrato de 2.100 millones de dólares -según reseñó Bloomberg- para el suministro de miles de toneladas de pollo y carne antes de las elecciones de diputados que a la postre terminó perdiendo el chavismo.
“Dentro del marco de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) nos encontramos revisando la eliminación al máximo de los intermediarios que nos afectan dentro de Venezuela, optimizando el uso de los recursos y las divisas del pueblo venezolano para de esta manera garantizar al pueblo venezolano la lucha efectiva contra la guerra económica, la optimización de los recursos del pueblo venezolano y así lograr un abastecimiento seguro, un abastecimiento eficaz”, declaró desde una de las instalaciones de JBS el propio Yoffreda.
Con Yoffreda en la presidencia de CORPOVEX los negocios opacos, al parecer, no solo incluían alimentos sino también medicamentos y equipos para la salud, pues en una disputa de “poder” el Mayor General de la Aviación logró desplazar a Carlos Rotondaro, ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en la compra e importación de medicamentos a Venezuela, movidas de dólares preferenciales, con la que lograron desfalcar a la nación entre 350 y 400 millardos de dólares, según denunció el exdiputado Freddy Superlano a la revista Zeta.
A su vez, de su paso por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, habría quedado nada más y nada menos que Turpial Airlines, una aerolínea privada que a diferencia de la nacionalizada Conviasa, sorteó el atraso nacional y logró incluso abrirse camino en Panamá. Según la publicación, los militares Pedro del Valle Cestari Navarro y Noel Santiago López Capriata, ambos íntimos del mayor general Giussepe Yoffreda Yorio, serían los propietarios de dicha compañía. De Cestari Navarro, se conoce que aun cuando nunca ha ocupado cargos de envergadura como para justificar la presunta fortuna que posee, si logró convertirse en proveedor privilegiado de vehículos importados para el Gobierno nacional, gracias a la presencia de su amigo en Veximca.
Y agrega una investigación, que los negocios de Cestari han resultado tan “rentables” que figura como propietario de “dos oficinas en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), cuatro apartamentos en la urbanización El Rosal del municipio Chacao de Miranda, dos apartamentos en la urbanización Santa Mónica del municipio Libertador de Caracas e inmuebles adquiridos en Panamá y Estados Unidos”.
Desde su competencia como autoridad aeronáutica, Yoffreda autorizó la compra a Italia de una embarcación por 4,8 millones de euros, misma que dos años más tarde la empresa Ferry Jet Marine, C.A. le arrienda a Golden Sun Petroleum, S.A. (empresa vendedora) para transporte de pasajeros a Margarita. El contrato fue por dos años a razón de 900 mil dólares mensuales.
Las alarmas fueron encendidas. Un informe de seguridad al que El Nuevo Herald tuvo acceso, recomendó la apertura de una investigación contra Yoffreda Yorio, así como al ciudadano Alejandro Fleming Cabrera, presidente de CENCOEX y Jorge Amílcar González Vásquez, Director Ejecutivo de CORPOVEX, en ese momento, por presuntamente estar inmersos en hechos delictivos a través de tres empresas de maletín que recibieron en 2014 al menos 125 millones de dólares a 6,30 bolívares, cambio preferencial de ese momento. Dichas compras realizadas a través de estas ‘compañías fantasma’ según denunció la investigación, se realizaron con carácter de urgencia, por lo que no pasaron por el debido proceso de licitación.
Jorge Amílcar González Vásquez es uno de cientos de funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas que después de ayudar a construir la llamada Revolución Bolivariana de Venezuela, terminaron mudándose, invirtiendo o abriendo negocios en Florida, un bastión de los exiliados venezolanos que se vieron obligados a abandonar el país sudamericano para escapar de la persecución y las terribles condiciones económicas.
Hay al menos 232 militares venezolanos o miembros del Ministerio de Defensa de Venezuela que han abierto empresas en Florida. También hay más de 700 empresas cuyos propietarios o directores son, o fueron en algún momento, funcionarios de rango medio o alto en el Gobierno socialista de Caracas, según la web armando.info.
Registros de propiedad muestran que González Vásquez y su esposa son dueños de una casa de cuatro habitaciones y 4,400 pies cuadrados en Doral, actualmente valorada en alrededor de $875,000, según Zillow.com. Su nombre también aparece en varias empresas registradas en Florida, incluidas Exports Express LLC; Universe Logistics LLC, Risetop LLC y Vertu Style LLC.
Pero fueron otras tres empresas que no estaban registradas bajo su nombre las que estuvieron en el centro de la investigación policial venezolana. Dos de ellas eran sociedades de maletín registradas en Venezuela — Inversiones Villaber 2007 y Representaciones Felther — y una tercera, Sunflower Extra LLC, registrada en Delaware.
El expediente del caso obtenido por el Herald decía que estas empresas fantasmas no solo no estaban calificadas para realizar una operación de la escala requerida, sino que los contratos se adjudicaron arbitrariamente sin seguir el proceso regular de licitación.
Venezuela terminó importando papel higiénico y artículos de tocador a precios inflados, concluyó la investigación, pero el mayor beneficio para los presuntos integrantes de la confabulación fueron los dólares utilizados en la operación, los cuales fueron adquiridos al tipo de cambio oficial de 6.3 bolívares por dólar, mucho más favorable que la tasa de 75 bolívares en que el dólar era cotizado en el mercado libre.
“De acuerdo con la información obtenida, se puede apreciar que se está en presencia de una organización bien conformada de empresas de maletín, cuyo modus operandi es bastante conocido, y dado que dichas empresas se encuentran suspendidas del Sistema RNC (Registro Nacional de Compañías), se podría tratar de una nueva estafa a la Nación, lo que acarrearía implicaciones negativas en la economía venezolana dado su alto nivel de inestabilidad”, señala uno de los informes presentados.
“Muy respetuosamente se recomienda que… se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano MG [Mayor General] Giuseppe Yoffreda Yorio, presidente de CORPOVEX S.A, [que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Alejandro Fleming Cabrera, presidente de CENCOEX, [y que] se inicie apertura de investigación administrativa al ciudadano Jorge Amilcar González Vásquez, Director Ejecutivo de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, S.A., CORPOVEX”, declara el documento.
El portal KonZapata recogió una denuncia de un grupo de empresas del sector gráfico, las cuales en junio de 2015, cuando Yoffreda estaba al frente de CORPOVEX, cancelaron a la Corporación Maneiro por adelantado la importación de insumos como papel bond y cartón, que no les fueron entregados.
No obstante, se reportó también cómo Yoffreda en supuesta componenda con Haiman El Troudi, exministro de transporte y Víctor Espinoza, señalado como presunto testaferro de ambos, se beneficiaría con la importación a Venezuela de todos los vehículos Toyota utilizados por el régimen venezolano a través de la compañía Toyota Total Motriz J.M, negociaciones que se hacían directamente con CORPOVEX, dirigida por Yoffreda. En 2016, CORPOVEX, como importadora del Gobierno, recibió al menos 185 millones de dólares a través del DICOM II, el doble de lo que recibió Mitsubishi en Venezuela.
En 2017, una nota de prensa de CORPOVEX informó sobre un acuerdo sostenido con el gobierno de Rusia, para la importación de 600 mil toneladas de trigo que serían incorporados en el mercado venezolano. Sin embargo, posteriormente en Venezuela, hasta las hostias para comulgar se vieron comprometidas por la escasez de este producto.
Al mayor general de la Aviación, Giuseppe Yoffreda, con toda propiedad se le puede calificar como el más poderoso de los menos conocidos funcionarios de la administración chavista. Por una década controló las compras del Estado en el extranjero desde dos empresas, Corpovex y Veximca. De esta última el Departamento del Tesoro hizo seguimiento por las multimillonarias transferencias en dólares hechas, sobre todo, a desconocidas compañías en Florida que gestionaban allegados al oficial, reseñó Ewald Scharfenberg en armando.info.
“Las transacciones vistas a través de JPMC y descritas más arriba no parecen respaldar la declaración de visión de Veximca”, comentaba, entre asombrada y sarcástica, la oficial de cumplimiento del banco JPMorgan Chase (JPMC) que en diciembre de 2012 firmaba un Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) de siete páginas dirigido a las autoridades de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, acróstico en inglés), la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Por muchos años el Banco Central de Venezuela (BCV) había mantenido un acuerdo de corresponsalía con el JPMorgan Chase para completar las transacciones internacionales en dólares del ente monetario de la rica -por entonces- nación petrolera de América del Sur. Ello permitía a los ejecutivos de compliance de la corporación bancaria de Nueva York monitorear las operaciones ordenadas desde Caracas e informar a las autoridades en Washington sobre aquellas que mostraran rasgos inusuales, tal como estaban y siguen estando obligados por la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) de 1970.
En la ocasión se trataba de las voluminosas órdenes colocadas por el BCV a nombre de una joven empresa del Estado venezolano, Veximca (Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A.). Fundada en 2008 por decreto de Hugo Chávez, Veximca tenía registrada ante JPMorgan Chase una dirección física que correspondía a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, a la que la compañía estaba adscrita: Avenida Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Caracas. Para la fecha, Nicolás Maduro se desempeñaba como Vicepresidente de Venezuela, mientras el presidente Hugo Chávez agonizaba en La Habana. Un alto oficial de la Aviación Militar Bolivariana, Giuseppe Yoffreda Yorio, figuraba como presidente de Veximca.
Según el relato de JPMC, el informe de diciembre de 2012 era el tercero de un seguimiento iniciado a la “wire activity” (actividad de transferencias electrónicas) de Veximca en septiembre de 2011, que también había generado otro reporte en septiembre de 2012.
Varias cosas sobre Veximca habían llamado suficientemente la atención de los oficiales del banco en Nueva York como para apretar los botones de alarma. Una, la cuantía de las remesas: solo ese tercer reporte se refería a transacciones por casi 230 millones de dólares. En segundo lugar que, a pesar de que la propia denominación comercial de la empresa aseguraba que se dedicaba a la “exportación e importación” de bienes, “con excepciones menores”, decía el documento enviado al Departamento del Tesoro, las transacciones registradas eran egresos “presumiblemente destinados al pago de importaciones” y “ningún ingreso por pago de exportaciones se ha observado”. Y la tercera: quedaba en evidencia que dos de cada tres beneficiarios de tales pagos correspondían a un puñado de empresas localizadas en el estado de Florida que “o bien son oscuras, o pertenecen a categorías del más alto riesgo”.
En el JPMorgan Chase apenas se habían ocupado de revisar el website oficial de Veximca, y esa comprobación primaria había bastado para encontrar una contradicción en línea: la misión-visión de la empresa venezolana proclamaba entonces su propósito de “permitir al país alcanzar niveles más altos de desarrollo y mejorar la calidad de vida y bienestar de la población”.
“Pareciera que una agencia dedicada a la promoción del desarrollo también exportaría bienes para así traer fondos a la nación”, apuntaba no sin sorna quien desde el JPMC redactó el reporte, uno de los 2.100 documentos que forman parte de la filtración recibida por Buzzfeed News y que, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 108 medios en 88 países -entre ellos, Armando.info-, dieron lugar a los FinCEN Files.
Para coronar sus sospechas, la ejecutiva del banco concluyó: eran evidencias de un posible esquema de structuring. Así se llama en la jerga especializada al método por el que una operación grande de lavado de dinero o fraude se segmenta en una serie de transacciones pequeñas, más difíciles de detectar en el sistema bancario como parte de un mismo flujo de dinero.
De ese modo quedó archivada en los recovecos de la administración pública estadounidense una muestra del poder y la discrecionalidad adquiridas por Giuseppe Angelo Yoffreda Yorio, un opaco oficial de la Fuerza Aérea, hijo de comerciantes italianos asentados en el estado Aragua, entidad del centronorte de Venezuela que es también cuna y corazón de la aviación militar.
Yoffreda controló a lo largo de una década las compras internacionales del sector militar, primero, y luego todas las del Estado. Ha hecho del cultivo del bajo perfil y de la maleabilidad de su carácter las claves de su éxito político. Entre otros cargos de la administración pública, fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo (2014-2016), y Comandante General de la Fuerza Aérea (2013-14), el primer oficial que no hizo el curso de vuelo -es especialista en Comunicaciones, no piloto- y que, sin embargo, llega a esa posición en toda la historia de la aviación militar venezolana, desde su fundación en 1920.
La palanca a disposición de Yoffreda para ejercer su poder fue, entre todos sus cargos burocráticos, la presidencia de la Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A., Veximca. Se trata de una sociedad mercantil del Estado venezolano para “la importación y exportación de toda clase de bienes de servicios”, según rezaba en Gaceta Oficial el decreto de Hugo Chávez que en 2008 la creó. Desde ese vamos, Yoffreda estuvo en la presidencia de Veximca.
Cuando en 2013 el sucesor de Chávez en la presidencia, Nicolás Maduro, concibe un nuevo ente, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), no solo para centralizar todo lo que del Estado tenía que ver con el intercambio internacional sino para sustituir a la extenuada Cadivi (Comisión Nacional de Administración de Divisas, la oficina encargada desde 2003 por Chávez para gestionar el régimen de control de cambios y sus diversas tasas, lo que dio lugar a un foco descomunal de corrupción), dispone también que Veximca se ubique bajo el paraguas del nuevo organismo, junto a otros grandes compradores del Estado, como Suvinca (Suministros Venezolanos Industriales C.A.) y Bariven, la poderosa filial de la petrolera Pdvsa encargada de negociar con proveedores externos. Y cómo no: a la vez designa a Yoffreda como presidente de Corpovex, cargo que tendrá hasta noviembre de 2018, al ser nombrado como jefe de la misión diplomática ante la monarquía catarí.
Yoffreda fue, por lo tanto, el zar de las compras internacionales de Venezuela durante una década, incluyendo el período 2008-12, cuando el boom de los precios petroleros exacerbó el furor de importaciones del chavismo. Eso lo consagró como el más poderoso de los jerarcas menos conocidos del régimen, inmune todavía hoy tanto a sanciones extranjeras como a purgas internas.
Fuera del radar de la opinión pública venezolana, eso no quiere decir que las autoridades del Departamento del Tesoro no le siguieran los pasos. El SAR filtrado con los FinCEN Files es prueba al menos de que, desde muy temprano, Washington lo tenía en la mira.
El SAR de diciembre de 2012 hace notar que entre 2009 y 2011 dos empresas de Florida, Safe Trade Corp y Floppy Inc, habían recibido en conjunto pagos de Veximca por 74,3 millones de dólares. Ambas compañías eran clientes del banco BB&T y tenían por presidente a Doner García, un hombre de negocios venezolano hasta entonces solo conocido como representante en el sur de Florida de las motocicletas BMW, marca alemana de la que gerencia un concesionario oficial en la ciudad de Doral, en el oeste del condado de Miami-Dade.
También subraya el documento emitido por el departamento de cumplimento del JPMorgan Chase que las dos compañías parecen estar fondeadas exclusivamente por los pagos de Veximca y que “en ambos casos luce como algo fuera de lo ordinario que una entidad del gobierno adquiera vehículos y equipos a empresas tan pequeñas y desconocidas”.
En efecto, García era el propietario del par de compañías. Con 42 años de edad, el joven empresario es parte de la familia García Romero, manufactureros e importadores tradicionales para el mercado venezolano de equipos de protección y accesorios para cuerpos policiales y de seguridad: chalecos antibalas, luces cocteleras para patrullas, por ejemplo. También cuentan con empresas incorporadas tanto en Panamá como Estados Unidos. La misma Safe Trade Corp que despertó sospechas entre el personal del JPMorgan Chase, registrada en 2003, aparecía en las fichas bancarias en inglés con el propósito de fabricar “body armor” (armadura de protección corporal). Floppy Inc, en cambio, fue constituida en octubre de 2009, apenas semanas antes de empezar a recibir millonarios pagos de Veximca.
Hay compañías homónimas en Venezuela, Uniformes Floppy C.A. y Floppy Body Armor, por ejemplo, ambas bajo control del mismo grupo familiar y dedicadas a la provisión de equipos para cuerpos de seguridad. En otra, sin embargo, registrada también en 2009 pero en Panamá, Floppy Group Inc, en la que Doner García Romero aparece como presidente, el directorio incluía hasta 2018 a la madre de García y a su ahora ex esposa, María Eugenia Fanti.
García tuvo con Fanti dos hijas, todavía menores de edad. María Eugenia Fanti es también venezolana y periodista de profesión, aunque en los últimos años se ha dedicado a la venta y administración de propiedades inmobiliarias. En su rol de periodista, con cierta frecuencia aparece como comentarista invitada en Ahora con Óscar Haza, uno de los programas de opinión más populares de la televisión hispana del sur de Florida, que transmite el canal Mega TV bajo la conducción del periodista dominicano.
Fanti aparecía para la fecha del SAR como directora en varias de las decenas de empresas de Doner García en Florida, incluyendo la dudosa Floppy Inc, disuelta finalmente en 2020; en Safe Trade Corp, en cambio, estaban inscritos como directores una hermana y un cuñado de García al momento de su disolución en 2012.
La mayoría de esas empresas correspondían a vehículos de control de propiedades inmobiliarias. Y es que, según consta en la oficina de Catastro de Miami-Dade, García y Fanti se embarcaron entre 2013 y 2016 en una virtual campaña de compra de inmuebles: al menos 22 propiedades por un valor de compra de alrededor de 6,5 millones de dólares, principalmente predios, residencias y galpones en el enclave venezolano de Doral, y apartamentos en la lujosa zona de Brickell, en Miami.
La racha tuvo fin con la crisis y zozobra final del matrimonio. Muchas de esas propiedades y de las compañías a cuyos nombres estaban quedaron asentadas en los expedientes de la demanda de divorcio introducida por Fanti en agosto de 2017 ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial de Miami-Dade. La acción judicial, resuelta con un acuerdo entre las partes que otorgó algunos de esos haberes a Fanti en junio de 2018, estuvo precedida por una denuncia de violencia doméstica, según se puede comprobar en línea.
Para este reportaje se intentó conocer la versión de Doner García a través de llamadas telefónicas y cuestionarios enviados a sus direcciones de correo electrónico disponibles, sin que se obtuviera respuesta alguna. Con María Eugenia Fanti, por su parte, el autor de esta nota tuvo un primer intercambio por medio de Facebook Messenger y Whatsapp en marzo de este año, luego del cual no volvió a responder a las llamadas.
En todo caso, durante la bonanza captada por el SAR que el JPMorgan Chase presentó ante el Departamento del Tesoro, Doner García debió sentirse tan seguro de su relación con la estatal Veximca en Caracas, que en marzo de 2012 registró en Florida una compañía bajo el nombre de Veximca LLC. Hasta la disolución de la compañía en marzo de 2015, Doner García, que entonces daba una dirección de residencia en Doral, actuaba como Agente Registrador, Presidente y Gerente-Director de Veximca LLC ante la División de Corporaciones del Estado de Florida.
Pero aún resta otro dato, más rotundo que el anterior, para establecer una conexión orgánica entre Doner García y el círculo cercano al mayor general Giuseppe Yoffreda, mandamás de Veximca en Venezuela: García fue socio en al menos una empresa del coronel retirado de la Aviación Militar Bolivariana, Pedro Cestari Navarro.
La empresa se llamó Onix Trade Corporation, registrada en Florida en agosto de 2015 y activa hasta abril de 2018, cuando quedó disuelta por decisión voluntaria de su accionista principal, el coronel Cestari Navarro, que entonces informaba como su domicilio la calle Diego de Lozada de la urbanización Andrés Bello de Maracay, ciudad capital del estado Aragua. Entre 2015 y 2016 Doner García fue el primer Agente de Registro de Onix, antes de ceder su lugar a una agencia de la ciudad de Opa-locka.
Como recogía Armando.info hace un par de años, el coronel Cestari Navarro empezó a tener un perfil público desde que en 2014 fundó una aerolínea, Turpial Airlines, con casi 800.000 dólares de capital. Hoy, cuando la empresa cuenta con tres aeronaves Boeing 737-400, Cestari la sigue presidiendo desde su cuartel general panameño, país donde tiene otras dos empresas y que, entre tanto, se convirtió en el principal destino de la aerolínea.
Luce como una culminación inesperada para la carrera del oficial de la Fuerza Aérea, retirado en 2006 con el grado de coronel, y con una carrera apenas mediana en la burocracia chavista. En ese 2006 pasó a las órdenes del Ministerio de Turismo, en el que tuvo a su cargo la administración de un hotel y el sistema de teleférico del estado Mérida, en los Andes del suroeste venezolano. Antes había formado parte del equipo del general Yoffreda Yorio cuando este comandó como su Presidente el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), entre 2004 y 2006. Giuseppe Yoffreda y Pedro Cestari Navarro estudiaron juntos en la Escuela de Aviación Militar de Tapa Tapa, a las afueras de Maracay. Ambos se graduaron en 1983 como parte de la misma promoción y desarrollaron una cercana amistad.
El Plenario de la Asamblea Nacional autorizó en el mes de enero de 2022 el nombramiento de Giuseppe Yoffreda Yorio como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Popular China y como embajador concurrente en Mongolia.
Giuseppe Yoffreda Yorio (de.)
Yoffreda egresó de la Escuela de Aviación Militar en 1983, ocupó todos los cargos en la Aviación Militar Bolivariana (AMB) hasta alcanzar el rango de mayor general y comandante general de ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Además de magíster en Gerencia en el Empleo del Poder Aéreo, Yoffreda es especialista en Derecho y Gestión de Telecomunicaciones. Fue director del Despacho del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República por dos años (2000-2002), presidió el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y la Venezolana de Exportaciones e Importaciones.
También estuvo de ministro de Transporte Acuático y Aéreo, fue presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior y embajador de Venezuela en el Estado de Qatar.
