Un contrato multimillonario entre Italia y Colombia para la compra de equipos militares ha desatado un escándalo de corrupción internacional que involucra a un exprimer ministro italiano, dos grandes empresas de defensa, un exparamilitar colombiano y una firma de abogados de Miami.
Según documentos judiciales conocidos por Univision Investiga y difundidos por medios italianos, la fiscalía de Nápoles investiga la tentativa de pago de sobornos a funcionarios colombianos por parte de intermediarios italianos para facilitar la aprobación de un contrato por más de cuatro mil millones de dólares.
El contrato incluía el suministro de 24 aviones M346, dos submarinos y dos fragatas a las empresas Leonardo y Fincantieri, las dos más grandes del sector de defensa y construcción de embarcaciones en Italia. Sin embargo, el negocio no se concretó debido a un desacuerdo entre las partes en el pago de las comisiones, según un reporte de Univisión Investiga.
El papel de Miami
Entre los investigados por la fiscalía napolitana se encuentra el abogado italoamericano Umberto Claudio Bonavita, socio de la firma Robert Allen Law de Miami, especializada en consultoría para la compraventa de yates de lujo y litigios de navegación civil.
Bonavita habría participado, junto con Gherardo Gardo, contador y consultor privado del exprimer ministro Massimo D’Alema, en la preparación y firma de contratos simulados para justificar la transacción financiera, según la orden de inspección de la fiscalía.
La orden también menciona al estudio jurídico Robert Allen Law como el encargado de distribuir las comisiones pactadas entre la parte colombiana y la italiana. Según los investigadores, las comisiones sumaban 80 millones de euros, el dos por ciento del total del contrato.
La fiscalía basa su investigación en una grabación telefónica en la que D’Alema explica que las “compensaciones” del negocio serían repartidas por el bufete Robertt Allen Law. “Nos hemos comprometido nosotros y también Robert Allen, la firma estadounidense, que toda compensación cualquiera que sea el motivo por el cual sea recibida, se dividirá al 50 por ciento con la parte colombiana”, dice D’Alema en la grabación revelada por el periódico La Verità.
El exprimer ministro y el exparamilitar
D’Alema, quien fue primer ministro de Italia de 1998 a 2000 y hoy preside el Partido Comunista italiano, está acusado por la fiscalía napolitana de corrupción internacional agravada. Él ha negado cualquier irregularidad y ha dicho que su papel en este negocio fue transparente.
“Tengo una firma consultora. Me interesa también ayudar a compañías italianas en el exterior. Pero yo no soy un negociador, yo no negocio, no recaudo comisiones”, aseguró D’Alema al diario Corriere della Sera.
D’Alema habría actuado como intermediario informal entre los ejecutivos de las empresas proveedoras de los equipos y personas que se presentaban como emisarios del gobierno de Colombia. Entre ellos estaba Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, exlíder paramilitar condenado a 30 años de prisión en Colombia por complicidad en múltiples asesinatos y desapariciones.
Fierro se acogió a un régimen especial de colaboración con la justicia y logró una reducción de su pena a ocho años. Según los documentos judiciales italianos, Fierro se presentó como jefe del Grupo de Trabajo para la Presentación de Oportunidades en Colombia, una organización desconocida en ese país.
D’Alema dijo que no conocía los antecedentes criminales de Fierro y que le habían dicho que era un senador. “Yo no chequeé el currículo vitae de mi interlocutor”, respondió cuando los periodistas le preguntaron si estaba al tanto del pasado de Don Antonio.
Los otros implicados
Además de D’Alema, Bonavita y Gardo, la fiscalía napolitana investiga a otras cinco personas por su presunta participación en el intento de soborno. Entre ellos están Alessandro Profumo, presidente ejecutivo (CEO) de Leonardo, la principal empresa de defensa aeroespacial y seguridad de Italia, y Giuseppe Giordo, director general de la división naval militar de Fincantieri, el mayor astillero del país.
Tanto Profumo como Giordo han sido suspendidos de sus cargos y sus oficinas y domicilios han sido registrados por la policía italiana. Sus abogados han negado las acusaciones y han calificado la investigación como una “desafiante invención jurídica”.
También están bajo investigación Emanuele Caruso y Francesco Amato, quienes se presentaron como consultores internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Sin embargo, el Ministerio negó haber contratado a ninguno de los dos ni tener relación con el contrato multimillonario.
Según una entrevista exclusiva con el periodista Alessio Giannone de Striscia la Notizia, un programa satírico de la televisión italiana que compartió documentos y videos con Univision Investiga, Caruso fue quien inició el proceso de intermediación entre el gobierno de Colombia e Italia. Caruso dijo que se reunió con D’Alema y que este le pidió que se contactara con la firma Robert Allen de Miami.
Las conexiones en Florida
Bonavita, de 49 años, tiene residencia en Miami y es egresado de Fordham University School of Law de Nueva York. Algunos medios italianos sostienen que Bonavita tenía línea directa con el primer ministro D’Alema. La afirmación se basa en un mensaje de Whatsapp en el que el exprimer ministro le imparte instrucciones a Bonavita.
Bonavita no respondió llamadas ni correos electrónicos de Univision Investiga a sus oficinas en Miami. Tampoco lo hizo Robert Allen, fundador de la firma, quien no aparece como sujeto de la investigación en los documentos judiciales conocidos por Univision.
Bonavita y Gardo comparten la gerencia de tres corporaciones de Miami, una de ellas dedicada a la consultoría financiera y manejo de fortunas. La dirección oficial de una de esas empresas, Wey LLC, coincide con la de Robert Allen Law en Miami.
La esposa de Bonavita, Danielle Costanzo, también figura como gerente de una empresa creada por su esposo y su socio italiano. Costanzo es hija de John Costanzo, un veterano exagente de la DEA que fue agregado en la embajada de Estados Unidos en Roma y luego ocupó la segunda posición más importante en la división de Miami.
Otro hijo de Costanzo, John Costanzo junior, también agente de la DEA, afronta un juicio en Nueva York desde mayo de 2022 por aceptar sobornos de un investigador privado, exagente de la DEA, a cambio de información confidencial de la agencia. Costanzo junior se declaró no culpable.
Las posibles víctimas
Según el decreto de justificación de la inspección de las residencias y oficinas de los involucrados, las promesas de las comisiones se hicieron presuntamente a Marta Lucía Ramírez, entonces canciller y vicepresidenta de Colombia; a Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, que se presentaban como delegados de la Comisión II del Senado de Colombia y al paramilitar alias Don Antonio.
En un comunicado de prensa Ramírez dijo que durante la administración anterior no tuvo “competencia o responsabilidad frente a la adquisición de aviones ni equipos militares” ni sostuvo reuniones con empresas del sector de seguridad y defensa.
La fiscalía napolitana ha solicitado asistencia judicial internacional al gobierno colombiano para obtener información sobre los funcionarios públicos que habrían sido contactados por los intermediarios italianos.
La investigación sigue abierta y podría revelar más detalles sobre este escándalo que ha sacudido a Italia y que tiene ramificaciones en Colombia y Estados Unidos.
Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022