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Cuando faltan pocos días para que el Tribunal Supremo estudie los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, se resiste a debatirlos en Pleno. Esta circunstancia está generando un enorme malestar entre los fiscales, que consideran que la idoneidad de la persona que les dirige es un asunto que tiene la suficiente trascendencia como para que sea decidido por la totalidad de los magistrados que integran esta Sala Tercera –en este momento, 27–, y no solo los seis que componen la Sección Cuarta. A ellos se ha sumado el propio Tolosa por si hubiera que dirimir un empate, reseñó Nati Villanueva en ABC.

Fuentes del Ministerio Público consideran que hay razones de peso para reunir a todos los magistrados, fundamentalmente por la «relevancia constitucional de la institución» y por el precedente del que fue fiscal general del Estado Eligio Hernández. Así lo apreciaron también nueve de los 27 magistrados de esta Sala Contencioso-Administrativa cuando el pasado 21 de julio elevaron un escrito a Tolosa en el que hacían esa solicitud en aras de esa «deferencia institucional» hacia la Fiscalía y al precedente de Hernández.

El nombramiento de este ex fiscal general fue anulado en junio de 1994 al considerar el Pleno de esta Sala Tercera que los siete años en los que desempeñó cargos dependientes del Gobierno de Felipe González no debían computarse en los 15 que se requieren como jurista de reconocido prestigio. La convocatoria del Pleno llegaba después de que lo hubiera pedido la mitad de los magistrados de la Sala, que entonces eran 32.

Ahora, los nueve que lo solicitan quedan lejos de esa mayoría que establece el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para llevar un asunto a Pleno, pero ese mismo precepto también prevé la posibilidad de que sea el presidente de la Sala el que dé el paso de oficio. Según ha podido saber ABC de fuentes próximas al magistrado, Tolosa es reacio a hacerlo porque quiere evitar un cisma en la sala similar al que provocó el Pleno de las hipotecas, cuyos debates, tensos y agrios, abrieron unas heridas de tal calibre en la Sala que aún no se han cerrado.

Sin embargo, para los fiscales, el fallo que salga de ese Pleno será fruto de un debate enriquecedor que, aun en el caso de avalar este nombramiento, puede sentar las bases a futuro de un órgano cuya independencia tiene que estar fuera de toda duda, más a partir de ahora, cuando, a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los fiscales van a asumir la investigación de las causas penales en lugar del juez.

A ello se suma el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa conocido la semana pasada y que, una vez más, vuelve a mostrar su preocupación por la intromisión del poder político en la Fiscalía. Tras la última ronda de consultas concluye que es necesaria una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para «protegerlo de interferencias indebidas».

El órgano europeo habla expresamente de las puertas giratorias, en particular, en lo que respecta a la actividad política, una observación que tampoco se le escapó al Consejo General del Poder Judicial cuando hace algo más de año y medio, por 12 votos a favor y 7 en contra, se limitó a examinar los requisitos legales exigidos para el cargo de fiscal general sin aludir intencionadamente a la idoneidad de la candidata del Gobierno.

Los vocales exteriorizaron su disconformidad con un nombramiento que consideraban político eliminando una frase que este mismo Consejo había empleado en las cuatro propuestas anteriores que pasaron el filtro. En ellas se afirmaba que los méritos del candidato en cuestión «determinan la afirmación de su idoneidad para la obtención del nombramiento».

La composición de la Sección Cuarta, la que, salvo un cambio de opinión de Tolosa de última hora, decidirá sobre el nombramiento de la fiscal general, no anticipa un debate sereno. Tres de sus magistrados, Rafael Toledano, José Luis Requero y Luis María Díez-Picazo, son de perfil conservador, mientras que Pilar Teso, Pablo Lucas y Celsa Pico son progresistas, hasta el punto que el Gobierno pensó en la primera, que además es la ponente, como posible candidata a presidir el Tribunal Supremo y en el segundo como magistrado del TC a propuesta del PSOE.

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Tomado de Fiscales en desacuerdo con que no sean debatidos por el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España recursos contra la designación de la fiscal general Dolores Delgado

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